Los registros electorales fueron reabiertos en Chile poco antes del plebiscito de 1988, con voto obligatorio, pero la participación ha menguado con el correr de los años. Con la Ley 20.568, promulgada el 23 de enero de 2012 se dispuso la inscripción automática y el voto voluntario. Con ella se pretendía resolver el problema de la alta abstención electoral. No obstante, desde los comicios municipales de octubre de 2012, el ausentismo se elevó cada vez más.

En los comicios presidenciales de diciembre de 2017, Sebastián Piñera fue elegido en segunda vuelta con una presencia del 49,2% del padrón electoral de 14,3 millones de personas. En la última elección presidencial, de 2021, en primera vuelta participó el 47,3% y en segunda fase lo hizo el 55,6%.

Con el cambio al voto voluntario se mantuvo una tendencia silenciosa, especialmente entre los jóvenes que nunca habían mostrado interés por sufragar. Tal vez el tema de fondo era el desencanto y desconfianza de la ciudadanía respecto de la actividad política. Cuando hace años los políticos se jugaron por la opción de la inscripción automática y voto voluntario, la vieron como una solución frente al desinterés ciudadano. Pero está claro que ése no era el remedio.

Ahora se ha informado que hay más de dos millones de denuncias de personas que no votaron en el último plebiscito de septiembre de 2022 (con sufragio obligatorio) y, durante las últimas semanas, el Servicio Electoral ha estado enviando esta información a los jueces de Policía Local del país para que se comiencen a cursar las sanciones correspondientes.

Desde luego que preocupa la baja participación las últimas elecciones, porque significa que muchas personas se han puesto al margen del mecanismo electoral, aun sabiendo que se harán merecedores de multas. Tal vez quieren manifestar así su desencanto por la forma de hacer política. No obstante, ello debilita la democracia y da menos sustento y legitimidad a quienes son elegidos. El sistema democrático requiere de coaliciones gobernantes y opositoras fuertes, pero esto se altera si los ciudadanos prefieren quedarse fuera, porque ellos serán los que se beneficiarán o perjudicarán con las iniciativas que aprueben las autoridades.

La historia de la violencia, particularmente en La Araucanía, es tan extensa como los anuncios de los diversos gobiernos para controlarla.

Las actuales autoridades han anunciado la instalación de cámaras de vigilancia en la ruta cinco sur sector Lautaro, acompañadas de frases rimbombantes que hemos escuchado de boca de todas las autoridades, haciendo recordar las mismas medidas de hace años, donde también se anunciaban aviones espía y el mejoramiento de la inteligencia policial, que no se sabe si se utilizan, pero si es claro el uso de drones altamente sofisticados, mejoramiento del equipamiento de Carabineros para enfrentar este tipo de delitos, sumados a la vigilancia militar y comunas con toque de queda, pero el resultado es el mismo, el ataque diario, con el efecto que eso significa para la región más pobre del país.

Por ello, nuevamente demandamos del gobierno no más de lo mismo, es importante no sólo apuntar al tiempo de vigencia en los estados de excepción, también la discusión debe orientarse en fortalecer y respaldar las facultades de la FF.AA. y Carabineros, para el control del orden y seguridad de La Araucanía y Macrozona sur, así también, dar pronto curso a la ley de inteligencia, como la ley de usurpaciones que sanciona las tomas de los campos y bienes inmuebles en general, que duerme el sueño de los justos en el Congreso, ya que está claro que estamos haciendo frente a grupos altamente armados, con claros nexos con el narcotráfico y robo de madera.

Se deben unir todas las formas de actuar ante el flagelo de un terrorismo que hasta el momento no tiene control con las medidas adoptadas y sólo deja en evidencia la inoperancia para contrarrestar la letalidad de sus efectos. Es momento de actuar ahora, mañana puede ser tarde.

Hoy no sólo significa quemas de predios forestales y agrícolas en Malleco, sino también, la gravedad de los ataques incendiarios con sus lamentables resultados, consumen propiedades públicas y privadas, iglesias católicas y evangélicas, es decir, los grupos que provocan estos actos terroristas de manera anónima y fuertemente armados, actúan ahora en muchos lugares simultáneamente y a plena luz del día. A ello se suma, lo que hemos conocido hace unos días, referido a la extorsión contra agricultores, a quienes se les obliga a pagar fuertes sumas de dinero, para que sus cosechas y plantaciones no sean quemadas.

Alejo Apraiz Contardo

presidente Asociación de Víctimas

de la Violencia Rural