La iniciativa de instituir un festivo para la celebración de las iglesias evangélicas y protestantes en Chile no estuvo exenta de problemas, ya que se criticó el alto costo que tendría para el país la instalación de un nuevo feriado legal. Pero en su oportunidad, algunos legisladores defendieron la iniciativa puesto que existían ocho festividades católicas que son celebradas como festivos religiosos. Además, destacaron el rol social que han cumplido las iglesias evangélicas y protestantes, y el porcentaje significativo de sus fieles.

La llegada del evangelismo a Chile data de mediados del siglo XIX, gracias a la inmigración de alemanes e ingleses, que trajeron al país sus creencias luteranas y anglicanas, respectivamente. Sin embargo, el gran poder que tenía la Iglesia Católica y su relación con el Estado no permitió su desarrollo.

Es muy importante el rol social que han cumplido evangélicos y protestantes, así como el porcentaje significativo de sus fieles, un 15,1% de la población, de acuerdo con el censo de 2002, y luego 16,6% según el censo de 2012.

El aporte del pueblo evangélico no sólo debe considerarse desde el punto de vista de la ramificación de sus templos en todos los rincones del país, sino también en otros ámbitos del quehacer nacional, como es el caso de la educación y de los colegios que tienen y administran. Han desarrollado una importante labor solidaria, especialmente con los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Aparte de proyectos educacionales con sus colegios, han trabajado en la reinserción social, con una fuerte presencia en las cárceles para contribuir a rehabilitar a quienes han delinquido, por lo que están en aquellos espacios donde las personas más requieren de apoyo y de guía espiritual.

La Ley Indígena N° 19.253, promulgada en 1993, redefinió la relación entre el Estado chileno y los pueblos originarios, estableciéndose como deber fundamental del Estado el respeto, protección y promoción del desarrollo de los mismos, así como la protección de sus tierras. La promulgación de esta Ley marcó un hito histórico, ya que estableció normas de Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas y crea una institucionalidad para la gestión de políticas públicas en su favor.

Este instrumento legal y su aplicación, es un esfuerzo para resolver la deuda histórica con los pueblos originarios, que no ha estado exento de problemas.

El 28 de septiembre se cumplieron 30 años desde su promulgación, oportunidad en que podríamos destacar un avance significativo en la transformación en la relación entre los pueblos originarios y el Estado. Sin embargo, hoy se nos presenta un contrasentido en este avance. Con la incorporación de la glosa N° 10 de la Ley de presupuestos del año 2023, que modifica el procedimiento para la compra de tierras, disminuyen las posibilidades de las comunidades, afectando directamente sus legítimas expectativas y derechos establecidos en la Ley indígena.

La Ley de Presupuesto del año 2023, en su Glosa N° 10 incisos 3 y 4, limita la compra de tierras sólo a la cabida del Título de Merced, disminuyendo sustancialmente el acceso a tierras a muchas comunidades indígenas, considerando que la gran mayoría proviene de este tipo de titulación.

Las reformas que impliquen modificar la política pública en materia de derechos de los Pueblos Originarios consagrados en la Ley Indígena, requiere de mecanismos de participación y consulta de acuerdo al Convenio N°169 de la OIT y no, como ha sido el caso, a través de la incorporación de una Glosa en la Ley de presupuesto. Esta acción legislativa, en que los parlamentarios son protagonistas, debiera contribuir a la superación del conflicto con los pueblos originarios y no ir en sentido contrario.

El Gobierno impulsó la Comisión de Paz y Buen Entendimiento, esfuerzo que busca concordar una política de Estado que nos permita avanzar hacia una solución definitiva del conflicto, la cual se sustenta en el apoyo transversal del mundo político.

Pero la Glosa N° 10 no aporta en este camino. Por el contrario. Modifica la política de acceso a tierras a las comunidades, no contribuye al objetivo de la Ley Indígena y menos al fortalecimiento de las confianzas para avanzar en una solución al conflicto en nuestra región.

José Montalva,

delegado presidencial regional

de La Araucanía