Tribunal decreta prisión preventiva para trabajador del Colegio Aplicación
CASO. Se trata del encargado de mantenimiento a quien se le imputa el delito de abuso sexual infantil reiterado en contra de tres menores de seis años.
El magistrado Luis Olivares, del Juzgado de Garantía de Temuco, decretó ayer prisión preventiva para el encargado de mantenimiento del Colegio Aplicación de Temuco, David Alejandro Molina Molina, quien fue contratado por una empresa externa que prestaba servicios al establecimiento.
La cautelar se enmarca en la audiencia de formalización de cargos que realizó el Ministerio Público en función de tres gravosos delitos consumados: abuso sexual infantil, con carácter de reiterado, en contra de dos niños y una niña.
Todos tienen seis años y son estudiantes de primer año básico del Colegio Aplicación de Temuco, establecimiento particular subvencionado de la Corporación Educacional San Lorenzo.
Además, se fijaron 4 meses de plazo para la investigación, siendo más de 15 años de cárcel efectiva los que arriesga el imputado, pero sólo respecto de estos tres menores.
Esto, porque el persecutor no descartó ampliar la formalización de sumarse más víctimas. De hecho, los apoderados que llegaron ayer al tribunal hablaron que serían más de 20.
FORMALIZACIÓN
Según explicó el persecutor Ítalo Ortega, los ilícitos presuntamente perpetrados por el imputado se habrían cometido entre marzo y el 18 de abril de este año en dependencias del establecimiento.
Al respecto, Ortega detalló que el imputado habría cometido los abusos de connotación sexual en los baños del colegio, mientras los niños iban solos en horario de clases, antecedentes que recogió de las entrevistas videograbadas a las víctimas, según lo estipula la ley para estos casos.
El contenido de los relatos respectivos no es posible difundirlos por resguardo a la integridad de las víctimas, acotando el fiscal al término de la audiencia que todos los menores fueron derivados a la Unidad de Atención de Víctimas del Ministerio de Interior.
La Defensoría Penal Pública, por su parte, se opuso a la prisión preventiva, alegando que la Fiscalía "no entregó antecedentes concretos de participación" en los hechos de su representado, toda vez que los niños hablan del tío "fontanero", sin mencionar el nombre del imputado, quien llevaba tres años en el colegio.
El persecutor también reveló en la formalización, a modo de agravante, que el imputado posee un historial de condenas previas, la mayoría correspondientes al sistema antiguo, pero ninguna de ellas vinculadas a los hechos imputados.
Se trata de hurto, lesiones y conducción en estado de ebriedad. Solo de esta última estaba en conocimiento el sostenedor, pues las anteriores no aparecen en el sistema.
Así lo indicó al término de la audiencia el directivo de la Corporación Educación San Lorenzo, Juan Bahamonde, quien dijo que "si hubiésemos sabido que tenía condenas anteriores por robo no lo hubiésemos contratado. Sólo estábamos en conocimiento del manejo en estado de ebriedad, condena que no lo inhabilita para trabajar con niños".
Bahamonde dejó en claro que como sostenedores están muy afectados, reconociendo que se "pudieron haber cometido errores" en el abordaje de la situación y la comunicación con los apoderados. También consignó que como sostenedores ingresaron ayer una querella en este caso y que están evaluando las pérdidas tras la vandalización del colegio, el cual permanece sin clases hasta que puedan reparar los daños.
"El tribunal ha dado lugar a la prisión preventiva solicitada, en función de la gravedad de los hechos, la reiteración de los mimos, la pluralidad de víctimas y la afectación del bien jurídico que tutela la ley".
Ítalo Ortega Silva,, fiscal adjunto Temuco