Cinco hombres que ingresaron sin autorización a un predio agrícola fueron detenidos en el primer desalojo producido tras la promulgación de la Ley de Usurpaciones, en la comuna de Collipulli.

De acuerdo a la información entregada por Carabineros y la Fiscalía, el operativo policial se produjo a eso de las 16 horas del lunes en el fundo Palermo, de propiedad de la familia Subiabre, ubicado en el kilómetro 11 de la Ruta R-35, conocido como el Camino San Andrés.

A eso de las 12 horas del lunes, el propietario del fundo Palermo acudió hasta la Fiscalía Local de Collipulli relatando que comuneros mapuches del Lof Autónomo Caillín habían ingresado hasta la parte sur de su predio, precisando que se mantenían en una choza con banderas mapuches, estructura que fue construida luego de un primer ingreso no autorizado, ocurrido el pasado 2 de octubre.

El dueño del fundo comentó ante la Fiscalía que los comuneros mapuches habían sido desalojados "varias veces" por Carabineros y que había denunciado "unas quince veces" antes, sin que se detuviera a nadie, debido a que la usurpación era sólo una falta y tenía pena de multa, por lo que no ameritaba detención.

Desalojo y detención

Luego de acoger la denuncia, la Fiscalía instruyó que Carabineros fuera hasta el fundo Palermo y procediera con el desalojo. Sin embargo, esta vez había una herramienta nueva: la Ley de Usurpaciones.

El general Manuel Cifuentes, jefe de la IX Zona "Araucanía" de Carabineros, explicó que "se procedió con el desalojo y se detuvo a cinco hombres, adultos" y también "se incautaron los vehículos que eran utilizados por estas personas para arribar al predio".

El jefe de Carabineros precisó que el predio mantenía "alrededor de 45 denuncias" que fueron registradas prácticamente en días consecutivos.

Tras la detención, los cinco individuos fueron presentados al Juzgado de Garantía de Collipulli, siendo formalizados por "usurpación con daños" y quedando con prohibición de acercarse al predio y también con prohibición de acercarse a los propietarios del fundo.

El presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillán, lamentó las medidas cautelares, pero dijo que "este es el camino para que nunca más se viole la propiedad privada" en la Región.

"Estos cinco detenidos no se van a poder acercar al predio ni al dueño, y si lo hacen, será desacatado y eso es penado con cárcel. Creo que es un avance".

Miguel Mellado,, diputado RN

2 meses fue el plazo de investigación que fijó el Juzgado de Garantía de Collipulli respecto a este caso.

La nueva ley de usurpaciones estableció la detención para los participantes en tomas violentas, con daños o incluso pacíficas, así como sanciones que parten en los 61 días y pueden llegar a los cinco años, dependiendo del grado de violencia o daños. "Antes de la ley, eran desalojados y citados a la Fiscalía o al tribunal. Con la publicación de esta ley, se permite la detención, que pasen a control de detención y ahí la Fiscalía puede solicitar la protección en favor de las víctimas y medidas cautelares en contra de los imputados, como lo es prohibición de acercarse al predio ocupado", explicó el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad (Fiac), César Schibar.

Preocupación causó un oficio judicial que alertó de una "orden de arresto" en contra del alcalde de Victoria, Javier Jaramillo Soto.

El oficio del Juzgado de Letras de Victoria, con fecha del lunes 27 de noviembre, señalaba que el alcalde Jaramillo debía cumplir dos días de arresto en la cárcel, debido a que el municipio adeudaba 78 millones 707 mil pesos, dinero no pagado por concepto de una indemnización de perjuicios que había sido fijada y otorgada tras una demanda civil interpuesta contra la Municipalidad de Victoria.

El alcalde Jaramillo explicó que se trata de una demanda debido a un tema que data desde la administración alcaldicia anterior, agregando que la indemnización en dinero finalmente fue pagada, por lo que él pudo continuar con sus funciones con normalidad.

"En el año 2015, en la administración anterior, existió una denuncia por un supuesto abuso sexual (de un monitor de música contratado por el municipio) en contra de una menor, causa que quedó archivada por parte de los tribunales, al no presentarse los antecedentes que comprobaran lo denunciado".

Posterior a esto, se demandó al municipio, en primera instancia, por 200 millones de pesos, por concepto de daños y perjuicios. "Finalmente, luego de apelaciones del municipio, el tribunal estimó que se debían pagar 78 millones de pesos", explicó el alcalde Javier Jaramillo.