Recientemente entró en vigor en nuestro país el artículo 17N de la Ley 21.398, o Ley "Pro-Consumidor" la que establece una serie de nuevos derechos para los consumidores en distintos ámbitos, elevando así, el estándar en materia de protección para este grupo.

A pesar de que esta ley data del año 2021, su aplicación total se ha realizado por etapas estableciendo nuevos derechos en diversas materias e industrias, tales como garantías, comercio electrónico, educación superior, automotoras, entre otras. El artículo en cuestión, 17N se refiere específicamente al mercado financiero y establece una nueva forma de relación entre las instituciones financieras y sus clientes.

Entre muchas iniciativas, destacan que un cliente puede solicitar el bloqueo permanente de tarjetas de crédito sin que los bancos cobren mantenciones.

Uno de los cambios más importantes, según José Navarrete, director de Magíster en Tributación de la Universidad Andrés Bello, tiene que ver con la obligación de los bancos de analizar la solvencia económica del consumidor, ante cualquier operación de crédito e informar los resultados de este análisis. Dentro de esa línea, el reglamento publicado en el Diario Oficial en agosto del año pasado, indica que todas las instituciones financieras deberán realizar un análisis detallado de la solvencia económica de los consumidores usando datos precisos y actualizados, obtenidos de fuentes oficiales.

Se insiste en la necesidad de incorporar la educación financiera en el día a día de las personas. Los altos niveles de endeudamiento y morosidad que han mostrado estudios recientes validan esa necesidad. Sin embargo, para que esto se concrete, es necesario que el sistema sea más transparente y este nuevo marco normativo va en la dirección correcta.

La participación es un derecho y como tal, debe constituirse en un hecho cierto que ocurra en todos los entornos próximos de nuestra vida como personas; seres humanos que más allá del YO somos capaces y competentes para construir un NOSOTROS.

La participación es un ejercicio multidimensional, auténtico, sostenido y profundo, que nace desde desde los valores, actitudes, habilidades y competencias que este proceso es capaz de potenciar en cada uno de nosotros como ciudadanos.

Es también un Principio Educativo, que se vive y se experimenta de forma significativa; se defiende como un valor, como una metodología que busca el crecimiento personal y la construcción de una comunidad.

Es un ingrediente fundamental del crecimiento que configura la identidad personal y social de cada uno de nosotros.

Y es en esta participación, genuina, activa y constante que estamos propiciando, donde nuestros niños y niñas son protagonistas, porque cada uno de ellos y ellas son capaces, competentes, seres en sí mismos y también parte de un todo, de una comunidad local y social amplia, en la que tendrán derechos y responsabilidades en el tránsito de toda su vida, y es nuestro deber guiarlos desde temprana edad.

Implicarse y participar desde la infancia tiene que ver con que niños y niñas incidan y transformen la realidad próxima y cotidiana que viven.

Ello hará que poco a poco ellos y ellas tomen roles diversos en el entorno en que viven, para que desde la niñez sean ciudadanas y ciudadanos implicados y comprometidos con sus comunidades.

Andrea Fernández Toledo directora regional Junji Araucanía