La Fundación Chile Descentralizado logró que la Comisión Experta aprobara e incluyera en el anteproyecto constitucional la mayoría de sus propuestas, las que fueron compiladas en el documento "Descentralización con Participación en la Nueva Constitución", buscando ser un aporte al Acuerdo por Chile.

Se trata de más de 20 normas constitucionales, las que fueron catalogadas como "un avance significativo" y un verdadero "hito para la descentralización" por este grupo plural de ocho coautores que redactó la propuesta, tras ser convocados a comienzos de año por la Fundación Chile Descentralizado.

El expresidente de Chile Descentralizado y profesor coordinador del proceso, Heinrich von Baer, manifestó que "estamos muy contentos y esperanzados con ese significativo avance, más aún cuando casi todas nuestras propuestas originales, como también nuestras indicaciones de las últimas semanas, han sido acogidas, algunas incluso en forma textual".

Agregó que "nuestra tarea ahora es promover y defender con argumentos todo lo avanzado, logrando que los miembros del Consejo Constitucional consoliden y perfeccionen lo realizado por la Comisión Experta, pero que no debiliten ni retrotraigan los avances".

AVANCES RELEVANTES

Dentro de las normas constitucionales más relevantes que aprobó la Comisión Experta en materia de descentralización destacan las siguientes: el definir que la forma de Estado "es unitario y descentralizado", con el propósito de promover el desarrollo nacional, regional y local.

Instituye "el carácter de gobierno local de la municipalidad", ya que según la fundación, en la actualidad "son meras administradoras locales".

Dota de "autonomía a los gobiernos regionales y comunales" para la gestión de sus asuntos y en el ejercicio de sus competencias que determine la Constitución y la ley.

Circunscribe "a las provincias a una división administrativa del territorio", cuyas autoridades realizarán "sólo funciones administrativas de gobierno interior".

Consagra diversos principios de descentralización muy relevantes, como son la "Radicación preferente" o (exsubsidiariedad territorial) y la "Prohibición de Tutela de ningún nivel de gobierno sobre otro", señalando que las competencias transferidas de forma definitiva a un gobierno regional o municipio no podrán ser revocadas, salvo excepciones legales.

En otros aspectos "reconoce la heterogeneidad del territorio nacional ", instituye a nivel constitucional "la tan necesaria descentralización fiscal", faculta a la ley para autorizar que se apliquen "sobretasas a determinados tributos" y advierte que los tributos que tengan una naturaleza regional o municipal deban beneficiar a las regiones o comunas.

Asimismo, establece que "toda creación, ampliación o traspaso de competencias a gobiernos regionales y locales, deberá contemplar la asistencia técnica, el personal y financiamiento suficiente y oportuno para su adecuado ejercicio".

Incluye "la facultad de los gobiernos regionales y locales para contratar empréstitos, acotada a proyectos específicos de desarrollo e inversión, no así a gastos corrientes".

"Instituye como instancias de coordinación a los Consejos de Gobernadores y a los Consejos de Alcaldes" y "consagra diversas formas de efectiva participación de la ciudadanía y de la sociedad civil".

Mandata a la ley para "respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas" reconocidos en esta Constitución en las regiones y comunas y, especialmente, "en aquellas con presencia significativa de población perteneciente a ellos".

"Exigir transferencia a los gobiernos regionales y locales conforme a criterios de asignación presupuestaria predefinida".

"Mantener al representante del Presidente de la República sólo para la provincia, con atribuciones de Gobierno Interior".

"Reconocer al gobernador regional como máxima autoridad de la Región, a similitud de lo ya aprobado para los alcaldes".

"Facultar a los gobiernos regionales para coordinar los servicios públicos regionales".

"Radicar la administración de las áreas metropolitanas en los gobiernos regionales".

"Incluir la participación del Presidente de la República en el Consejo de Gobernadores Regionales para contribuir a la coordinación multinivel".

Con el objetivo de que la ciudadanía logre incidir en el debate constitucional, cuya deliberación partió con la instalación de los consejeros, se creó la Secretaría de Participación Ciudadana, equipo formado por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, las que en colaboración con universidades acreditadas de todo el país, además de otras instituciones y entidades de la sociedad civil, diseñaron el "Proceso de Participación Ciudadana".

El organismo tendrá un mes (hasta el 7 de julio) para ejecutar los cuatro mecanismos de participación: consulta ciudadana, diálogos ciudadanos, iniciativa popular de norma y audiencias públicas.

En este contexto, la UCT junto a su equipo del Centro de Políticas Públicas (CPP) lanzó el mes de la participación ciudadana invitando a la comunidad a participar de las actividades programadas.

El rector de la UCT, Aliro Bórquez, señaló que la participación de las universidades en dicha instancia fue solicitada por el Congreso. "Con este compromiso, hoy estamos presentando el programa de actividades, y lo que entendemos como universidad es que debemos ampliar la participación más allá de los límites universitarios, por lo que hacemos extensiva la invitación a la toda la comunidad regional de La Araucanía", dijo.

El programa de actividades de participación de la UCT incluye dos jornadas de formación ciudadana, ocho jornadas para la realización de diálogos autoconvocados y dos jornadas de audiencias públicas.

Para mayor información del proceso o quienes deseen sumarse a la participación se puede solicitar al correo cpp@uct.cl o a través de las redes sociales del Centro de Políticas Públicas UCT.