Continúan las críticas al Ejecutivo en el oficialismo y la oposición, debido a la entrega de pensiones de gracia, por presuntas vulneraciones a los Derechos Humanos en las manifestaciones del 18 de octubre de 2019, a personas con antecedentes por delitos como violación, homicidio y producción de pornografía infantil, razón por la cual la Fiscalía abrió una investigación. Ayer, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), emplazó a que "ya llevan dos años en el Gobierno: maduren, gobiernen y háganse cargo de sus propias acciones".
Estas palabras de la excandidata a La Moneda fueron en respuesta a la ministra vocera, Camila Vallejo, quien el viernes afirmó que el "propio exPresidente, Sebastián Piñera, entregó pensiones de gracia por estallido social a personas con delitos graves". Matthei agregó ayer que este tipo de declaraciones la tienen "hasta la corona".
"Las críticas hoy día no son por si es que existían normas o no (para otorgar el beneficio), sino porque le dieron pensiones de gracia altísimas a narcotraficantes, a personas que habían herido a otra gente con violencia intrafamiliar, a personas que efectivamente deberían estar en la cárcel, y no con pensiones de gracia otorgadas por este Gobierno", sostuvo la jefa comunal.
Sobre el actuar del oficialismo durante octubre de 2019, Matthei afirmó que fue "darle alas a la delincuencia", algo que "todos los chilenos estamos pagando" y el Gobierno "sembró esto a propósito".
Certificados médicos
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) envió al Gobierno certificados médicos poco claros, o ninguno, para otorgar las pensiones, según un informe de Contraloría. El viernes, el Gobierno responsabilizó al INDH por la falta de estos antecedentes y el organismo respondió que en septiembre de 2022 informó que no cuenta con la capacidad técnica.
El instituto pidió a la Contraloría reconsiderar el anunciado sumario administrativo por esta facultad incumplida, a lo que ayer, según publicó La Tercera, el ente fiscalizador se negó porque contaban con "la posibilidad de requerir información, documentación o certificaciones a otras entidades -públicas o privadas- que le hayan brindado a los peticionarios atención médica, jurídica o de otra índole, que sea útil para esos fines, lo que no ocurrió".
El senador Juan Luis Castro (PS) agregó en CNN que "me llama la atención que, habiendo pasado un año tres meses desde que ellos (el INDH) le dicen al Gobierno (que no tenían las capacidades...), del otro lado hubo silencio".
Acerca de eventuales ilegalidades, Castro afirmó que "creo que puede haberlas si es que se comprobase que hubiese funcionarios, de cualquiera de estas reparticiones, que hubiesen adulterado, o no hubiesen por negligencia indagado lo que sí debían haber indagado: si había secuelas de verdad, si había antecedentes penales contradictorios con toda pensión de gracia, eso hay que indagarlo para abajo, y si tuviera afiliación política también".
"Las excepcionalidades en Chile tienen que estar justificadas. Si no se justifican, entramos en una discriminación", apuntó el senador, junto con pedir al Gobierno que "no repitamos una secuela en capítulos de algo que se podría resolver más rápido, porque aquí claramente no hubo prolijidad ni rigurosidad".
"Compromiso con la 'primera línea'"
El diputado Andrés Longton (RN) es uno de los denunciantes del Gobierno ante la Fiscalía por las pensiones de gracia a personas con antecedentes penales o sin justificación médica, por lo que ayer en CNN dijo que "acá parece haber una complicidad política, un compromiso político con esta famosa 'primera línea' (como se llamó a quienes repelían las intervenciones de Carabineros en las protestas), que no eran para nada jóvenes llenos de sueños, sino que resultó ser que parte importante eran delincuentes".
