El Austral

En medio de la escalada de violencia urbana que vive el país, el Gobierno anunció el jueves la intervención de 30 comunas que concentran el 50% de los delitos de mayor connotación. La lista completa aún se desconoce, pero ayer comenzó en Santiago la aplicación del plan llamado "Calle sin violencia".

El fiscal nacional, Ángel Valencia, dijo que "comenzamos este esfuerzo bien optimistas, esperamos tener resultados similares a los que tuvimos en Alto Hospicio (Región de Tarapacá), en que conseguimos resolver 17 homicidios en el transcurso de pocas semanas".

"Eso fue consecuencia de que la Fiscalía designó un fiscal preferente, y también la Policía de Investigaciones (PDI) destinó un equipo especial de tarea multidisciplinario especializado en la investigación de homicidios", agregó el líder del Ministerio Público.

Debido a ello, "confiamos que este trabajo conjunto de fiscales preferentes, con equipos policiales dedicados especialmente al esclarecimiento de estos homicidios y delitos violentos, nos van a permitir reducir de forma muy significativa la tasa de homicidios sin esclarecer en estas comunas", indicó Valencia.

La reunión con el Ejecutivo y los jefes de las policías para diseñar esta estrategia fue "muy provechosa, nosotros veníamos trabajando hace semanas en el establecimiento de un equipo", sostuvo el fiscal nacional, en un trabajo "especialmente en el esclarecimiento de los homicidios en la Región Metropolitana".

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó que "si queremos luchar contra los delitos violentos, contra los homicidios, y disminuirlos, el Estado, trabajando en conjunto, debe tener una tarea central: no puede haber impunidad".

Prevención

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, señaló que el plan "Calle sin violencia" abarcará más que las 30 comunas anunciadas, ya que "muchos municipios tienen una legítima demanda de ser considerados, y así será. Mañana (hoy) conformaremos el 'Pilar preventivo Estado presente'", para reforzar el trabajo estatal en las comunidades y "la recuperación de los espacios públicos".

Al cierre de esta edición el Gobierno aún no revelaba cuáles serán las 30 comunas intervenidas, sólo que la primera es Santiago, por lo que alcaldes solicitaron ser incluidos.

La jefa comunal de Quinta Normal, Karina Delfino, tras conocer que los detenidos por la muerte del suboficial mayor Daniel Palma fueron detenidos en esta zona, pidió ingresar a la lista "porque necesitamos más recursos y fortalecer a las comunidades ante estas situaciones".

Ayer el Gobierno ingresó a trámite en el Congreso el proyecto de ley "Reglamento del uso de la fuerza", que podría comenzar su discusión en las comisiones unidas de Seguridad y Constitución, si así lo deciden hoy en la Cámara de Diputados.

En la iniciativa se detallan instrumentos internacionales que la inspiraron, como la Organización de las Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Contiene 19 artículos y una disposición transitoria donde se establecen las disposiciones generales sobre el uso de la fuerza para los funcionarios de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y las Fuerzas Armadas.

Según el proyecto, estos son los principios que deberán guiar la actuación del personal: la legalidad, necesidad, proporcionalidad, responsabilidad y racionalidad.

Los funcionarios policiales deberán contar con formación y capacitación adecuada para hacer uso de la fuerza.

Debe además contar con el equipamiento adecuado para proteger su vida e integridad física o la de terceros, de conformidad con las funciones que desempeñen.

El texto también establece los deberes, grados de resistencia o agresión, junto con las etapas en el uso de la fuerza: deber de identificación, advertencia, gradualidad y de reducir al mínimo daños y lesiones.

El funcionario tiene además el deber de prestar auxilio en caso de uso de la fuerza; y reportar.

Los grados de resistencia o agresión (que no son secuenciales), son los siguientes: cooperación, resistencia pasiva, resistencia activa, agresión activa y agresión activa potencialmente letal.

Y las etapas del uso de la fuerza se condicen con el grado de resistencia o agresión que enfrenten los efectivos: presencia, actuación mediante técnicas de comunicación, reducción física de la movilidad, reducción física de la movilidad y utilización de fuerza potencialmente letal.

El proyecto menciona que las etapas en el uso de la fuerza pueden aumentar o disminuir de acuerdo a los grados de resistencia o agresión a los que se enfrente el personal, y que la fuerza debe disminuir si la resistencia también se reduce.