Al hablar de discapacidad, los expertos reconocen un avance importante en nuestro país en materia de inclusión, desde que Chile ratificara, el año 2008, la Convención de personas con discapacidad (PcD) de la ONU. Sin embargo, todavía existen brechas muy importantes en la participación social de este colectivo, y la inclusión laboral, es uno de los ámbitos en los que se requiere actuar con gran celeridad.

Si bien es cierto que la Ley 21.015 -más conocida como ley de cuotas- en vigencia desde el 2018, ha impulsado el desarrollo de culturas organizacionales más respetuosas e inclusivas, no es menos cierto que todavía persisten sesgos y temores al momento de pensar en equipos de trabajo diversos.

Estos años de aprendizaje, tal como plantea Alejandra Ríos, directora del Observatorio para la Inclusión de la Universidad Andrés Bello, han demostrado que aquellas instituciones que efectivamente han creído en el valor que esta diversidad puede aportar a sus organizaciones y han dado el paso hacia la valoración de las PcD, inician un viaje sin retorno.

Si el proceso de inclusión laboral de diferentes grupos en riesgo de exclusión social se hace bien, esto es, permeando a toda la institución con la convicción de agregar valor a su quehacer, ya no vuelven a considerar a la diversidad como riesgo o amenaza; se transforma en fortaleza y sello diferenciador.

Este es un camino bastante nuevo para el sector productivo de nuestro país, por lo que aún falta información rigurosa que permita generar experiencia comparada o modelos de buenas prácticas que vayan trazando el camino a quienes recién inician esta ruta. Y para ello, los datos son fundamentales, por lo que la colaboración entre los diferentes agentes de los ecosistemas asociados a inclusión, se torna imprescindible.

Hace unos días, la Cámara de Diputados, y luego de más de un año de discusión, despachó al Senado el Proyecto de Reforma de Pensiones. Se aprobó, entre otros temas, la creación del seguro social, artículos referidos a la pensión garantizada, sin embargo, aún no hay acuerdo respecto al aumento de cotizaciones en un 6%, cuya mayor discrepancia están en el destino de estos fondos.

Es importante analizar algunos de los aspectos más estructurales del texto enviado al Senado, desde una visión reflexiva y técnica. En esa línea, uno de los aspectos más relevantes, porque corresponde a uno de los ejes principales de la reforma planteada, es la creación del seguro social, sin embargo, dado que no existió acuerdo respecto al aumento de cotización, este seguro aún no tiene estructura de financiamiento. Por tanto, es responsabilidad del Senado establecer cómo se financiará esta nueva institucionalidad, que podría ser a través de cotizaciones extras o bien con impuestos generales, sin embargo, esta alternativa se ve poco alcanzable, puesto que se dependería de otra reforma, la tributaria.

También es destacable la creación del administrador previsional, cuya existencia implica una división importante en la industria de las AFP, puesto que esta entidad, de característica monopólica, será la encargada de todos los aspectos administrativos del sistema, como, por ejemplo, la recaudación, pago de pensiones, atención a clientes, entre otras.

De esta manera, la tarea de "administrar" los fondos, será independiente de la operación de la industria. En esa misma línea, se aprobó el concepto de IPP, Inversores Previsionales Privados, cuyo fin será la mera administración de los fondos, con el objetivo de generar rentabilidad y hacer crecer los montos de los trabajadores.

Actualmente, la administración del sistema, así como las inversiones, están en manos de las AFP. En esa misma línea, se aprobó la licitación de un porcentaje de los afiliados, a fin de disminuir las comisiones que se pagarían en el nuevo sistema, siempre con la autorización del afiliado.

A mi juicio, la división de la industria no equivale en una mejora per sé de las pensiones actuales y futuras, pero sí me parece destacable la nueva institucionalidad que se está gestando. Sin embargo, aún hay que hacerse cargo de problemas estructurales que afectan indirectamente las pensiones, como la informalidad, el bajo nivel de ingresos y las lagunas previsionales.

No cabe duda de que el sistema previsional es uno de los grandes "dolores" de nuestro país, por tanto, es de interés público su mejora.

Lamentablemente, polarizaciones e ideologías detrás de los bloques políticos no han permitido avanzar en soluciones que sean técnicamente viables. Por ejemplo, el 6% adicional, para el gobierno, con una propensión hacia lo público, debería ser íntegramente administrado por el Estado, y para la oposición, más liberal en términos económicos, esa mayor cotización debe quedar en manos de privados. Espero, para bien del país, que se llegue a un acuerdo, pero no a través de criterios políticos, sino que mediante un análisis técnico.

José Navarrete Oyarce,

director Magíster en Tributación