Andrea Arias Vega

Luego de que el Gore Araucanía enviara un comunicado informando que Contraloría no detectó ilegalidades, en el marco de las primeras conclusiones de la auditoría por el denominado Caso Convenios, el cual fue publicado por este medio, el ente fiscalizador corrigió aquello.

Al respecto, explicó que desde un punto de vista administrativo, existen irregularidades y faltas, sin que hasta el momento se puedan descartar ilegalidades. "La Contraloría General de la República desmiente de forma categórica haber descartado ilegalidades en la auditoría realizada al Gobierno Regional de La Araucanía".

Esta auditoría abarcó el período comprendido entre 2021 y 2023, investigando en el Gobierno Regional de La Araucanía 25 convenios con siete fundaciones por un monto de 17 mil millones de pesos.

INSTRUYE SUMARIO

Las irregularidades detectadas se refuerzan por las medidas adoptadas, ya que además de haber otorgado un plazo de 60 días hábiles para subsanar una serie de aspectos relacionados con el control interno y el seguimiento de los proyectos, el ente fiscalizador comunicó que "instruyó la apertura de un sumario", enfatizando que es, precisamente, porque se encontraron cuatro observaciones "complejas" (C) y tres "altamente complejas" (AC).

Los alcances de dicho sumario, el cual busca establecer las responsabilidades administrativas en las decisiones que provocaron las irregularidades, dependiendo del resultado, incluso, puede escalar hasta la justicia electoral, si es que así lo determina el órgano colegiado.

Por otro lado, aunque el Gore Araucanía haya informado oficialmente que los informes de dicha auditoría "no se enviarán al Ministerio Público", el ente fiscalizador informó ayer que "el documento fue remitido al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público, al haber advertido eventuales hechos constitutivos de delitos".

Contraloría no tiene la potestad para determinar si hay o no un delito, cuestión que es competencia del Ministerio Público en una investigación paralela que también está en proceso.

Por su parte, el gobernador Luciano Rivas insistió que su administración actuó "conforme a la norma vigente y elevando en lo que podíamos el bajo estándar que el Congreso puso para la asignación de estos recursos", resaltando que se ha intentado "empatar" con La Araucanía lo que ha sucedido en otras regiones, con el propósito de "enlodar" a su equipo.

Una menor de 12 años falleció durante la madrugada de ayer en un incendio que se registró en el sector El Mulito, al nororiente de Collipulli, por Ruta R-23.

En tanto, otras dos de sus hermanas, de 15 y 18 años, resultaron con heridas graves, una de ellas internada en el Hospital San Agustín de la ciudad de Collipulli, mientras que otra derivada debido a la gravedad de sus lesiones al Hospital de la ciudad de Angol.

Las causas de este siniestro son materia de investigación, tanto por el Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos, como por policías y Ministerio Público.

Al lugar fue despachada a esa hora, dos y media de la madrugada, una unidad de la Segunda Compañía de Bomberos, efectivos que al llegar al lugar se percataron que la vivienda ya estaba completamente destruida por acción de las llamas.

Tras la remoción de escombros, Bomberos se percataron de la presencia de un cuerpo calcinado, se trataba de la menor de 12 años.

La Cámara de Diputados aprobó con 100 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, una resolución signada con el número 738 que tiene por objeto solicitar al presidente de la República mandatar a los ministros de Hacienda y Transporte y Comunicaciones para coordinar las acciones necesarias para requerir, al momento de efectuar compras de pasajes y abordar autobuses interurbanos, el documento de identificación correspondiente y que también se implemente un Registro Nacional de Pasajeros, que trabaje en coordinación con las bases de datos de Carabineros y PDI.

El diputado por el Distrito 22, Juan Carlos Beltrán, quien fue uno de los parlamentarios que votó a favor de esta resolución, explicó que la idea es que este Registro Nacional de Pasajeros brinde alertas para hacer frente a los alto índices delictivos que se han registrado en el último tiempo en el país.

La Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Pucón, realizó un interesante proceso participativo con el propósito de permitir la elaboración de la ordenanza de acoso callejero, encuentro que busca que la comunidad aporte con medidas preventivas e ideas, para que se transformen en la base de esta ordenanza que aspira a prevenir esta problemática.

Al respecto, la coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer, Catherine Aedo, manifestó que se estuvo trabajando con los funcionarios públicos de distintos estamentos, donde también participó la Universidad de La Frontera y también fueron invitadas algunas dirigentes de distintas organizaciones y mujeres en general.

"Después de esta etapa viene la aprobación por parte del Concejo", dijo Catherine Aedo.