Como "el cierre de un ciclo" y "un legado" para las futuras víctimas de delitos sexuales, calificó Alejandro Barra la promulgación de la "Ley Antonia", cuerpo legal que lleva el nombre de su hija, la joven temuquense que se quitó la vida en octubre de 2019 tras dejar un audio en donde aseguraba que había sido violada.

Tres años han pasado desde entonces, enfrentando la familia un largo juicio contra Martín Pradenas, quien fue condenado por el TOP de Temuco a 20 años de presidio.

La promulgación de la ley fue liderada por el Presidente Gabriel Boric y se realizó ayer en el Palacio de La Moneda, en el marco de la conmemoración del Día Nacional Contra el Femicidio.

Dicha conmemoración data del 2010 y recuerda el asesinato de una niña de 6 años a manos de su padre en un contexto de VIF, acumulando en 12 años la lamentable cifra de 530 mujeres asesinadas en el país. Solo este año en La Araucanía ya van tres femicidios consumados y 23 son los frustrados.

En paralelo a la promulgación de la ley, el mandatario anunció un paquete de indicaciones al proyecto que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias, modificaciones que ingresarán a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Ley antonia

La Ley Antonia es un cuerpo legal que avanza respecto de la Ley Gabriela, la cual fue promulgada hace dos años, logrando reconocer en el Código Penal el femicidio como un delito autónomo y de género contra las mujeres, independiente del parricidio u homicidio.

De este modo, y en virtud de la difícil experiencia que atravesó la familia de la joven temuquense, lo que hace la Ley Antonia es tipificar el suicidio femicida y su inducción, además de mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de delitos sexuales y evitar su revictimización.

En la oportunidad, el Presidente Gabriel Boric dijo que "las cifras no son alentadoras, pero también eso tiene que ver con que estamos preocupándonos que haya más denuncias. No podemos descansar mientras siga habiendo una denuncia, una mujer violentada, no podemos sentirnos tranquilos. Acá la felicidad no pasa por ahí, sino cuando logremos erradicar definitivamente en nuestra sociedad la violencia contra las mujeres".

El discurso del papá de Antonia estuvo enfocado en lo que se ha avanzado desde el punto de vista de la legislación y su fe en la justicia, pero criticando de paso "el amiguismo" en el sistema, la falta de capacitación, conocimiento y tecnología en la materia, tanto de las instituciones, como de la Fiscalía y las policías.

"Está al debe esta sociedad y está al debe la Fiscalía porque no me dieron una respuesta coherente de por qué mi hija se suicidó, por eso mi intención era dejarlo plasmado", acotó Alejandro Barra.

Asimismo, admitió que su lucha es porque "veo familias que en vez de estar aplicando su duelo tienen que estar luchando y saliendo a las calles, eso debe cambiar y es mi sueño".

El padre de la joven temuquense enumeró los avances de la Ley Antonia: se tipificó el suicidio femicida con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Se aumentó la prescripción de una violación a mayores de edad hasta los 10 años (hoy es solo 5). Se eliminó la atenuante de intentar reparar el mal causado. Se considera para la cuantía de la pena la afectación mental y psíquica de la víctima. En caso de violencia de género, las víctimas podrán tener representación judicial y no ser discriminadas ni cuestionadas por su relato, además de gozar de una investigación con perspectiva de género. Se prohíbe a los intervinientes que entreguen la identidad de las víctimas. Anticipación de prueba con el fin de evitar la victimización secundaria. No se podrán realizar interrogaciones ni contrainterrogatorios que humillen. Al tomar conocimiento la Fiscalía de un delito de violencia sexual deberá contactar a la víctima dentro de 24 horas y la Academia Judicial tendrá capacitación en materias relacionadas con perspectivas de género en el proceso penal.

Hasta el Serviu de Temuco llegaron ayer a manifestarse 60 familias del Comité de Vivienda "Allegados sin casa" de Puerto Domínguez, cuya formación se remonta a inicios de los '90, por lo que acumulan a la fecha hasta 30 años de espera por el sueño de la casa propia, habiendo recibido el subsidio de habitabilidad rural en 2017 y falleciendo en el camino más de 10 personas.

Con ollas y sartenes esperaron los allegados y allegadas a sus dirigentes en el frontis del Serviu de Temuco, quienes sostuvieron una reunión con el director del Serviu y la seremi de Vivienda, siendo el compromiso gubernamental que el 29 de diciembre debería estar calificado el proyecto en el Serviu para comenzar las obras el próximo 31 de enero.

El presidente del Comité de Vivienda, Bernardo Ramírez, ratificó dicho acuerdo, comentando que en estos años han pasado por una serie de complicaciones técnicas, pasando por temas económicos y del terreno, gobierno tras gobierno, lo que se suma a la decepción de seguir esperando, pese a haber recibido el subsidio hace 5 años.

Compromiso gobierno

Al ser consultada al respecto la seremi de Vivienda de la Región de La Araucanía, Ximena Sepúlveda, coincidió con los demandantes que la situación "es insólita", acotando que "eso obedece a que en nuestro país el derecho a la Vivienda no está garantizado en nuestra Constitución. Y es por eso que desde el Gobierno hemos impulsado las transformaciones profundas, lo que significa pasar de un Estado subsidiario a uno responsable y social de derechos", dijo Sepúlveda.

Al margen de esta explicación, la seremi reconoció que "hay un tema técnico que no ha sido fácil de resolver porque el proyecto se presentó con desfinanciamiento, ya que los subsidios en ese año eran de solo 390 UF", cuestión que "hoy en día ha cambiado, ya que hemos aumentado el subsidio original de habitabilidad rural a 1.600 UF, esto es 4 veces el subsidio original y gracias a esto vamos a poder edificar".

Sepúlveda añadió que existe un cambio sustancial en la política de vivienda del Gobierno, en la línea del Plan de Emergencia Habitacional, lo que significa "13.533 viviendas construidas y entregadas en esta Región de aquí al 2025".