Minutos antes de que se terminara el plazo, anoche el Ministerio del Interior ingresó un veto a la Ley de Usurpaciones con foco en la autotuleta, cambio de las penas asociadas a las ocupaciones y de los instrumentos para pedir la restitución del inmueble.

Estos son los tres puntos específicos a los que apunta el Gobierno, aunque la ministra Tohá reconoció que las observaciones de fondo son 10 y que no se logró un acuerdo prelegislativo. "Lo que preferimos es hacer un veto en que se formula cada observación por separado", indicó la secretaria de Estado.

En concreto, el Gobierno busca eliminar la autotutela, pero "con la posibilidad de acción de las policías en cualquier momento". Que las penas sean graduales, incorporando la "usurpación pacífica" para que "un juez defina si hay pena de cárcel o multa". La tercera observación apunta que el dueño podrá pedir "de manera anticipada" la restitución del inmueble, aunque exista un proceso judicial en contra.

Andrea Arias vega

El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana Calderón, estuvo en Temuco esta semana, junto al superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, para reunirse con los estudiantes y trabajadores del IP y CFT Los Lagos, en el marco del proceso de nominación de un administrador de cierre, dada la crisis de insolvencia institucional por la que atraviesa la casa de estudios.

Dicha crisis fue generada por la venta de las nueve sedes que hizo la Universidad de Los Lagos a la Corporación Kimün, la cual luego hizo otro traspaso a Fundelín, de Diego Ancalo.

Dado que la SES le solicitó al Mineduc designar un administrador de cierre, Orellana vino a dar la cara ante los afectados para "garantizar" que aquello ocurrirá antes de que se termine el año sin dar fecha específica.

Asimismo, comprometió apoyo para que los trabajadores se querellen contra los "especuladores de la Educación" y anunció que se viene un trabajo legislativo para prevenir lo ocurrido con otras casas de estudio.

-¿El Mineduc aceptará el administrador de cierre para las nueve sedes del IP y CFT Los Lagos?-Estamos haciendo la revisión que corresponde de los antecedentes dentro de los plazos legales. Como ministerio es de máxima urgencia que nombremos rápido al administrador de cierre y para eso estamos en estrecha colaboración con el Consejo Nacional de Educación (CNE), ya que debe validar el cese del reconocimiento oficial, como el nombramiento del administrador de cierre. Así es que estamos trabajando para nombrar lo antes posible al administrador de cierre y así darle respuesta a los estudiantes.

-¿Hay garantía de que será este año y no el próximo, porque ese es uno de los temores del estudiantado?

-Estamos trabajando en ello porque hay un debido proceso, el cual permite que la institución presente una reposición. Sin embargo, en ningún caso esto se va a dilatar hasta el próximo año. Quiero asegurar a los estudiantes y a los trabajadores que el Gobierno está trabajando incansablemente para sacar esto lo antes posible.

-¿Será un sólo administrador de cierre o dos?

-Contemplamos que la misma persona se haga cargo de las dos instituciones y de las nueve sedes. Tendrá la responsabilidad de echar a andar la institución y contratar un staff para ello con el presupuesto que tenemos.

-¿Cuánto cuesta echar a andar la institución?

-El dinero sale de la glosa asignada para los procesos de cierre y contemplamos el uso de esos recursos. Ahora, cuánto vamos a necesitar exactamente requiere de un examen más detallado que hará el administrador de cierre.

-¿impulsarán una agenda para evitar que esto vuelva a ocurrir?

-Además de dar respuesta haremos los ajustes normativos y legales que correspondan durante el próximo año para fortalecer nuestra institucionalidad, de modo que esto no vuelva a ocurrir. Lo hemos conversado con parlamentarios y, afortunadamente, hay un espíritu de trabajo transversal para mejorar nuestra legislación y su capacidad anticipatoria. La consigna es evitar crisis y no limitarnos a actuar cuando se producen.

-¿Estamos hablando de una ley que impida el traspaso de casas de estudio a corporaciones o fundaciones? ¿Fue legal la venta?

-Se trata de fortalecer nuestra regulación, de tal manera que no vuelva a ocurrir esto con instituciones que arrastran una insolvencia y que se haga durante el 2024. No hemos recibido antecedentes de algún vicio de legalidad en la operación que llevó adelante la Universidad de Los Lagos. Independiente de quien tenga la responsabilidad, nosotros le vamos a dar solución a los estudiantes.

-¿Quién le pagará los sueldos adeudados a los trabajadores?¿Contra quién se querellan?

-Como Gobierno vamos a acompañar a los trabajadores porque son ellos quienes terminan pagando los costos. Tenemos que ser inflexibles con la gente que especula con el derecho a la educación de las personas: son ellos quienes tienen que hacerse responsables de las deudas. Nuestro presupuesto es sólo para dar finalización a los ciclos formativos, ya que para resolver las deudas, ya sea con Kimün o Fundelín, los trabajadores tendrán que seguir acciones que acompañaremos.

"Tenemos que ser inflexibles con la gente que especula con el derecho a la educación de las personas: son ellos quienes tienen que hacerse responsables de las deudas". "Haremos los ajustes normativos y legales que correspondan durante el próximo año para fortalecer nuestra institucionalidad, de modo que esto no vuelva a ocurrir".