El alcalde de la comuna de Calama, Eliecer Chamorro (FRVS), confirmó la primera demolición de una supuesta casa narco en la ciudad. El anuncio fue hecho a través de un mensaje en su cuenta de Twitter en el que aseguró que "¡comienza la primera demolición de casas drogas!".

"Estamos utilizando todas las herramientas legales y seguiremos apoyando. Unidos contra la delincuencia", añadió el jefe municipal en su publicación que fue acompañada por una serie de fotos que mostraban la acción contra dicha vivienda.

"Todos sabían, era un hecho público", confirmó el alcalde Chamorro, acerca de la acusación de que se vendían drogas en esa casa ubicada a menos de 100 metros de dos colegios con más de 2.000 estudiantes.

Junto con ello la autoridad municipal señaló que "esto será sin misericordia contra aquellos que hacen daño a Calama".

De esta forma el líder comunal, que es parte del oficialismo, se suma a la tendencia iniciada por el opositor alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, de apelar a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que faculta a municipios demoler obras levantadas de forma irregular.

Desde la Municipalidad de Calama confirmaron que "tenemos un decreto para una buena cantidad de propiedades, sobre 16, comenzando con esta primera intervención de demolición de bienes inmuebles".

No obstante, esperan "ir más allá" de las demoliciones y "atacar el patrimonio" de los narcotraficantes. Para ello, Chamorro explicó que "habrá que dar un precedente legal".

Al igual que el alcalde, otras figuras del oficialismo se han mostrado a favor de este tipo de acciones, como lo hizo el presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic (PL), quien expresó que "hago un llamado a todos los alcaldes progresistas de Chile a destruir las casas ilegales de los narcos. Que sigan ahí, intocables, es un monumento a la impunidad".

Ya pasaron más de tres años desde la primera muerte por covid-19 en Chile y recién ayer la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y la directora nacional subrogante del Instituto Nacional de Estadísticas, Daniela Moraga, junto a sus equipos técnicos, presentaron un informe con los datos consolidados de las cifras de fallecidos por la pandemia en 2020, que disminuyó considerablemente este número en comparación con lo informado al final de ese año.

Los datos que entregaron las antiguas autoridades sanitarias sobre la cantidad de personas fallecidas por el coronavirus el primer año de la emergencia sanitaria ascendía a 22.281. Sin embargo, luego de la investigación del Minsal, se informó ayer finalmente que fueron 18.680 las muertes en dicho periodo.

La secretaria de Estado explicó que el difícil contexto que vivía el ministerio el año 2020 debido a la pandemia explica parcialmente la diferencia: "Había una gran dificultad en dar a conocer efectivamente cuáles eran las cifras por la cuantía de la información, por la exigencia de este paradigma respecto a tener notificado caso a caso en una situación de una epidemia de esta masividad, y también el tema de las defunciones. Esta situación no es ajena a las otras epidemias que hemos vivido y tampoco a lo que se vivió en otros países. La controversia respecto a las cifras ocurrió en distintos países".

Según el documento consolidado, en 2020 se produjeron más de 126.000 defunciones a nivel nacional, de las cuales el 14,8% fue causado por el covid.

El grupo de mayor mortalidad por el virus según género fue el de las mujeres entre 85 y 89 años y los hombres entre 75 a 79, mientras que por cada 100 muertes de mujeres hubo 136 hombres fallecidos.

El informe constató además que el coronavirus redujo la esperanza de vida de los chilenos en 18 meses años en los hombres y once meses en las mujeres.

La Corte Suprema acogió un recurso de queja y autorizó la fusión de las isapres Nueva Más Vida y Colmena, que había sido rechazada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). El organismo judicial, sin embargo, "ordenó la adopción de una serie de medidas de mitigación para asegurar la libre competencia en el mercado de aseguradoras de salud".

La Tercera Sala del máximo tribunal estableció que hubo "falta o abuso" del TDLC al rechazar dicha fusión, en septiembre de 2022, bajo el argumento de que implicaba un riesgo de concentración y de aumento de planes base, pues dicha materia se encuentra regulada por los fallos emitidos recientemente por la misma Corte Suprema.

"Tal como lo declaró esta Corte, conforme con la nueva regulación la razonabilidad o justificación requerida para una propuesta de variación del precio base de los planes de salud hecha por una isapre no exige una vinculación directa con los planes individuales, sino que es de carácter general, aplicable a todos los planes de salud", indica el fallo.

Además, "se trata de un sector fuertemente regulado, existiendo límites y mecanismos a seguir para los aumentos de precios de los planes, lo cual atenúa el riesgo de conductas coordinadas", apuntó la Corte.