Eduardo Henríquez O.
El anuncio del veto a la Ley de Usurpaciones presentado a última hora del viernes por el Gobierno generó airadas críticas de parte de gremios y parlamentarios de oposición de La Araucanía, quienes afirman que lo que está haciendo el Ejecutivo es "borrar con acciones lo que promete con discursos", al pretender introducir modificaciones que "debilitarían" la nueva norma, lo que, en pocas palabras - dicen - es una "bofetada" a las víctimas de la violencia rural.
Así ve la situación la senadora Carmen Gloria Aravena, quien cree que "el Gobierno ha demostrado una vez más que le tiembla la mano frente al crimen organizado y le da la espalda a los ciudadanos honestos y las víctimas (...)". Y textualmente agrega: "lo que el Gobierno compromete con discursos, lo borra con acciones".
Vale recordar que el veto en cuestión considera 10 puntos, entre los cuales propone cambios respecto de la legítima defensa privilegiada, las penas asociadas al delito y los instrumentos para solicitar la restitución de las propiedades.
Este anuncio, expresa el senador Felipe Kast, representa a un Gobierno que "se puso de rodillas frente a la CAM y los delincuentes", porque "el Presidente hoy escogió el camino de la impunidad". Sobre todo, lo reclama desde el momento que se propone dejar a discreción de un juez si en estos casos aplica multa o prisión. "Esto desvirtúa completamente el sentido de la iniciativa que buscaba cárcel (...). Con esto el Presidente nos notifica que su preocupación por la seguridad es sólo un discurso más", recalca el congresista.
Amarillos
Desde la presidencia de Amarillos por Chile, el diputado Andrés Jouannet reconoce que la decisión no los deja contentos. A su parecer: "el Gobierno nos pone en una situación en que es peor quedarse sin nada", por ello, acota, "veremos cómo votamos en el Congreso", más cuando a La Araucanía nunca le preguntaron respecto de este proyecto.
La diputada Gloria Naveillán expresó su disgusto diciendo que "lo que ha hecho el Gobierno con el veto es mostrar que le importa más del Partido Comunista que las víctimas de la usurpación". Mientras que el diputado Mauricio Ojeda asegura no dar crédito a lo que ha sucedido, lo que califica como "una vergüenza", porque, dice no puede creer que: "el Gobierno haya cedido ante las presiones de la CAM y organizaciones terroristas", dado que las usurpaciones "son la cuna de delitos" como atentados incendiarios, muertes o narcotráfico.
Las reacciones al veto no se detienen ahí. El gobernador regional, Luciano Rivas, califica el hecho como "un veto antidemocrático que no se justifica y que pasa por encima de la voluntad del Congreso y de quienes son las víctimas".
Para la Sociedad de Fomento Agrícola, Sofo, de Temuco, pareciera que la agricultura del sur es poco valorada en Chile frente a las amenazas y usurpaciones, más cuando existe una ley vigente desde 1874 que no logra dar respuesta a los requerimientos actuales. Por ello, frente al veto, expresa el presidente del gremio, Roberto Heise: "Instamos a promover una ley que defienda en forma efectiva a la agricultura nacional y resguarde la seguridad y la soberanía alimentaria del país".
Por su parte, el presidente de los Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillán, opina que "necesitamos que la justicia sea dura y condenatoria contra todos los que cometen delitos (...). La propiedad privada debe y tiene que ser respetada en Malleco y todo Chile".
