Pablo Urquízar está siempre atento a la contingencia regional. Tras desempeñarse como coordinador de Seguridad para la Macrozona Sur, cargo que dejó con el cambio de gobierno el 11 de marzo de 2022, decidió mantenerse vinculado a La Araucanía y seguir de cerca el desempeño del Gobierno respecto de los temas que él dirigía, tanto en materia policial y judicial como también política.

Así es que, hoy por hoy, sigue siendo una voz autorizada para opinar sobre de los hechos de violencia que ocurren en La Araucanía y del manejo político del Gobierno al respecto.

El abogado parte diciendo que "la ideología y la ignorancia sobre lo que ocurría en la Macrozona Sur" fue lo que llevó al Gobierno del Presidente Gabriel Boric a no renovar, en un principio, el Estado de Excepción.

"Los 50 días sin Estado de Excepción, entre marzo y mayo del 2022, fueron los más violentos. La violencia se incrementó en un 53%", recuerda Pablo Urquízar.

Estado de excepción

El excoordinador de Seguridad para la Macrozona Sur reconoce que desde que el Gobierno de Boric decretó Estado de Excepción, el 17 de mayo de 2022, los hechos de violencia han disminuido.

"El Estado de Emergencia es una medida necesaria, pero se hace insuficiente sin el reconocimiento del terrorismo, sin atribuciones reales para combatirlo y sin una estrategia para desarticular las orgánicas radicalizadas y terroristas. La experiencia española contra la ETA es extremadamente relevante. Hoy España tiene una Estrategia contra el Terrorismo y el Extremismo Violento, basada en la Estrategia Antiterrorista de la Unión Europea y la Estrategia Global contra el Terrorismo de Naciones Unidas", apunta el excoordinador.

"había romanticismo"

Urquízar observa que la realidad ha forzado al Gobierno a cambiar el discurso que tenía inicialmente respecto del conflicto en La Araucanía.

"Parte importante del problema que hoy tenemos en la macrozona sur fue la legitimación de la violencia como método de acción política y el romanticismo con que se veía desde Santiago lo que ocurría. Muchos actores relevantes del Gobierno rechazaron siempre los Estados de Emergencia, hablaban de presos políticos, apoyaban una propuesta constitucional que era una bomba atómica para la Región, se vinculaban con quienes hoy están presos por graves hechos de violencia o están prófugos de la justicia, denostaban a las policías y a las Fuerzas Armadas", critica el expersonero de Gobierno en la Macrozona Sur.

"Sólo pensemos cuánto le costó ideológicamente al Gobierno accionar contra Llaitul. Si la razón porque está preso hoy es una querella por Ley de Seguridad del Estado interpuesta en el gobierno anterior, misma ley cuyo programa de Gobierno compromete derogar. El problema es que parte importante de ese ADN sigue con esas ideas en el Gobierno y es un problema. Quienes sufren las consecuencias de la ideología son las familias mapuche y no mapuche que viven en las zonas mas complejas y respecto de quienes las orgánicas en sus atentados no distinguen origen étnico ni color político", reflexiona Urquízar.

Conducción política

Siguiendo con el análisis, Urquízar observa que "la conducción política del Gobierno frente al terrorismo en la Macrozona Sur sigue siendo tremendamente insuficiente".

"El delegado presidencial José Montalva tiene buenas intenciones, pero su rol político frente a la seguridad no es relevante. Las decisiones políticas sobre la seguridad se dan a 600 kilómetros de La Araucanía, en Santiago, por parte de las mismas personas que están preocupadas de los portonazos, los narcofunerales, la inmigración ilegal, el Tren de Aragua, los sicariatos, los problemas entre Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático. En esa multiplicidad de funciones, lamentablemente, La Araucanía se invisibiliza, algo que no puede ocurrir, porque allí se vulneran permanentemente los derechos humanos de familias mapuche y no mapuche", concluye el excoordinador Pablo Urquízar.

"Se habla exclusivamente de crimen organizado, pero eso hay en todo Chile, lo que acá hay es actuar terrorista".

Pablo Urquízar,, excoordinador de Seguridad, para la Macrozona Sur 2021-2022

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Profundas críticas han surgido luego del violento atentado incendiario ocurrido en unas parcelas ubicadas a metros de la ruta Victoria-Curacautín.

Fue en horas de la tarde de este domingo que un grupo de individuos encapuchados encañonaron a residentes de predios del sector Alto Quino-Buchacura-Las Toscas y le prendieron fuego a tres casas, una bodega y un automóvil.

Durante la jornada de ayer, detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) desarrollaron diversas diligencias en el sitio del suceso y cotejaron la información respecto a que una camioneta, que fue robada por encapuchados, habría marcado como última ubicación el interior de la Comunidad Temucuicui, en Ercilla.

Las reacciones, sin embargo, siguen siendo críticas por parte de parlamentarios de oposición.

La diputada Gloria Naveillán calificó al Gobierno como "cobarde" y llamó a las autoridades a "guardarse el Estado de Excepción estúpido, que es una mugre, porque los militares no pueden hacer nada si no tienen a un carabinero al lado".

"Estamos cabreados", lamentó la diputada Naveillán.

"La alerta roja que estableció el Gobierno no está sirviendo de nada, los terroristas siguen asolando a la gente de bien. ¿Qué pasó con la avanzada militar en Curacautín?", cuestionó el diputado Miguel Mellado (RN).