El Ministerio Público investiga una violación del secreto de sumario en el caso de Ronald Ojeda, luego de que la ministra del Interior, Carolina Tohá, cuestionara la forma en que se ha filtrado la información de la investigación que podría ser crítica para su buena resolución.

"Cada vez que llega una información impropia a los medios de comunicación es porque alguien que tuvo acceso a la carpeta incumplió su deber, violó la ley e hizo la filtración. Lo que hay detrás de una filtración es grave, es un delito y lo vamos a perseguir", afirmó la secretaria de Estado hace un par de días.

El fiscal Héctor Barros, que indaga el rapto y asesinato del exmilitar venezolano refugiado en Santiago, "inició investigación de oficio por violación de secreto ante divulgación de informe policial en causa de secuestro con homicidio de Ronald Ojeda", según dio a conocer el Ministerio Público.

La filtración de dicho documento, agregó la institución, "pone en riesgo diligencias y a víctimas y testigos".

La Justicia inició el lunes bajo total hermetismo la audiencia de imputación contra un venezolano de 17 años por su presunta responsabilidad en el crimen de Ojeda, cuyos restos fueron encontrados en un campamento de Maipú la semana pasada.

El fiscal Barros informó el lunes que se identificó a otros dos sospechosos y vinculó a la banda criminal Tren de Aragua, nacida en una cárcel venezolana y extendida por Chile, Perú y Bolivia, con el crimen de Ojeda.

Sin embargo, pocas horas después se dio a conocer parte de lo declarado por el adolescente, quien afirmó que su participación fue circunstancial porque acompañaba a un amigo que estaba confabulado con los secuestradores, que Ojeda fue sacado solo vestido con calzoncillos, que su acompañante grabó la salida desde el edificio porque los captores se lo mostraron, video que posteriormente fue borrado.

También se supo la identidad de otros dos sospechosos: uno es Walter Rodríguez Pérez, supuesto jefe de la operación del secuestro y exfuncionario de la Gobernación de Aragua, dependiente del régimen de Nicolás Maduro; y el otro es Maikel Villegas Rodríguez. Se sospecha que ambos ya escaparon del país.

"Es grave"

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a esta decisión de la Fiscalía de investigar las filtraciones y apuntó a la importancia de que se mantengan las diligencias bajo secreto.

"La ministra (Carolina Tohá) fue muy clara en esta materia: en un delito de la gravedad que implica un secuestro donde está en riesgo la vida de una persona -en este caso lamentablemente la persona perdió la vida- y el fiscal determina el secreto de la investigación. El secreto de la investigación no es para que el país no tenga transparencia, el secreto de la investigación es porque esa información es sensible para proteger la vida de la víctima, para poder identificar a los responsables y para poder garantizarle al país que no haya impunidad en delitos de esta naturaleza", sostuvo la autoridad.

También recalcó que "la filtración es grave porque coloca en peligro todos estos elementos: la vida de las víctimas, la vida de los testigos, el éxito de la investigación, la posibilidad de encontrar a los responsables y de castigarlos. Coloca en riesgo todo aquello".

"No se puede permitir las filtraciones en investigaciones de esta naturaleza. Por eso nosotros somos muy partidarios, primero que se investigue de donde salen las filtraciones y que se sancionen las filtraciones. No nos podemos acostumbrar", agregó.

Finalmente, aseveró que "no estamos dispuestos a permitirlo. Por eso hemos sido muy duros en esta materia y agradecemos que el Ministerio Público y el Fiscal haya abierto de oficio una investigación para determinar responsabilidad en estas filtraciones".

Durante el último tiempo se ha generado un importante debate respecto de las dificultades para poner en marcha proyectos de inversión en Chile. A este respecto, un interesante estudio de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad titulado "Análisis de los permisos sectoriales prioritarios para la inversión en Chile" (agosto 2023), concluyó que nuestro país tiene "un sistema de permisos que desincentiva el desarrollo de inversiones, especialmente aquellas de mayor magnitud, ya que son precisamente estas las que requieren los permisos prioritarios más complejos y que presentan un desempeño deficiente".

El problema es que aquella deficiencia conduce muchas veces a la paralización o, en el peor de los casos, al desistimiento de proyectos, con la consiguiente repercusión en la generación de ingresos para el Estado (vía tributos), así como la no generación de empleos. Por eso, uno de los más relevantes desafíos que afronta nuestro país, es procurar conciliar el ejercicio de derechos fundamentales, el desarrollo económico y la protección del interés general. Esto implica que el Estado debe lograr un sano equilibrio entre todos aquellos factores, a través de regulaciones jurídicas que, sobre bases técnicas, fijen procedimientos que los hagan compatibles. Se trata de una tarea compleja, porque si bien el interés general conlleva necesariamente la protección medioambiental, cultural y arqueológica, parece evidente que también abarca el desarrollo económico y la generación de riqueza para el país. Y no parece acorde al interés general fijar regulaciones que impliquen sacrificar o anular totalmente alguno de los factores en juego, so pretexto de proteger o garantizar los otros.

A fin de evitar o, al menos, disminuir aquel riesgo, las regulaciones que implementa el Estado deben responder a los principios de razonabilidad y de proporcionalidad, principios jurídicos que ayudan a que la consecución del interés público se haga con pleno respeto a los derechos y libertades de las personas. La razonabilidad implica la interdicción de la arbitrariedad, o, lo que es lo mismo, la exigencia de que las actuaciones estatales sean razonables y no producto de caprichos. Una actuación no razonable salta a la vista y aparece de manera más o menos evidente. Tal sería el caso, por ejemplo, de una regulación que, con el fin de proteger el medio ambiente, fija estándares y niveles imposibles de cumplir.

Por su parte, la proporcionalidad ayuda a resolver los problemas que pueden surgir respecto de aquellas regulaciones que, en principio, parecieran ser razonables y no arbitrarias, pero en las que igualmente surgen dudas respecto de si el grado de intervención que involucra tal regulación, es o no lícito. La actuación será desproporcionada cuando habiendo más de una alternativa regulatoria, se opta por la que involucra un mayor grado de intervención en los derechos y libertades, o cuando la gravedad de la intervención no guarda proporción con la urgencia o necesidad de los objetivos regulatorios.

La utilidad de estos criterios debiera ponerse a prueba durante la tramitación del "Proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales", presentado hace algunas semanas por el Presidente de la República e ingresado a la Cámara de Diputados, cuyo objetivo es eliminar las innumerables barreras y obstáculos que deben sortear los proyectos de inversión. En concreto, los parlamentarios deberían examinar si las diversas medidas contempladas en esta iniciativa de ley, resultan o no ajustadas a los ya mencionados principios de razonabilidad y de proporcionalidad.

*Profesor de Derecho Constitucional e investigador de Polis, Observatorio Constitucional de la U. de los Andes