El Magistrado Alfredo Cox del Juzgado de Garantía de Temuco decretó cuatro meses de investigación y la cautelar de prisión preventiva para la jefa de División de Fomento e Industria del Gobierno Regional de La Araucanía, la trabajadora social y militante de RN, Susan Alarcón Rubilar.

La funcionaria fue formalizada ayer en una audiencia de control de detención "ajustada a derecho" y sin acceso a la prensa, la que se extendió por nueve horas, siendo imputada por dos delitos de fraude al Fisco, por más de 700 millones de pesos, y un delito de cohecho, por más de nueve millones de pesos, montos que se enmarcan en el denominado Caso Manicure, el cual permanece en calidad de secreto por la Ley de Lavado de Activos.

De este modo, Alarcón es la tercera persona del caso que investiga la Fiac de La Araucanía en prisión preventiva, sumándose a los hermanos Rinett y Juvenal Ortiz de las fundaciones Folab y Educc, quienes desde agosto están imputados por administración desleal y lavado de activos, todo en el marco del convenio suscrito por estas fundaciones con el Gore Araucanía para efectuar cursos de formación laboral a 300 mujeres de Temuco y Padre Las Casas, programa que nunca se concretó.

FORMALIZACIÓN

Según explicó el fiscal de la Fiac Araucanía, Carlos Cornejo Martínez, los dos delitos de fraude al Fisco corresponden a los convenios suscritos entre el Gore con las fundaciones Folab y Educc para efectuar estos programas de formación laboral, cada uno por un monto de 365 millones de pesos.

"Los hechos por los cuales fue formalizada están vinculados con ilícitos de fraude al Fisco reiterado asociado a una suma de dinero superior a los 700 millones de pesos y también por el delito de cohecho", precisó Cornejo.

Al ser consultado por la dinámica del cohecho y quién realizó dicha transferencia, el fiscal Cornejo no reveló la identidad, pero sí explicó que la complejidad de la investigación "es porque existe intervención y participación de múltiples personas, estamos hablando de funcionarios públicos y también particulares, en ese entendido, es que lo que se ha formalizado está vinculado con una relación que existía entre la funcionaria pública y un particular, ambos concertados para defraudar al Gobierno Regional, y donde ella recibe una suma superior a los 9 millones de pesos por efectuar acciones con infracción a sus deberes funcionarios".

En concreto, lo que advierte el Ministerio Público en este delito imputado es una triangulación de dineros que datan de septiembre de 2022. "Lo que ocurre es que la coimputada ya formalizada Rinnet Ortiz efectúa un pago de dinero a este particular, quien luego de recibirlo lo transfiere a la funcionaria pública imputada, quien no sólo intervenía en la postulación y gestión interna de los proyectos que ingresaban al Gore, sino que también realizaba acciones vinculadas con el control financiero de los programas", detalló Cornejo.

Asimismo, el persecutor aclaró que "el mérito" de una eventual formalización de este particular intermediario o la ocurrencia de nuevos detenidos "está sujeta al principio de objetividad", por lo que "cuando estén todos los antecedentes del caso se efectuarán las diligencias de rigor", sin descartar ninguno de ambos escenarios.

"Estamos conformes con la resolución del tribunal y entendemos que los antecedentes que proporcionó el Ministerio Público son contundentes".

Claudio Jara,, abogado CDE

"La coimputada ya formalizada Rinnet Ortiz efectúa un pago de dinero a este particular, quien luego de recibirlo lo transfiere a la funcionaria pública".

Carlos Cornejo,, fiscal Fiac Araucanía

El abogado defensor de Susan Alarcón es el exfiscal Francisco Ljubetic, quien al término de la audiencia señaló que "no compartimos los argumentos entregados por el tribunal, ya que entendemos que los programas aprobados de las fundaciones Folab y Educc cumplieron con toda la reglamentación y están apegados a la legalidad, así es que nos parece que la medida de prisión preventiva, en este caso en particular, es para los ejecutores directos de los programas (hermanos Ortiz) que son quienes hicieron distracción de los fondos públicos".

Ljubetic agregó a su argumentación que estos programas "se verificaron en su primera etapa completamente, pero luego cuando los dineros eran insuficientes, optaron por cerrar la realización de los mismos, así es que no es posible atribuir una situación de fraude a quienes participaron en la aprobación".

Ahora, respecto de la imputación de cohecho Ljubetic dijo que su representada "tiene una explicación que obedece a razones completamente distintas. Hay dineros en su cuenta que provienen de este particular, pero que no tienen el vínculo que se les atribuye, siendo la relación entre ambos de amistad (...) ella no reconoce que lo realizado sea un delito, ya que dicha adjudicación de recursos siguió un manual utilizado para otros convenios que cuentan con la aprobación de Contraloría".