Este jueves, el pleno del Consejo Constitucional se encargó de votar las normas del Capítulo VI: "Gobierno y Administración Regional y Local", enfocado en la descentralización y las facultades de los gobiernos regionales.

Entre las normas aprobadas está la radicación preferente con lo que se priorizará "que las funciones públicas sean radicadas en el nivel en que se ejerzan con mayor eficiencia y eficacia, privilegiando, en tal caso, el nivel local sobre el regional, y éste último, a su vez, sobre el nacional".

Por otro lado, se visó que la ley establecerá los mecanismos para "respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas" en comunas y regiones, a pesar de que se rechazó la enmienda que agregaba la palabra "garantizar".

Dentro de las normas que no se aprobaron está la iniciativa de la Comisión Experta que indicaba la prohibición de tutela, por lo tanto, que el gobierno central decida sobre las competencias propias de gobiernos locales y regionales.

Además, tampoco se visó el principio de interdicción de la arbitrariedad presupuestaria (con gran cantidad de abstenciones).

La norma anterior apuntaba a la distribución equitativa de recursos para las regiones. De todas formas, en el texto se incluyó la responsabilidad y sostenibilidad fiscal, la solidaridad y equidad territorial, coordinación y asociatividad, pero siempre el Estado tendrá que "dictar orientaciones nacionales desde el nivel central".

Luego, por 33 votos a favor y 17 en contra fue aprobado el inciso 1 del artículo 130, que señala que "la administración de cada región reside en el gobierno regional, constituido por el gobernador o gobernadora regional y el consejo regional, cuyo número de integrantes será establecido por ley".

Permitido el lucro

Otros artículos aprobados detallan las funciones de los gobiernos regionales o que "la ley podrá contemplar el establecimiento de un consejo consultivo que colabore con el gobierno regional para el desarrollo de una herramienta de planificación estratégica, y para estos fines elaborará anualmente un informe técnico sobre el estado de la economía de la región y sus potencialidades".

También se visó que "la ley institucional podrá autorizar a los gobiernos regionales y a las empresas públicas para asociarse con personas naturales o jurídicas con el fin de propiciar actividades e iniciativas sin fines de lucro que contribuyen al desarrollo regional".

Así como quedó definido que "el gobernador o gobernadora regional será el órgano ejecutivo del gobierno regional", manteniendo al Consejo Regional como fiscalizador, en el caso de las municipalidades se mantiene al Concejo Municipal como fiscalizador, entre otras funciones.

Matthei rectifica

En la discusión fuera del Consejo, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), quien había dicho que el texto constitucional, como está "no tiene ninguna probabilidad de aprobarse" y que "va derechito al fracaso", ayer cambió el discurso y remarcó en Mega que "tenemos que hacer todo, todo, todo lo posible porque sí se apruebe. Eso significa que tenemos que tener una Constitución en la que todo el mundo pueda sentirse tranquilo".