El exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, reconoció un error por sus dichos contra el excarabinero Sebastián Zamora, absuelto del delito de homicidio frustrado en el caso Pío Nono, ocurrido en octubre de 2020, cuando el dirigente del Frente Amplio era diputado.

Entonces Jackson calificó a Zamora como un "funcionario criminal". Y ayer en el programa Estado Nacional de TVN reconoció que "hago el mea culpa. Y creo que hay que hacer un mea culpa en la justa medida. Lo principal es que creo que reaccionamos muy rápido, con poca información y creo que eso es algo que tenemos que aprender de los procesos políticos, que en general eso conduce a errores".

Y reiteró que "yo creo que estuvo mal, que fue un error lo que escribí en ese momento y en esos términos". Y añadió sobre un posible ofrecimiento de disculpas al excabo que estaría "feliz de tener la conversación con él".

El ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, llamó a los parlamentarios de todos los sectores a tener "una reflexión serena" cuando corresponda tramitar el veto que ingresará el Gobierno para que se reponga la multa como parte del voto obligatorio en el marco del proyecto que amplía las elecciones regionales y municipales de octubre.

La iniciativa ha tenido una serie de traspiés, pese a que se aprobó que los comicios se desarrollen en dos días. Pero el tema de las multas por no sufragar primero fue rechazado porque los diputados consideraron alto el monto (hasta 200 mil pesos) y, luego de que se acordara bajarla en la Comisión Mixta, los senadores lo rechazaron porque incluía a los extranjeros con derecho a voto entre quienes están obligados a participar, lo que según algunos es inconstitucional.

Por ello el Ejecutivo al anunciar el veto que se presentará la próxima semana, luego del periodo distrital, para cuando Elizalde pidió en entrevista con Meganoticias "una reflexión serena de cómo se implementa el mandato constitucional respecto de la obligatoriedad del voto".

El secretario de Estado expuso que "en este proyecto está contenida la sanción y hemos señalado que a propósito del rechazo que hubo en el Senado vamos a presentar un veto que aplica una sanción a los ciudadanos y ciudadanas", y no a los electores como se planteó en el informe de la Comisión Mixta, término que sumaba a los extranjeros con derecho a voto.

Faltó disposición

Al responder cómo se explican los rechazos del oficialismo en ambas cámaras, el titular de Segpres explicó que "algunos votaron en contra porque consideraban que la multa era muy alta y propusimos bajarla. Otros votaron en contra porque consideraban que sólo debía aplicarse a los ciudadanos y no al conjunto de electores. Y otros votaron en contra porque no creen en el voto obligatorio".

El ministro añadió que "esa suma hizo que no fuera posible alcanzar el quórum necesario para aprobar el proyecto y cuando participé en la Comisión Mixta planteo la necesidad de llegar a un acuerdo y creo que faltó disposición a llegar a acuerdos".

Y en lo relativo a las acusaciones de la oposición sobre una presunta conveniencia del oficialismo para oponerse a la obligatoriedad del voto, Elizalde advirtió que "a veces quienes dicen que hay cálculo político o electoral están haciendo una proyección psicológica, porque hasta hace poco eran contrarios al voto obligatorio".

Veto con votos

Sin embargo, los llamados de Elizalde no impactan necesariamente en todos los sectores oficialistas. Una muestra de ello es que el diputado comunista Matías Ramírez advirtió que todavía su sector no define una postura porque "aún no se conocen los detalles, lo que es relevante para saber si se cuenta con el apoyo por parte del oficialismo".

Y el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) afirmó que desde la oposición esperan que "si el Gobierno presenta un veto, éste venga acompañado con votos, porque si no va a ser simplemente una forma de lavarse las manos". A esto sumó que requieren que el Ejecutivo "pueda recapacitar con su postura y no dividir entre personas con derecho a voto A y B", en referencia a la opción de sancionar a los extranjeros que, habilitados para sufragar, no participen del proceso.