Más vale tarde que nunca
Es, al menos para mí, el anuncio más potente en lo relativo a buscar soluciones al conflicto de la última década. Me refiero al anuncio del Presidente Gabriel Boric de crear una Comisión que tendrá como objetivo determinar la demanda de tierras mapuche y proponer mecanismos con plazos para saldar dicha deuda. Su nombre, Comisión por la Paz y el Entendimiento. "No es para hacer diagnósticos, ya se han hecho suficientes", precisó Boric, tomando distancia de las innumerables mesas de diálogo y comisiones asesoras, unas veinte a la fecha, que no han pasado de ser meras puestas en escena, cuál de todas más improductiva.
Es en su carácter de Comisión de Estado donde radica mi optimismo.
Desde el retorno de la democracia sólo han existido dos. En primer lugar, la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI), creada en 1990, a solo dos meses de recuperada la democracia y compuesta por representantes indígenas y de gobierno. Presidida por el historiador José Bengoa, elaboró el anteproyecto de la ley indígena 19.253 y entre sus obras permanentes la creación en 1993 de la actual CONADI. Y en segundo lugar la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, creada por el Presidente Ricardo Lagos en 2001 con el mandato de efectuar recomendaciones para una nueva política de Estado con los pueblos originarios. Presidida por el exmandatario Patricio Aylwin, la integraron representantes indígenas, de credos religiosos, de gremios empresariales y académicos de renombre.
Tras dos años y nueve meses de trabajo presentó un voluminoso Informe donde se reconocía la "deuda histórica" con el pueblo mapuche, junto a una serie de valiosas recomendaciones a los tres poderes del Estado. Si bien gran parte de ellas no contaron con piso político a favor -con la sola excepción del Convenio 169 de la OIT, ratificado el año 2009-, tal escenario adverso bien podría estar a punto de cambiar. Sí, porque el reciente anuncio del Presidente Boric va en perfecta sintonía con una de aquellas recomendaciones desoídas del año 2003: "dotar al estado de Chile de un mecanismo institucional de reparación de las pérdidas de tierras que se produjeron de manera ilegítima, con fraude al sistema legal y con obvia lesión de la justicia".
Para ello la Comisión proponía la creación de una Corporación de Reparación que, respetando el derecho de dominio de los actuales propietarios, pudiera 1. hacer el catastro de las reclamaciones de tierras mapuche, 2. determinar los casos en que procede que el Estado restituya y/o compense aquellas usurpaciones. Todo ello se haría favoreciendo la conciliación y, por tanto, los acuerdos transaccionales entre los interesados, pero en caso de no existir acuerdo era opinión de la Comisión proceder a la expropiación de las tierras en disputa.
Dicha institución debía estar integrada por miembros de reconocida probidad, por ejemplo, exministros de la Corte Suprema; rectores o académicos universitarios y representantes mapuche de destacada trayectoria pública, todos designados por el Presidente de la República. Su mandato sería de un plazo no superior a tres años, a fin de resolver pronto las reclamaciones, contribuir a la paz social y disminuir así la inevitable incertidumbre que pesa sobre el derecho de propiedad y las inversiones en Wallmapu. He aquí, a mi juicio, el antecedente directo de la actual y sabía propuesta del Presidente Boric.
Diecinueve largos años han transcurrido desde la presentación de dicho Informe de Estado. Solo agregaré que más vale tarde que nunca.
"El reciente anuncio del Presidente va en perfecta sintonía con una de aquellas recomendaciones desoídas del año 2003: "dotar al estado de Chile de un mecanismo institucional de reparación de las pérdidas de tierras que se produjeron de manera ilegítima (...)".