El club de los búfalos mojados
Jueves 19 de enero, auditorio de la PDI de Temuco, séptimo piso, me autoconvoco a la jornada de "Abordaje de casinos ilegales y delitos asociados". Cinco minutos antes de su inicio, el amable jefe de seguridad del municipio, don Israel Campusano, me expulsa señalando que es una actividad reservada, de estrategia pública, me ofrece sacarme mediando la fuerza. Logro quedarme. Minutos más tarde la actividad ya no es reservada, entra toda la prensa local y difunde los contenidos abordados. Oficia de señor corales el gerente de un conocido casino de la zona. ¿La actividad reservada y de estrategia pública, parece ser financiada por el mundo privado?
Logro quedarme en la boca del lobo, afortunadamente, sí hubo un expositor sensato, viene de la fiscalía regional. Los búfalos se quedan mirando: "no debimos traerlo" expresaron.
Un exfiscal, príncipe de la moral y la farándula criolla y con un tufillo de héroe de "Marvel", hiere a las salas de juego populares apuntando con su dedo inquisidor y categóricamente que son los malos. Hoy él representa a los "buenos", a los grandes casinos, que tienen una cruzada nacional para erradicar las salas de juego populares. Nos dice cosas muy coherentes, cómo, por ejemplo, que las máquinas de azar deben estar solo en los casinos, sin embargo, reconoce que aquellas máquinas, tienen una tasa de retorno del 94%, reconociendo la programación que existe en ellas. ¿Dónde quedó el azar? Un año y medio antes, siendo abogado de Fiden, entidad que ahora son los malos, me piden revisar un jugoso contrato en favor del mismo exfiscal, paladín de las buenas prácticas. Tiempo después supe, lo rechazó. Hoy entendí donde mordió el cebo.
El señor corales les pide a todos, menos a mí, que firmen el pacto contra los malos: ha nacido el club de los búfalos mojados.
Ernesto Núñez, abogado, gremio de operadores de juegos electrónicos de Temuco.
Gasto exacerbado, una enfermedad profundizada
Los últimos años del país han significado una constante agitación política, económica, social y sanitaria. Principalmente, post 18 de octubre de 2019 Chile se enfrentó un nuevo escenario bastante complejo, acompañado del inicio de una pandemia, la cual conllevó desembolsar un considerable gasto público en el sistema de salud, como también de bonos, subsidios y transferencias directas.
La materialización de las ayudas sumó más de 24 billones de pesos, siendo una de las ayudas más grandes que ha realizado el Estado de Chile. Lo anterior arrastró en 2021 un aumento histórico del gasto público, creciendo un 33,2% respecto del año anterior. Es sabido que, durante los últimos años, la expansión estatal ha tomado gran fuerza en presupuestos, mas esto no se traduce en una mejor gestión ni ha contribuido a la tan anhelada dignidad.
Es importante precisar que la eficiencia del gasto público presenta graves problemas para ser alcanzada, principalmente debido a que las administraciones públicas carecen de cálculo económico, por lo que premiar la ineficiencia será una constante ciega, la cual no decaerá. En tal sentido, la planificación central sigue dañando el crecimiento económico sin pensar en la libertad de las personas.Sebastián Millán Calisto, Fundación para el Progreso
La regulación de las isapres
Hace unos días, se mencionó que la Superintendencia de Salud (regulador operativo y financiero de las isapres) generaría una instrucción, para que las isapres no provisionen un monto relevante de pasivos contingentes, en base a los estándares financieros que rigen hoy (Norma Internacionales de Información Financiera /IFRS). Esta eventual provisión se sustenta en el fallo judicial de fines de 2022, en el que se les ordenó aplicar una nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros realizados en exceso.
Si las isapres provisionan las pérdidas de acuerdo a la norma NIC 37, tendría un efecto de pérdidas o disminución patrimonial, incumpliendo con ello los indicadores financieros definidos por la Super de Salud. En este escenario, los propietarios tendrían que inyectar aumentos de capital o caer en incumplimiento, lo que implicaría quebrar el sistema y dejar sin cobertura a los beneficiarios.
El problema no es que las normas financieras-contables sean rígidas o poco comprensibles con la realidad de eventos económicos, sino que, en este caso, las malas decisiones o acciones del pasado en este sector y por diferentes actores ha hecho que se genere una seudo intervención del regulador, quien ya definió en su momento las reglas de operación del modelo y ahora, cuando le conviene, las exime de aplicación, como ocurre en la situación actual.
Ahora parece "razonable" para el regulador generar una instrucción a las isapres, para que no provisionen el fallo judicial y así evitar las consecuencias negativas. Con esto, si bien se evita, en parte, una crisis, cabe preguntarse cuántas veces habrá que hacer excepciones y si realmente constituye la solución, sino habría que judicializar, aplicar la legislación o asumir criterio realidad.
Guillermo Rebolledo, Universidad de Chile
