El exministro secretario general de la Presidencia (Segpres), exministro del Tribunal Constitucional (TC), exparlamentario y abogado, José Antonio Viera-Gallo (PS), confirmó ayer que defenderá a la exministra de Justicia, Marcela Ríos (CS), en la Cámara de Diputados por la acusación constitucional en su contra tras el indulto a 12 detenidos tras el 18 de octubre de 2019 y un exfrentista, así como la concesión de beneficios a reos mapuche.

El lunes comenzará a ser tramitada en el Congreso la iniciativa contra la exsecretaria de Estado, por lo que a fines de enero podría ser votada, pese a que Ríos renunció el 7 de enero, a una semana de conocidos los indultos presidenciales. Luego, el Mandatario Gabriel Boric reconoció que "hubo desprolijidades" en el proceso, y la ministra vocera, Camila Vallejo, agregó que "si el Presidente hubiera tenido los elementos a la vista, la situación habría sido distinta": por estos dichos la oposición también busca citar a declarar a Boric y Vallejo.

Ríos, en tanto, escogió a Viera-Gallo para su defensa, por lo que ayer el abogado señaló en Emol que "recurrir al TC está muy bien, es un camino legitimo, o para recurrir a la Contraloría habrá que ver si también es un camino, pero eso no da pie para una acusación constitucional. Una cosa es que pueda haber desprolijidades, otra cosa es que haya ilegalidades".

El abogado explicó que los legisladores tendrían "que demostrar en esa eventual ilegalidad que eso es responsabilidad de la ministra. O sea, además la Cámara creó una comisión investigadora que es para determinar si, entre otras cosas, hubo una ilegalidad. Entonces, ¿cómo crean una comisión si al mismo tiempo ya dan por sentado que hubo ilegalidades y acusan?".

"Aquí hay una desprolijidad, ahora esta vez en el caso de los parlamentarios de la oposición, de algunos por lo menos, en el sentido de usar distintos mecanismos que pueden llegar a ser contradictorios entre sí", destacó el exsecretario de Estado, porque "se podría dar el absurdo aquí que, por ejemplo, se aprobara la acusación, pero el TC dijera que los decretos son legales o la Contraloría".

Viera-Gallo dijo, además, que "estoy bastante convencido que, en este caso particular, por parte de la ministra, no hubo ilegalidades. Entonces, no corresponde su responsabilidad a través de una acusación constitucional o un juicio político, (...) eso es lo que me motivó, a mí esta cuestión me viene dando vueltas desde que se acusó a (los exministros de Educación) Yasna Provoste, a Harald Beyer. O sea, distintos grupos políticos han acusado en distintos momentos o han usado este mecanismo y yo creo que de una forma equivocada".

El recurso legal es impulsado por Chile Vamos en el Congreso, tras anunciarlo en algunas oportunidades, razón por la cual Ríos habría contactado a Viera-Gallo antes de su salida.

La oposición, asimismo, el jueves señaló que podría regresar a la mesa de seguridad si el Presidente revoca los indultos al exfrentista Jorge Mateluna y el detenido por el 18-O Luis Castillo, posibilidad que el Gobierno ha descartado.

La exsecretaria regional ministerial (seremi) de Desarrollo Social de la Región Metropolitana, Patricia Hidalgo, declaró ayer en la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson: "Fui víctima de una operación política, de maltrato, de abuso de poder", afirmó. El secretario de Estado respondió que "lo descarto tajantemente".

"Recibí presiones por parte de mis superiores jerárquicos para votar de una manera contraria a la que hubiese sido mi deseo en el Servicio de Evaluación Ambiental, en las comisiones de evaluación de diversos proyectos de la Región Metropolitana", aseguró Hidalgo en la comisión legislativa que se reunirá nuevamente este lunes, para seguir evaluando testimonios y argumentos.

Entre los proyectos que, en palabras de la exseremi, debió apoyar contra su voluntad, están el Mall Vivo de Ñuñoa, AVO 2 (Autopista Vespucio Oriente) y una planta de aguas servidas en Quilicura. En todas estas instancias, Hidalgo mencionó a la delegada presidencial, Constanza Martínez, y a la subsecretaria Francisca Perales, como las responsables de dichas presiones.

La exautoridad, asimismo, reveló que posterior a su despido, Jackson dio a conocer "acusaciones falsas e infundadas de delitos que yo habría cometido. (…) Fui víctima de una operación política, de maltrato, de abuso de poder".

"Fue una operación política en mi contra, tal vez al ministro le molestó lo que le hice saber sobre cómo estaba operando el Servicio de Evaluación Ambiental", subrayó la exautoridad, quien fue desvinculada por pérdida de confianza, ya que no habría denunciado la presunta violación de una niña en un albergue del Gobierno.

Jackson desmiente

El ministro de Desarrollo Social respondió a las palabras de la exseremi aludiendo al documento que envió a la comisión revisora: "Tal y como está en el escrito, lo descarto tajantemente. (...) Vamos a paso, hoy día nosotros presentamos nuestra defensa (…) No anticipemos ningún tipo de resultado".

En el documento de 145 páginas, Jackson asegura que "las instrucciones de la subsecretaria Perales (jefa directa de Hidalgo) se condicen con asegurar el cumplimiento de las obligaciones que le eran aplicables a la exseremi, pero que, sin embargo, se resistía a cumplir".

"No hay acción ni omisión imputable a este ministro", continúa el secretario de Estado en el texto, "aún si los hechos descritos por la exseremi de Desarrollo Social y Familia hubieran acaecido en la forma en que ella los ha descrito, y aún si estos hechos se considerasen 'presiones políticas indebidas', ninguno constituye un hecho personal de este ministro".

Sobre el sumario antes del despido, Jackson aclaró que "el día previo, antes de solicitarle una reunión a la exseremi, instruí un sumario que está en curso, y ese mismo día (recurrí) al fiscal para que enviará al Ministerio Público una denuncia por los hechos que ocurrieron en uno de los dispositivos de Desarrollo Social por vulneraciones gravísimas a una niña".

"Recibí presiones por parte de mis superiores para votar contra mi deseo en evaluación ambiental".

Patricia Hidalgo, Exseremi de Desarrollo Social

"Lo descarto tajantemente. (...) No anticipemos ningún tipo de resultado (de la acusación constitucional)".

Giorgio Jackson, Ministro de Desarrollo Social