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Brechas en la Paes
El día martes 3 de enero una vez más quedó demostrado que continúan existiendo grandes brechas en materia de educación. Con los resultados de la Paes en mano, se pudo establecer que dentro del top 100 de colegios con mejores puntajes, 96 corresponden a establecimientos privados. Otro ejemplo de esta situación es que en la prueba de matemáticas los alumnos de colegios municipales obtuvieron 171 puntos menos que los de instituciones privadas. Sin duda, un análisis que resulta preocupante y que profundiza la crisis educacional que vive nuestro país.
Es imprescindible para desarrollarnos como sociedad reducir estas diferencias socioeducativas en la población, y por obvio y lógico que sea, para lograrlo es fundamental focalizar los esfuerzos y recursos en mejorar los niveles de aprendizaje de aquellos establecimientos, principalmente públicos, que presentan mayores deficiencias. Para ello, se deben utilizar todas las herramientas y estrategias que permitan mejorar la calidad de enseñanza, maximizando las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, donde es clave y esencial fortalecer el desarrollo profesional docente. En este sentido, el uso de datos, la evaluación formativa, y diseñar clases basándose en algunos principios de las ciencias del aprendizaje, pueden ser elementos que maximicen los aprendizajes en los estudiantes.
Además, es importante entender cuáles son las debilidades y fortalezas tanto de cada alumno en particular, como de cada curso y establecimiento en general, de manera que se pueda realizar un trabajo focalizado según los distintos niveles de desempeño.
Isabel Loncomil, profesora y cofundadora de Lirmi
Doctrina de los actos propios
La doctrina de los actos propios se suele expresar con diversos aforismos jurídicos. Uno de los más recurridos es el de venire contra factum proprium non valet. En todos ellos se expresa la regla de que no es admisible otorgar efectos jurídicos a una conducta de una persona que se plantea en contradicción flagrante con un comportamiento suyo anterior.
Esta doctrina es una concreción del principio de buena fe que debe informar toda relación jurídica y es aplicable a lo establecido en el proyecto de reforma constitucional que contiene un "Acuerdo por Chile" y que da origen a un proceso para aprobar una nueva Constitución; que está en contradicción flagrante con lo establecido por el propio legislador en el inciso final del artículo 142 de la Carta Fundamental que señala: "Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución".
Adolfo Paúl Latorre
Indulto
Al observar el largo prontuario que tienen los criminales indultados por el Presidente Boric, surge una pregunta obvia. Si estas personas vuelven a delinquir, ¿asumirá el Mandatario su responsabilidad y le dará él explicaciones a las víctimas por su decisión de dejarlos libres?
El daño a la institucionalidad resulta inconmensurable, tanto en la forma como en el fondo, porque los argumentos dados por el Presidente suponen una peligrosa intromisión en el Poder Judicial, vulnerando gravemente la separación entre poderes del Estado.
El Mandatario ha optado, una vez más, por el bando de los delincuentes y no de las víctimas y los ciudadanos honestos, pulverizando la esperanza de una agenda consensuada de seguridad pública, al quedar en evidencia que simplemente no le interesa.
Cristián Araya L., diputado Partido Republicano
Reforma sin apoyo ciudadano
La última encuesta Cadem fue lapidaria con el destino de la cotización adicional del 6% que está proponiendo el Gobierno, en donde solo un 10% apoya la idea de destinarlo en su totalidad a un fondo común solidario, mientras que un contundente 56% que quiere que la cotización adicional vaya íntegramente a la cuenta del trabajador, y el 33% restante piensa que debe distribuirse. Por otra parte, un 80% quiere libertad de elegir donde administrar sus ahorros previsionales.
Una reforma previsional sin apoyo ciudadano es una reforma que lamentablemente no verá la luz, por lo que los datos de la encuesta son una alerta para el Gobierno, el cual debe entender que las cotizantes están en una vereda diametralmente opuesta, pues quieren propiedad sobre los fondos de pensiones, y en particular que no sea el Estado quien administre y controle el ahorro.
Eduardo Jerez Sanhueza