samente lo permite. En el país está permitido que funcione la Polla Chilena de Beneficencia, Lotería de Concepción, los hipódromos y los casinos al amparo de la Ley 19.995 (…). Adicionalmente, la ley carga los juegos establecidos con una tasa de impuestos bastante alta que en parte va a los gobiernos regionales y a municipios del territorio donde están. Dicho esto, es bastante nítido que cualquier otro tipo de juegos de azar o de apuestas está prohibido desde el punto de vista civil y penal por constituir un delito. En pandemia, este fenómeno se intensificó, proliferaron las casas de apuestas en línea, influido también por la utilización del fútbol como vehículo para promocionar este tipo de casas apuestas. Estimamos que existen cerca de 900 casas de apuestas online con montos cercanos de 400 millones de dólares que se estarían moviendo anualmente. Eso es mucho dinero. Por lo tanto, todo esto genera una preocupación y ese fue el motivo que nos llevó en 2022 a presentar querellas para que esto se investigue y saber quiénes están detrás. Solo tenemos nombres generales que tienen domicilios en paraísos fiscales. Recién están apareciendo representantes en Chile.
- La "ilegalidad" es el concepto que usted acentúa aquí. La cuestión es ¿qué permite que esto suceda? ¿Un vacío legal, ausencia de legislación o qué?
- Yo diría que aquí no hay un vacío legal. La ley es bastante clara acerca de que esto está prohibido y es bastante lógico, además, el juego legal tiene tantas limitaciones, un pago de impuesto alto y la exigencia de invertir mucho, porque para que se permita el funcionamiento de un casino se tiene que ganar una licitación, que implica construir hoteles, casino, restaurantes y generar un polo de atracción turístico. Obviamente, cualquier otra forma de hacerlo está prohibida porque nadie competiría o buscaría tener un casino legal. Entonces, no hay un vacío. Está nítidamente prohibido y sancionado penalmente, lo que hay - por cierto - es inacción para perseguirlo, en un fenómeno que uno podría asemejar al comercio callejero, que está prohibido, pero bien vemos que muchas calles de las grandes ciudades lo tienen, y Temuco no se escapa.
- Han transcurrido casi 9 meses, ¿cómo va esta batalla legal?
- Esta querella criminal se presenta ante los juzgados de garantía, luego se remite a la Fiscalía que le ha dado importancia a la investigación, que - de hecho - está siendo llevada adelante por la fiscal jefe de la Fiscalía de Providencia y Ñuñoa, en la Región Metropolitana, donde tiene competencia; se ha hecho una serie de diligencias que hemos pedido, básicamente, que están siendo llevadas adelante por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI y estamos confiados en que se podrá avanzar en la investigación para tener resultados relevantes. Una dificultad importante que han tenido estas investigaciones es la dificultad de poder identificar a los autores de estos hechos acá en Chile, por ello es tan importante la identificación del representante legal, el señor Baeza, porque además se ha planteado como que existiría una comisión de un delito fuera de Chile y, por lo tanto, sería imposible de ser investigado, pero eso es algo que a estas alturas está bastante resuelto por la jurisprudencia y la doctrina, con lo que se denomina el principio de ubicuidad, es decir, cuando hay un delito que se ejecuta desde un lugar, pero sus efectos dañosos se producen en otra jurisdicción, la jurisprudencia da entendido que son competentes para investigar el hecho, tanto en el lugar donde se ejecuta como donde se produce el efecto dañoso.
- Por sus características, ¿esta causa podría tomar mucho tiempo en resolverse?
- Las investigaciones penales, por lo general, son de largo aliento. Nosotros entendemos que no es especialmente complejo el tema y, por lo tanto, instamos y hemos tenido reuniones periódicamente con la policía y la Fiscalía para que el caso avance, y estamos confiados que el sistema penal funcione.
- Dentro de los efectos negativos usted menciona está una importante evasión de impuestos, posible lavado de activos y competencia desleal. Ahora, ¿cómo afecta este tipo de juegos al consumidor nacional? ¿En qué le "toca" a la gente?
- Yo diría que hay tres efectos para el consumidor. Hay un primer efecto que tiene que ver con el cero respeto y cuidado que hay con los menores de edad (…), hay una desprotección del menor de 18 años. Lo segundo tiene que ver con la protección a la ludopatía y el juego responsable. El sistema legal tiene lo que se conoce como autoexclusión, donde en Chile existen alrededor de 2 mil 500 personas que se han autoexcluido del juego por adicción y tienen prohibición de ingresar a los casinos; nada de eso existe en los juegos online (…). Y tercero, hay un tema de protección al consumidor que no tiene forma de ser controlado. Es decir, no existe certeza o fiscalización si efectivamente los juegos dan los premios que se dice que dan. En los casinos legales, el 94% del dinero que se juega se paga como premio, solo un 6% es la ganancia de esas máquinas para el casino; a partir de allí se pagan los impuestos. No hay conocimiento ni certificación si eso se respeta en el formato online.
- ¿Es posible regular o revertir la situación con la legislación chilena vigente?
- Lo que tenemos hoy es que la legislación prohíbe esta conducta y, por lo tanto, uno espera que las instituciones funcionen en base a esa prohibición. Una cosa distinta es que en Parlamento exista una discusión para ver qué efectivamente se hace con esto y, por lo tanto, desde un momento hacia el futuro, pero creo que es imprescindible que cualquier regulación que se dicte en el futuro establezca que las empresas que han actuado ilegalmente en el mercado tengan prohibición de funcionamiento por un número determinado de años. No puede ser que un sistema que se regule termine premiando a empresas que hoy están desarrollando una actividad sin control y obteniendo una ventaja competitiva hacia el futuro (…).
- En su opinión, ¿qué tan riesgoso es para el fútbol chileno la existencia de estos juegos de apuestas online?
- Tiene una serie de riesgos. Veíamos estos días una crítica muy fuerte que ha hecho el diputado Sulantay y yo también la he criticado, por supuesto. Yo diría que hay tres temas al menos. Por una parte, es una muy mala señal que el fútbol esté siendo financiado por un negocio ilícito (…). Es una muy mala señal la que se da, porque - además - el fútbol, que convoca a jóvenes y niños, abusa de esa convocatoria para incorporar a los menores en esta actividad que no es razonable para tan temprana edad. Y diría que, adicionalmente, hay un riesgo para la propia actividad deportiva, porque la experiencia que hemos visto en otras latitudes es que una regulación soft en esta materia ha terminado inevitablemente provocando amaños de partidos, falta de transparencia en los resultados e involucramiento de personas e instituciones en esos resultados. Por lo tanto, hay allí un riesgo que complota con la ilusión que tenemos los amantes del fútbol de que sea un deporte en que los mejores sean los que ganen.
"Diría que, adicionalmente, hay un riesgo para la propia actividad deportiva, porque la experiencia que hemos visto en otras latitudes es que una regulación soft en esta materia ha terminado inevitablemente provocando amaños de partidos, falta de transparencia en los resultados e involucramiento de personas e instituciones en esos resultados".