Pese a que el Senado aprobó el lunes la mutualización de la deuda de las isapres con sus cotizantes, las discrepancias han ido creciendo, ya que esta propuesta de la oposición aprobada por mayoría en la Sala rebaja el monto de devolución de los 1.180 millones de dólares a 451 millones de dólares, lo que de acuerdo con legisladores oficialistas no cumple con el fallo de la Corte Suprema y además sería inconstitucional.

Ayer un grupo de integrantes del Senado, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, anunciaron que preparan una presentación ante el Tribunal Constitucional para que elimine esa indicación. Juan Luis Castro (PS) afirmó en el Diario Financiero que la indicación opositora aprobada "es categóricamente un salvataje" a las aseguradoras privadas de salud.

Por ello, expuso que "ya hay 16 senadores del oficialismo que han firmado el documento para ser presentado, esperamos el viernes (mañana), en el Tribunal Constitucional. Ya estamos trabajando, hay reuniones de los equipos de abogados y esperamos en los próximos tres días que esto se concrete formalmente en una presentación que permita recoger cada planteamiento de fondo que nos indica que se transgredió la Constitución y un fallo judicial".

El senador Iván Flores (DC) añadió en radio Cooperativa que "lo que estamos haciendo es justamente intentar dar certeza y cumplir un fallo judicial, ni más ni menos, y por esa razón vamos a concurrir al Tribunal Constitucional. No puede ser que las alzas probables sean -al menos en la mitad de las isapres- sin techo. Vamos a tener una montaña rusa de alzas y bajas, porque ahora en enero se rebaja el ajuste de la prima GES y hay isapres que se mantuvieron dentro del valor que correspondía, alrededor de 10 UF, pero hubo otras que cobraron 25 UF por la prima GES y tienen que devolver".

Sin embargo, desde la oposición, Luis Pardo, exdiputado RN y director ejecutivo del Instituto Libertad, afirmó en radio Cooperativa que las "no podemos decir que por arte de magia se van a bajar todos los planes y nadie va a pagar la diferencia. Hay que fijar cuánto deben pagar las isapres. La mutualización lejos de ser un perdonazo, es volver al concepto de un seguro".

Gobierno se mide

El ministro de Justicia, Luis Cordero, coincidió con los oficialistas: "El Ejecutivo sostiene que la norma, como ha sido aprobada en estos términos, infringe la Constitución en dos sentidos. Uno, porque afecta la iniciativa exclusiva del Presidente. Y en segundo lugar, porque supone infringir la regla del artículo 76 de la Constitución sobre el cumplimiento de las sentencias judiciales. El Ejecutivo ha dado razones de por qué considera que eso es así y durante la tramitación en la sala hizo reserva de constitucionalidad sobre el punto".

No obstante, por ahora el Gobierno se resiste a recurrir al TC y Cordero afirmó con cautela que "el Ejecutivo considera que todavía queda un trámite en la Cámara de Diputados", para revertir la situación.

"Sin perjuicio de eso, los senadores tienen el legítimo derecho de plantear la cuestión de constitucionalidad ahora ante el Tribunal Constitucional, pero es un asunto que el Ejecutivo se pronunciara sobre la oportunidad una vez que se presente el escrito", añadió y recalcó que se trata de una "discusión sustantiva" y que "hay un acuerdo del problema constitucional que tienen esas normas".

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, explicó que el recorte de fondos para jardines infantiles responde a un ajuste en vistas de la falta de ejecución presupuestaria y reiteró que "la educación inicial para nosotros es muy importante, pero también es importante que el gasto sea eficiente".

El secretario de Estado detalló que "los reajustes que hubo durante la tramitación de la Ley de Presupuesto, y nosotros lo discutimos en la Comisión Mixta cuando fuimos a rendir la ejecución presupuestaria del 2023, era porque en materia de infraestructura, la ejecución ha sido históricamente lenta".

Cataldo expuso que "la pregunta que nos hicimos nosotros, es si tenemos que hacer ajustes para conseguir un presupuesto mucho más acotado. ¿Dónde vamos reduciendo líneas en el tema presupuestario? Y evidentemente que aquella línea que nosotros vemos con menor ejecución fue donde nosotros ajustamos y justamente ajustamos para que se ciñera a la capacidad histórica que han tenido Junji e Integra de ejecutar esos recursos".

Respecto del mismo tema enfatizó que "esto no es nuevo, pero obviamente se sincera la capacidad de ejecución que esas instituciones tienen".

También recordó que "en términos de gasto en general, efectivamente la Junji e Integra, la Subsecretaría de Educación Parvularia tiene un aumento de más del 2% para temas de calidad educativa, entonces hay que mirar bien el presupuesto. No es lineal de que aquí hay una baja, sino que más bien, han habido ajustes".

Consultado sobre si la primera infancia es prioridad para el Ejecutivo, Cataldo respondió que "el compromiso de Gobierno (con la educación inicial) está con su programa, con su plataforma de Gobierno y la primera infancia es parte de ese proceso. Estamos en un proceso de modernización y vamos a hacer las mejoras necesarias para mejorar la cobertura y obviamente la distribución de los recursos".

Según publicó ayer El Mercurio, el financiamiento para la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) cae desde 46 mil millones de pesos en 2023 a 31 mil millones en 2024, una merma del 33% (15.308 millones de pesos menos).