El Austral

La Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag) confirmó que ingresó un recurso de reclamación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el objetivo de que se ordene al Estado de Chile a tomar medidas contra hechos de violencia que los afectan.

Se trata de una acción de reclamación que fue enviada directamente hasta las oficinas de la OIT en Ginebra, Suiza. En el texto, Acoforag expone que, desde hace años, en la Macrozona Sur del país ocurren atentados incendiarios y otros eventos delictuales que afectan directamente a trabajadores forestales.

"Esta acción fue presentada con el objetivo de visibilizar, ante la Organización Internacional del Trabajo, que en Chile se está vulnerando el Convenio 187 de la OIT, que establece que en todo país debe existir un ambiente seguro y saludable para los trabajadores. Eso es lo que no se está cumpliendo. El último gran ejemplo de violencia fue el atentado contra un campamento en La Unión, en donde más de 50 trabajadores forestales fueron intimidados y amenazados por encapuchados armados", explica René Muñoz, gerente de Acoforag.

"En la Macrozona Sur no hay un ambiente seguro para trabajar. Lo que buscamos es que la OIT tome medidas para que el Estado de Chile cumpla este Convenio 187 y se ordenen medidas para garantizar el derecho a trabajar en paz", complementa el líder de la Asociación de Contratistas Forestales.

30 mil trabajadores

Desde Acoforag explican que la reclamación está representando a los más de 32 mil trabajadores del bosque, que desempeñan labores como operarios de máquinas, conductores de camiones y otras labores.

"La reclamación ante la OIT tiene como objetivo que el Estado, a través del Gobierno, tome medidas urgentes para que no sigan ocurriendo atentados incendiarios y hechos violentos, de forma de erradicar el ambiente inseguro que son, hoy por hoy, las faenas forestales. Necesitamos que la OIT interceda por miles de trabajadores forestales que no pueden trabajar con seguridad y que, por el contrario, están expuestos a hechos de delincuencia y terrorismo", lamenta René Muñoz.

El gerente de Acoforag detalla que la OIT ya los notificó de que la reclamación fue acogida a tramitación, por lo que en las próximas semanas se oficiará al Estado de Chile.

Así las cosas, dentro de las próximas semanas, la OIT podría convocar a una reunión entre ambas partes, para que se lleguen a acuerdos en torno a políticas, programas y medidas, cuantificables y evaluables, que permitan garantizar la protección de la vida y la salud de los trabajadores forestales.

"No podemos olvidar que desde 2014 hasta la fecha han ocurrido más de 400 atentados y, solo en el último año, cuatro trabajadores forestales han sido asesinados en la Macrozona Sur", puntualizó Muñoz.

ESTADO DE excepción

Durante la jornada de hoy, el Congreso discutirá una nueva prórroga del Estado de Excepción en la Macrozona Sur.

La Cámara de Diputados y el Senado deberán votar y pronunciarse si aprueban lo que sería la décima extensión del despliegue militar, que está vigente desde el pasado 17 de mayo.

Entre los parlamentarios de la zona existe expectación ante lo que planteará el Ministerio del Interior respecto de la propuesta del nuevo "Estado de Protección y Resguardo", que requiere una reforma constitucional que todavía no se vota.

Sobre este tema, el diputado Miguel Mellado (RN) dijo que él va a seguir aprobando todas las prórrogas que sean necesarias, más aún cuando "viene el tiempo de cosecha y hay que cuidar el alimento de la Región".

"Si el Gobierno quiere un nuevo Estado de Excepción, tiene que ser con prórrogas más largas, pero sin quitarle atribuciones a los militares", sostuvo el diputado Mellado.

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"Esperamos que el Ministerio del Trabajo se contacte con nosotros luego de esta reclamación que estamos haciendo, ya que nunca hemos sentido una preocupación de su parte".

René Muñoz,, gerente de Acoforag

415 atentados han afectado a contratistas forestales desde el año 2014 hasta la fecha.

El Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal (TOP) de Angol dará a conocer, en los próximos días, el veredicto en contra de Marco Aurelio Treuer Heysen, el excarabinero imputado por el caso Lemún.

Se trata del caso del homicidio del joven mapuche de 17 años de edad, Alex Lemún Saavedra, quien murió luego de ser baleado por un carabinero al interior de un fundo ubicado en la comuna de Angol, el 7 de noviembre del 2002.

Los antecedentes del caso dan cuenta de que el mayor Marco Aurelio Treuer Heysen, quien se desempeñaba como comisario de la Primera Comisaría de Angol, fue quien disparó con su escopeta en contra de un grupo de comuneros mapuches que estaban al interior del fundo Santa Alicia, el que estaba siendo desalojado por Carabineros.

Tras procesos sin resultados en la justicia militar y una alegación por parte de la familia en órganos internacionales, la Fiscalía asumió la investigación del caso en octubre del año 2017, y ahí recién Treuer fue formalizado por el homicidio. Tras la investigación, el oficial (r) de Carabineros fue llevado a juicio el año 2021. Si bien la Fiscalía logró acreditar el delito y la participación del imputado, se le impuso una pena de tres años de presidio, dando la sentencia por cumplida. La Fiscalía y los querellantes recurrieron de nulidad, por lo que la Corte de Apelaciones de Temuco ordenó hacer un nuevo juicio, que partió el 5 de octubre.

Este segundo juicio ya llegó a sus alegatos de clausura ayer, por lo que el veredicto podría informarse este miércoles.

Con prohibición de acercarse a la víctima, pero en libertad, fue dejado un individuo que fue detenido por Carabineros luego de agredir a su hermana, que está embarazada.

El caso ocurrió en la ciudad de Galvarino, en donde funcionarios del hospital local llamaron a Carabineros para avisar que una mujer, joven y embarazada, había llegado con lesiones graves, luego de haber sido agredida con golpes de pie y puño por parte de su hermano, quien también la intentó ahorcar. Debido a sus lesiones, fue derivada al Hospital Regional de Temuco.

Los efectivos del Retén de Galvarino buscaron al agresor y lo detuvieron.

Al día siguiente, la Fiscalía formalizó al sujeto por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar. Tras ello, el tribunal lo dejó en libertad, solo con la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima.