En estos días de frío extremo es oportuno reflexionar acerca de aquellos que enfrentan esas condiciones extremas durante el día y la noche, "las personas en situación de calle", muchas veces invisibles y quienes, por diferentes causas, problemáticas, han debido transformar la calle en su lugar cotidiano.

Según el Ministerio de Desarrollo Social este 2024 ha aumentado considerablemente la cantidad de personas en situación de calle, por tanto, son cada vez más aquellas personas expuestas a la intemperie cotidiana, a la dureza de la calle, al frío, no sólo en cuanto a temperatura, sino también a la indiferencia, cuando como sociedad los invisibilizamos y estigmatizamos. Según Rosa Hernández, académica de Terapia Ocupacional de la Universidad Andrés Bello, la falta de techo no es el único problema que enfrentan estas personas.

La situación de las personas sin hogar se ha caracterizado históricamente por la carencia de una "casa", es decir, de un lugar físico donde vivir. Hoy en día, generar esas condiciones es una prioridad para proteger sus vidas. Sin embargo, proporcionar "un techo" no es suficiente para resolver la situación de vulnerabilidad de esta población. Aunque les proteja del frío, no aborda problemas como el estigma, la soledad, y la carencia emocional, social y cultural.

Es necesario que esa situación de calle sea considerada como aquella pérdida de vínculos sociales, o bien esa re-afiliación social, considerando las restricciones ocupacionales de la población. Se necesita de una perspectiva de género y comunitaria, con un trabajo territorial, que construya una comunidad donde todos nos involucremos para proteger a las personas del frío de la calle, y de ese frío social que convierte a otro/otra en un invisible.

Fueron 1.221 días los que duró la tramitación en el Congreso Nacional de los boletines N° 13.657-07 y 14.015-25, que refundidos, dieron origen a la nueva ley de usurpaciones, la ley N° 21.633. Más allá de las acaloradas discusiones de los parlamentarios, a más de 6 meses de su entrada en vigor, el acierto de quienes impulsaron una modernización de la legislación, todos legisladores de la Región (Aravena, García Ruminot y Kast), a la luz de la información oficial de Carabineros de Chile, parece evidente.

Se debe recordar que la usurpación es parte de la estrategia político militar de las orgánicas radicalizadas y terroristas (basta leer el libro Chem Ka Rakiduam de la CAM). Como su penalidad hasta hace muy poco era muy baja, simplemente de multa, no se podía detener y, además, la flagrancia duraba 12 horas, constituyendo un elemento central en el control territorial. Sólo entre 2013 y 2023 se materializaron 1.066 usurpaciones en la Macrozona Sur.

En buena hora, los problemas estructurales de la normativa que databa de 1.874 fueron corregidos. Por ello, los resultados están a la vista: en los primeros 6 meses de vigencia de la nueva regulación, las usurpaciones se han reducido un 46%. Del total de usurpaciones realizadas en dicho período, se detuvieron a 136 personas, algo impensado en relación con la legislación anterior. Pensemos en que Héctor Llaitul, cabecilla de la CAM, recientemente fue condenado por usurpación violenta. Sin embargo, la pena que tuvo fue de tan solo 15 unidades tributarias mensuales. Asimismo, sólo el 2,9% de las usurpaciones correspondió a la modalidad de violenta (que contiene violencia o intimidación), lo que también da cuenta de una menor agresividad en la materialización del delito.

Con todo, hay al menos dos desafíos que subsisten. El primero, dice relación con las investigaciones penales en curso y la interrogante de si los usurpadores serán condenados con la nueva ley. De nada serviría si es que sólo se detienen, pero no se sancionan penalmente, habría ahí un problema que tarde o temprano será utilizado por las orgánicas radicalizadas y terroristas de la zona. El segundo desafío, se refiere a la necesidad de ir disminuyendo cada vez más las usurpaciones, los usurpadores deben tener todos los desincentivos para materializar sus actos delictuales, para ello, las señales que se entreguen de parte del Estado son cruciales.

Así las cosas, a más de 6 meses de la nueva ley de usurpaciones, su utilidad ha sido evidente teniendo consecuencias beneficiosas para la región y para la Macrozona Sur.

Pablo Urquízar M.

excoordinador Nacional de Seguridad de la Macrozona Sur