Chile registra la natalidad más baja en una década, lo que tiene efectos sociales y económicos. Una población envejecida supone la creación de nuevas políticas públicas que vayan en línea con esta realidad que, a su vez, obliga a repensar la forma en que se destinan los recursos disponibles.

Según cifras del Registro Civil, durante el año 2023 sólo se registraron 173.920 nacimientos en todo el país, la cifra más baja de una década, marcando una tendencia que ya se venía dando después de 2014, año en que hubo 251.011 partos. Desde entonces, la cifra no ha hecho más que disminuir.

El envejecimiento de la población es una realidad, inversamente proporcional al número de nacimientos. Es evidente que desde hace unos años la natalidad en nuestro país muestra retrocesos que hacen insuficiente asegurar el recambio generacional. Esta situación abre un problema estructural, ya que observamos una población en franco envejecimiento, a menos que como sociedad se trabaje en políticas de incentivo a la natalidad. Sea cual fuere la decisión, no parece que Chile esté adoptando las correcciones para enfrentar tal desafío.

Lo económico es clave al definir el número de hijos. Por ello, el grueso de la clase media estima como ideal el número de uno a dos hijos, cifra manejable en términos de los costos que implicaría su cuidado y especialmente por la inversión requerida en educación, que se ha ido extendiendo. Hemos pasado, en el plazo de una generación, desde una exigencia de educación secundaria hasta una profesional o técnica, lo que implica al menos cinco años de estudios de pregrado. Hay otro fenómeno global: el fuerte ingreso de la mujer al mundo del trabajo, por lo que se ha postergado la familia por la búsqueda de recursos y el necesario crecimiento de ese segmento.

Según cifras oficiales de Carabineros de Chile, entre 2013 y 2023 en la Macrozona Sur se materializaron 8.423 hechos de violencia, 56 personas fallecidas, 1.325 personas lesionadas y 4.630 bienes destruidos. Es un hecho que la crisis de seguridad ha impactado, desde la perspectiva de los derechos humanos, no solo en el goce y disfrute de los derechos civiles y políticos como en el derecho a la vida o el de propiedad, sino también, en los derechos económicos, sociales y culturales de familias mapuches y no mapuches, teniendo especial relevancia el derecho a la educación.

El párrafo 1° del artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el "derecho de toda persona a la educación" y, de acuerdo a la Observación General N° 13 de Naciones Unidas, "la educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos".

En el período señalado, 37 escuelas fueron destruidas en virtud de atentados incendiarios distribuidos en 2 regiones, 4 provincias y 13 comunas. El año 2023 fueron 6. La Resistencia Mapuche Malleco es la orgánica radicalizada y terrorista que más atentados se adjudicó en esta línea. La Araucanía, la más afectada y dentro de esta, la provincia de Malleco con las comunas de Victoria y Ercilla.

Como Estado, Chile se encuentra obligado en tres ámbitos en relación al derecho a la educación: el respeto (abstenerse de intervenir en el disfrute del derecho), la protección (impedir que otras personas interfieran en el disfrute del derecho) y la realización (adoptar medidas apropiadas con miras a lograr la plena efectividad del derecho). Respecto de la obligación de protección, claro es que no se ha impedido por parte del Estado la interferencia en el derecho a la educación por parte de terceros. La gran cantidad de establecimientos educacionales completamente destruidos por acción del terrorismo da cuenta de esa falencia evidente en esta materia.

En tal sentido, urge al Estado dos deberes: por un lado, desarticular estructuralmente la referida orgánica radicalizada y terrorista, y también todas aquellas que pretendan emular esa acción, previniendo nuevos atentados y afectaciones al derecho a la educación, y por otro, el deber de que en las escuelas destruidas, se garantice su reconstrucción en tiempo y forma, de manera tal que se minimice al máximo la afectación al derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes.

Pablo Urquizar M.

Excoordinador Nacional de Seguridad de la Macrozona Sur