"Subir las penas no asegura que habrán menos delitos, la solución es prevención y reinserción"
Carlos Mora Jano (53) lleva dos años y medio como defensor nacional. Llegó al cargo de jefe máximo de la Defensoría Penal Pública (DPP) a mediados de octubre del 2021.
La noticia causó orgullo en el círculo de abogados de La Araucanía, por cuanto Mora es recordado por haberse titulado en la Universidad de Temuco y por su desempeño como defensor penal en la Defensoría Local de Villarrica, entre 2001 y 2003.
Su cercanía con La Araucanía lo mantiene pendiente del proyecto de construcción de un edificio institucional para la Defensoría Penal Pública en La Araucanía, ya que la institución ha debido dividir su labor en diferentes inmuebles en Temuco, desde que se creó con la implementación de la Reforma Procesal Penal.
-¿Cómo va la construcción del edificio de la DPP a los pies del cerro Ñielol?
-Para nosotros como Defensoría, este edificio es muy importante. Es el edificio más moderno que tendrá la Defensoría a nivel país. Es un edificio de unos dos mil 300 metros cuadrados construidos y en el que vamos a poder albergar todas las unidades de prestación a público, como por ejemplo, oficinas para los defensores públicos, las defensorías especializadas como la Defensoría Mapuche y la Defensoría Penitenciaria. De esta forma, vamos a poder prestar un servicio integral, todos los servicios de la Defensoría en un mismo edificio, ubicado cerca de tribunales y de la Fiscalía.
Sistema penal
-¿La Defensoría mantiene su postura institucional que refiere a que en Chile "se abusa de la prisión preventiva"?
-No solo la DPP, creo que estamos todos de acuerdo. También hay ONGs que así lo han señalado. Creemos que hay un abuso de la prisión preventiva, pero desde varios puntos de vista. No es solamente desde la petición para que una persona quede presa, sino el tiempo que quedan privadas de libertad y las formas de término, que generalmente son distintas a una condena efectiva. Lo que señalamos es que como la prisión preventiva es la cautelar más gravosa, tiene que ser muy excepcional, porque significa que alguien queda privado de libertad. No tiene que ser una ecuación matemática, de que si se cumple uno o dos criterios, la persona quede en libertad. Lo señalamos desde el punto de vista de los resultados o lo que nos está señalando nuestro sistema procesal penal: solo un tercio de las personas que estuvieron privadas de libertad durante el 2023 terminaron siendo condenadas a cárcel efectiva. O sea, el sistema está hecho al revés, para que las personas privadas de libertad queden condenadas a una pena efectiva, y no viceversa. Entonces, podemos señalar que la prisión preventiva se está concibiendo como una pena anticipada. Se formaliza, se envía a prisión preventiva, y se termina de otra forma que no es cárcel efectiva. Y eso no cuadra en el sistema penal.
-¿Cómo va el "Proyecto Inocentes" de la DPP?
-El Proyecto Inocentes es una iniciativa de la DPP que nace en el año 2013 para relevar los casos de personas que han estado privadas de libertad pero que no han perdido su estatus de inocentes. Desde que comenzó la reforma procesal penal hemos tenido 40 mil personas que han estado privadas de libertad sin perder la calidad de inocentes. Solo durante el año 2023, dos mil 700 personas estuvieron en prisión preventiva siendo inocentes. Esta cifra, en la Región de La Araucanía, es superior a las 600 personas. El Proyecto Inocentes nos permite visibilizar esta situación. Podemos entender que el sistema no es perfecto y que pueden haber ciertos errores en la investigación que deriven en que una persona pueda quedar privada de libertad. Pero lo que no podemos entender son los horrores, porque una persona inocente privada de libertad, con todas las consecuencias que significa, es echarle a perder la vida de la peor manera a ella y a todos sus familiares y amistades, además de los efectos sociales y laborales.
-¿Usted cree que la prisión preventiva se aplica de forma desigual ante determinadas circunstancias de las personas?
-En algún momento se dijo que "en Chile se encarcela la pobreza". Hace muchos años atrás, estuvimos de acuerdo con esa frase. Actualmente, han habido proyectos de modificaciones legislativas en las que las penas se han exasperado de una manera gigantesca. En ese sentido, el día de hoy, con las penas tan elevadas que tenemos, podría señalar que cualquier persona o por cualquier delito, incluso aquellos de cuello y corbata, pueden caer en prisión preventiva. Actualmente, cuidaría un poco en decir que hay una desigualdad, porque han habido modificaciones legales que han subido las penas en todo tipo de delitos.
-¿Y eso es bueno o es malo?
-Depende del punto de vista. Como institución, hemos señalado que el hecho de exasperar las penas no va a generar una consecuencia directa en la tasa de delitos. Eso está comprobado con estudios. No por subir las penas se cometen menos delitos. Lo que hemos dicho es que la forma más efectiva de lograr una baja en la criminalidad es a través de la prevención y la reinserción. Eso es lo fundamental para cortar el círculo vicioso de la reincidencia.
-En medio de la crisis de seguridad que vive el país, surgen críticas a la función de la Defensoría, por cuanto es la institución que defiende a imputados...
-Tendería a discrepar en cuanto a que somos criticados por la opinión pública a nivel general. Somos una de las instituciones de justicia con mayor aprobación ciudadana, incluso con mejores puntajes que los tribunales o la Fiscalía. Por lo tanto, creo que la gente comprende nuestro rol dentro del sistema. Creo incluso que hay gente que está muy conforme con el desempeño de la DPP porque sabe que si por alguna circunstancia son imputados por algún hecho que tiene características de delito, tendrán a un profesional de calidad que los van a defender. Ahí es donde nosotros decimos que defendemos a todas las personas por igual: da lo mismo el sexo, género, edad, situación social, partido político o ideología. No hacemos ninguna diferencia y en ese sentido estamos orgullosos de transmitir que somos una institución técnica, más allá de cualquier tipo de presión política.
"La forma más efectiva de lograr una baja en la criminalidad es a través de la prevención y la reinserción. Eso es lo fundamental para cortar el círculo vicioso de la reincidencia". "La prisión preventiva se está concibiendo como una pena anticipada. Se formaliza, se envía a prisión preventiva, y se termina de otra forma que no es cárcel". "Somos una de las instituciones del sistema de justicia mejor evaluadas, incluso mejor que tribunales o Fiscalía. Creo que la gente entiende nuestro rol".