En un día lleno de audiencias judiciales donde fueron procesados por secuestro el beneficiario de indulto presidencial, dos imputados por el Caso Convenios y más de 50 empresarios acusados de fraude, el Presidente Gabriel Boric afirmó que "las instituciones funcionan contra quienes delinquen".

"En Chile las instituciones funcionan y eso es una fortaleza de nuestra democracia", dijo el Mandatario desde Punta Arenas, donde tiene su domicilio electoral para el plebiscito. Los organismos del Estado, continuó Boric, persiguen a "quienes hacen delitos de cuello y corbata y contra quienes cometen actos de corrupción: todas esas personas tienen que cumplir con lo que dice el derecho".

Sobre los cuestionamientos por su cercanía con las personas llamadas por el Caso Convenios, entre ellas su jefe de asesores, Miguel Crispi, así como la decisión de indultar a Luis Castillo, Boric respondió que "la oposición siempre me critica, no hay novedad en ello".

La ministra vocera, Camila Vallejo, reiteró en X la frase "las instituciones funcionan", recordada por la declaración del expresidente Ricardo Lagos a comienzos de la década pasada, cuando la ex Concertación impulsó una acusación contra la entonces intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe.

El diputado Sergio Bobadilla (UDI) agregó que "cuando le conviene, Boric dice que las instituciones funcionan, porque hasta hace poco decía que había que refundarlas e hizo campaña por el mamarracho plurinacional y refundacional", en alusión a la propuesta de Carta Magna de la Convención Constitucional, rechazada el año pasado.

El concejal de Providencia por el Partido Republicano, Matías Bellolio, sostuvo que el "Presidente repite como loro que 'en Chile las instituciones funcionan'. Otro relato sin sentido de la realidad. ¡Corrupción a todo nivel y robo desatado! El problema radica de la captura política transversal: TC, Contraloría, Fiscalía, Servel, Carabineros/PDI, CDE, TGR, SII, CMF".

Debido a la existencia de dos versiones sobre el caso, la Fiscalía aplazó para hoy la formalización de Luis Castillo, indultado por el Presidente Gabriel Boric a fines del año pasado, quien fue detenido este jueves por su presunta participación en un secuestro en Copiapó.

Sin embargo, después de avanzar con la investigación, y dejando de lado la versión de la familia del involucrado, ayer se realizó el control de detención de los imputados, Castillo y otras cuatro personas.

La Fiscalía Regional de Atacama determinó en la instancia que el indultado por el Mandatario fuera formalizado por secuestro extorsivo y robo con violencia con retención de persona, así como también por el delito de conducción de vehículo bajo los efectos del alcohol y drogas.

En la audiencia, de carácter reservada, se entregaron más detalles sobre la situación, por lo que el Juzgado de Garantía de Copiapó decidió aplazar para hoy la resolución de las medidas cautelares contra los involucrados.

Versión de la defensa

Raúl Palma, defensor de Castillo de la Defensoría Regional Pública de Atacama, insistió en la versión que entregó la hija del imputado. "Es una situación que ocurrió entre cinco personas donde efectivamente sucedió un vehículo, donde hubo un manejo bajo sustancias psicotrópicas, es una cuestión que yo creo que está inhabilitada, pero en ningún caso hubo un secuestro ni tampoco un robo con retención de personas", narró.

"Estos delitos tan graves que se están imputando y formalizando el día de hoy, creo que difícilmente van a poder ser acreditados en alguna instancia judicial. Creemos que los antecedentes son muy febles", agregó el abogado.

Uno de los argumentos planteados por Palma es que Castillo estaba bajo efectos de sustancias psicotrópicas, por lo que no habría podido coordinar el delito que se le imputa: "Difícilmente una persona en la calidad en que él estaba podría entender que fuera capaz de llevar a cabo una trama tan siniestra y tan compleja como un secuestro extorsivo o un robo con rescate".

Querella de interior

Paralelo al trabajo de la Fiscalía, el Ministerio del Interior ingresó una querella por el caso donde señala que "el día 14 de diciembre de 2023, en horas de la madrugada, en circunstancias que la víctima se encontraba junto a su pareja en el servicentro Shell (...), fue abordado por el querellado (Castillo) junto con otros sujetos, quienes lo intimidaron con un arma blanca, forzándolo a ingresar al maletero del vehículo en el que se desplazaban, manteniéndolo cautivo durante toda la noche".

"En horas de la mañana del mismo día, uno de los sujetos entregó a la víctima un teléfono celular, oportunidad que aprovechó para enviar su ubicación a su pareja, quien alertó a funcionarios de Carabineros de la ocurrencia del ilícito", agrega el texto.

Además, el documento señala que "en efecto, mediante el delito de secuestro, nuestro ordenamiento jurídico sanciona a quien 'sin derecho encerrare o detuviere a otro privándole de su libertad', siendo los principales bienes jurídicos protegidos la seguridad individual y la libertad ambulatoria".