La economía, el gran caballo de batalla de la Argentina de hoy, será el primer asunto de los tres que analizarán los cinco candidatos presidenciales en el debate que protagonizarán este domingo en Santiago del Estero, la ciudad más antigua del país.

Con una inflación interanual del 124,4 %, un 40,1 % de la población en situación de pobreza, escasez de reservas y una elevada brecha cambiaria, la situación socioeconómica del país es una de las mayores preocupaciones y sin duda, uno de los ejes de la campaña electoral con vistas a los comicios del 22 de octubre.

El candidato de La Libertad Avanza (ultraderecha), Javier Milei; el de la coalición oficialista Unión por la Patria (peronismo), Sergio Massa; la de Juntos por el Cambio (centroderecha), Patricia Bullrich; el peronista disidente y gobernador de Córdoba, Juan Scharetti; y la aspirante del Frente de Izquierda y de Trabajadores, Myriam Bregman, se medirán este 1 de octubre en el primero de los dos debates obligatorios establecidos por la CNE.

El Centro de Convenciones Fórum de Santiago del Estero será el escenario del primer encuentro en el que los cinco candidatos que competirán por ocupar la Casa Rosada a partir del 10 de diciembre presentarán sus propuestas sobre economía, educación y derechos humanos y convivencia democrática.

El último de esos bloques temáticos fue elegido por la ciudadanía, mientras que los dos primeros fueron seleccionados por la CNE.

Sin duda, la presencia del Fondo Monetario Internacional en la economía argentina, a raíz del programa acordado en 2022 para el refinanciamiento de deuda por 45.000 millones de dólares contraída en 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y la dolarización propugnada por el libertario Milei serán dos de los puntos destacados del cruce entre candidatos.

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala informó que el Ministerio Público (Fiscalía) mantuvo 18 horas de allanamiento a su sede central, después de que catearan sus instalaciones por cuarta ocasión por denuncias electorales.

El tribunal detalló mediante sus canales oficiales de comunicación que los fiscales del Ministerio Público "secuestraron" las actas electorales de los comicios del pasado 25 de junio y 20 de agosto, ganadas por el candidato socialdemócrata, Bernardo Arévalo de León.

De acuerdo a la misma fuente, fiscales y agentes de las fuerzas de seguridad se llevaron las actas en medio de momentos de tensión en la sede del tribunal.

Debido a ello, varios magistrados del Tribunal Supremo Electoral intentaron bloquear la salida de los fiscales, al argumentar que se está violando la democracia.

Con el correr de las horas, el Tribunal Supremo Electoral garantizó los resultados de los comicios celebrados en junio y agosto pasados, pese al "secuestro" de actas con votos por parte del Ministerio Público (Fiscalía).

La magistrada del tribunal, Blanca Alfaro, aseguró que "todos los resultados ya fueron debidamente oficializados", incluido el triunfo del presidente electo, Bernardo Arévalo de León, quien debe asumir el próximo 14 de enero.

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, condenó el nuevo registro del Tribunal Supremo Electoral y pidió el fin del "asedio a la democracia".

"Condeno con toda firmeza el nuevo e inaceptable allanamiento del FECI al TSE en Guatemala. El asedio a la democracia no puede continuar", advirtió el jefe de la diplomacia europea.

Las Fuerzas Armadas suecas colaborarán con la policía para combatir la ola de violencia que vive este país nórdico en las últimas semanas por un conflicto entre bandas criminales, informó el primer ministro conservador, Ulf Kristersson.

"Suecia está en una situación excepcional que no tiene parangón en Europa", dijo Kristersson tras una histórica reunión con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Micael Bydén, y el jefe de la Policía Nacional, Anders Thonberg.

Kristersson, que el jueves había pronunciado de forma inesperada un discurso televisado a la nación sobre el tema, resaltó que la policía sola no puede luchar contra el crimen y apuntó a una colaboración inmediata, dentro del marco legal actual, que podría comprender áreas como apoyo logístico y ayuda en análisis de explosivos o informáticos.

Sobre la siguiente fase, que requerirá reformas legales, aludió sin especificar a "zonas grises" en las que la policía podría necesitar ayuda militar.

"Se trata de cómo las Fuerzas Armadas pueden contribuir sin usar la violencia, pero ya veremos próximamente en qué se traduce eso", dijo el ministro de Justicia, Gunnar Strömmer.

La violencia entre bandas criminales es un fenómeno enraizado en Suecia desde hace más de una década y que ya fue tema central en las elecciones legislativas de septiembre, pero que ha recrudecido en las últimas semanas.

Septiembre negro

En 12 horas entre el miércoles y el jueves de esta semana, dos personas murieron por armas de fuego y otra en una explosión, con lo que asciende a 12 el número de muertos por la violencia entre bandas en lo que Dagens Nyheter, principal diario sueco, ha calificado de "septiembre negro", el mes más violento en cuatro años en Suecia.

Las autoridades suecas atribuyen la escalada más reciente de la violencia, que se ha centrado sobre todo en el área de Estocolmo, a un conflicto interno que afecta a una red dirigida por un criminal sueco de origen iraní que se cree reside ahora en Turquía.

Thornberg había definido la dimensión de la ola de violencia como de "tipo terrorista" y había apelado a una labor conjunta para tratar de solucionar un problema que no cree que se vaya a resolver a corto plazo.

"Estamos en una situación en la que hay niños que contactan a esas redes para convertirse en asesinos", afirmó el jefe de la Policía Nacional, quien cree que los militares pueden ayudar en labores de vigilancia y con su capacidad analítica.

La colaboración de las Fuerzas Armadas también fue solicitada por la líder opositora, la socialdemócrata Magdalena Andersson, quien apeló, además, a la "unidad" entre partidos en respuesta a las críticas de Kristersson a los anteriores gobiernos rojiverdes.

También es una vieja reivindicación del ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), segunda fuerza parlamentaria y aliado del Gobierno de derecha que encabeza Kristersson desde hace casi un año.

Una de las figuras más visibles del SD y líder de la Comisión parlamentaria de Justicia, Richard Jomshof, afirmó que Suecia es un país "devastado" y pidió rebajar la edad penal a 13 años, expulsar a más inmigrantes e implantar toques de queda.

"Es la ingenuidad política la que nos ha llevado hasta aquí, la política de inmigración", había dicho Kristersson, quien reveló también que habló con los otros jefes de Gobierno nórdicos y que están dispuestos a colaborar si fuera necesario.