En las regiones de Valparaíso y Los Ríos se movilizaron funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP) ante denuncias de modificaciones de cursos de agua, para, presuntamente, favorecer a privados y realizadas incluso con maquinaria. Ambos hechos se registraron en un solo día y tras denuncias de vecinos, en medio de la sequía y altas temperaturas.

El historiador y especialista en fauna silvestre, José Luis Brito, escribió en Twitter al MOP que "máquinas trabajan hasta los fines de semana modificando el curso del río Maipo entre San Antonio y Santo Domingo para, aparentemente, regar plantaciones", junto a imágenes de una retroexcavadora moviendo áridos en el curso de agua.

La denuncia fue hecha el martes y el titular del MOP, Juan Carlos García, respondió que el jueves "instruí a la Dirección General de Aguas (DGA) a fiscalizar, lo que ocurrió esta mañana, donde pudieron constatar dos presuntas irregularidades".

El secretario de Estado explico que en el río Maipo "se pudo constatar una evidente modificación de cauce y extracción no autorizada de aguas del Fundo Los Lilenes. Ambas situaciones contravienen abiertamente el Código de Aguas", lo cual fue evidenciado mediante imágenes aéreas.

"Solicitamos el ingreso, pero no nos atendió nadie, así que hicimos un sobrevuelo con el dron para verificar la modificación, y llegamos hasta las motobombas extraen las aguas y se están usando en este fundo", afirmó un funcionario de Gobierno que grabó un video en la entrada del fundo, con los perros ladrando.

García señaló que ante la falta de respuesta "se volverá a notificar, usando incluso el auxilio de la fuerza pública", junto con agradecer a los vecinos por la alerta, advirtió nuevas fiscalizaciones "para priorizar el consumo humano de agua, hacer cumplir la normativa vigente, pero, sobre todo, para que se haga un uso legal y ético".

La secretaría regional ministerial (seremi) de Los Ríos, en paralelo, publicó en la red social una serie de fotos de un curso de agua luego de inspeccionar a una "empresa de áridos, por eventual extracción de aguas subterráneas y desvío a hualve (humedales propios de la selva valdiviana) de Fundo Purento, tras denuncia de vecinos del sector Santa Rosa en comuna de San José de la Mariquina".

La Moneda afirmó ayer que no retirará la treintena de querellas por Ley de Seguridad del Estado (LSE) interpuestas contra camioneros en paro, debido al bloqueo a las rutas que comenzó el lunes y que se mantenía al cierre de esta edición. Horas antes, los líderes gremiales fueron recibidos por el Ejecutivo y calificaron como "un traspié" en las negociaciones la negativa a retirar las denuncias. Exportadores acusaron pérdidas millonarias, mientras que supermercados y bencineras mostraron las primeras señales de desabastecimiento.

"El paro de camioneros hoy no tiene fundamento que lo justifique", afirmó el ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, tras la cita con representantes de la Federación de transportistas Fuerza del Norte y Centro Sur.

Los camioneros pidieron el retiro de las querellas por LSE, aplicadas por el bloqueo de caminos, considerada obra pública fundamental para las actividades de los ciudadanos. Frente a esto, la autoridad respondió que "el Gobierno no va a aceptar condiciones, en términos de impedir que el Gobierno legítimamente use todas las facultades que el Estado de Derecho le da para garantizar el libre tránsito del país, por lo tanto, no va a mantener un proceso de acuerdo donde esa condición sea puesta en la mesa".

Las vulneraciones a la LSE son castigadas "con presidio, relegación o extrañamiento menores en sus grados medio a máximo, sin perjuicio de las penas accesorias que correspondan según las reglas generales del Código Penal".

Al cierre de esta edición se contaban 31 querellas: dos en Arica, siete en Antofagasta, cinco en Atacama, cuatro en Tarapacá, tres en Coquimbo, seis en Valparaíso, dos en la capital y dos en O'Higgins. A ellas se sumaban 12 detenidos.

Monsalve cifró en 1.700 los camiones paralizados en rutas y en 58 los puntos de bloqueo. Aclaró que "hemos buscado responder a las demandas razonables que están detrás del movimiento", en relación a mayor seguridad en las carreteras y una baja en el precio de los combustibles, que el Ministerio de Hacienda está analizando, "pero llegó el momento de que los dirigentes tomen la decisión de deponer el paro".

En la tarde de ayer, además, se reunió con Carabineros y la PDI y dijo: "Hay una instrucción formal de despejar las rutas, ahí opera la obligación de mantener el orden público. La instrucción precisa es no permitir esa situación y despejar. Si hay alteración, está la orden de detener a las personas".

"el traspié"

El presidente de los camioneros de Los Ángeles, Biobío, Freddy Martínez, al salir de la reunión en el Ministerio de Transportes dijo que "nosotros pusimos una condición, que es normal, son protestas pacíficas, que no hubiera querellas que involucraran a nuestra gente".

Al "avanzar la reunión estábamos de acuerdo en ese punto, pero lamentablemente nos ha comunicado el ministro (s) del Interior que no ha sido posible, por lo que se interrumpieron las conversaciones, ese fue el traspié", señaló el dirigente.

Reuniones en vivo y telemáticas sostuvieron ayer los transportistas, "con todos los puntos del país para informar donde hubo avances y también donde estamos entrampados. Entendemos que el Gobierno tiene presiones, en la Casa de Gobierno había instituciones que son generadoras de carga (los exportadores fueron recibidos en La Moneda), entendemos su preocupación, pero nosotros estamos perdiendo la vida. (...) Íbamos bastante bien, pero fue entrampado por esto (querellas), es la traba que hay".

Primeros problemas

Los bloqueos "afectan a las empresas productivas y también a quienes trabajan en esos sectores, en momentos en que el país y el mundo viven situaciones complejas. El paro de camioneros está afectando la actividad económica del país", indicó Monsalve y dijo que ayer había "30 bencineras que no tienen abastecimiento de combustibles en el norte".

Desde el gremio de los supermercados advirtieron que 200 de estos locales no habían podido abastecerse y no contarán este fin de semana con productos frescos.

"(El Ejecutivo) no va a aceptar condiciones, en términos de impedir que se usen las facultades del Estado de Derecho".

Manuel Monsalve, Ministro (s) del Interior