Los profesores han esperado más de 40 años por una solución a la denominada Deuda Histórica que se generó cuando la administración de los establecimientos educacionales se traspasó del Estado a las municipalidades, el año 1981, provocando un perjuicio salarial.

En la Región, según un catastro preliminar del Colegio de Profesores, son más de 4 mil los docentes que aún esperan por una solución a esta sentida y a estas alturas impagable demanda, la cual por primera vez avanzó desde las calles y mesas de trabajo a un proyecto de ley que ingresó el Gobierno al Congreso, cumpliendo así con una promesa de campaña presidencial.

PROYECTO

La seremi de Educación, Marcela Castro Armijo, precisó que el proyecto de ley contempla una "reparación" consistente en el pago individual, por única vez y en dos cuotas, de un monto de 4,5 millones de pesos a cada docente afectado vivo.

"Una vez que se promulgue la ley, el pago se haría en dos cuotas, octubre y enero del año siguiente, dividiendo a los docentes en grupos distribuidos en seis años, partiendo por aquellos de mayor edad o con enfermedades", acota Castro, junto con detallar que el proyecto de todas maneras contempla la elaboración de un catastro final con los beneficiarios, de modo de actualizar los datos preliminares.

La autoridad regional de Educación añadió que el proyecto que espera beneficiar a más de 57 mil docentes en todo el país tiene la validación del 82% de gremio a nivel nacional tras haber sido consultado a las bases, en octubre.

Según precisó el presidente regional del Colegio de Profesores, Pablo Pincheira, "los docentes beneficiarios de la deuda histórica en la Región en su mayoría están jubilados, aunque aún quedan algunos activos. En promedio tienen 75 años de edad y reciben pensiones paupérrimas que van entre los $150 mil y $250 mil".

Tanto la seremi de Educación, como el representante regional de los profesores, se mostraron esperanzados con la aprobación de la iniciativa, realizando un llamado a los parlamentarios, sobre todo de la Región, a empatizar con la demanda.

El próximo lunes en la sede de los profesores se realizará una reunión informativa con los beneficiarios y autoridades de Gobierno.

"Con este proyecto de reparación de la Deuda Histórica se hace justicia y reconoce la labor de los docentes que en época de dictadura fueron dañados".

Marcela Castro, seremi de Educación

"Nunca había habido un monto sobre la mesa, por eso los colegas aprobaron la propuesta. Se entendió que es ahora o nunca porque año a año están falleciendo".

Pablo Pincherira,, presidente regional, Colegio de Profesores

El doctor Carlos del Valle Rojas, exdecano durante nueve años de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de La Frontera, emitió una declaración pública criticando la carta que enviaron cuatro de los seis decanos a la Junta Directiva de la casa de estudios estatal solicitando la renuncia del rector Eduardo Hebel, en el marco de la actual crisis financiera y la desvinculación de 298 trabajadores como parte del plan de ajuste presupuestario, el cual se está realizando con la supervisión de la Superintendencia de Educación Superior.

A juicio del exdecano Carlos del Valle, a dicha carta le "faltan contrapuntos" porque "los decanos (que suscribieron) también son responsables, ya que utilizan los mismos recursos centrales".

Al respecto, la exautoridad universitaria planteó que "ellos (decanos) solicitan los recursos a la administración central para sus gastos y proyectos y que no tienen recursos propios para asumir estos costos. Hay que revisar esta situación también porque aquí hay una estrategia para desmarcarse, dado que sus facultades son las que más recursos recibieron. Fui decano por nueve años y conozco la situación", argumentó a El Austral.

En su declaración reconoció que leyó la carta "con asombro" y que habiendo sido decano, "también fui testigo de momentos muy difíciles, con paralización de actividades durante varios meses, incluso con la amenaza de perder el financiamiento estatal; pero nunca se planteó que la solución consistía en romper la institucionalidad y pedir la renuncia de las autoridades".

Añadió que dicha solicitud "es un oportunismo delirante y un aprovechamiento político. Una táctica para acentuar la crisis y sacar provecho de ello, toda vez que, según la normativa vigente, la salida de todo el gobierno universitario abre el paso para que asuma uno de los decanos".

El senador Francisco Huenchumilla (DC), junto con solidarizar con los 298 funcionarios despedidos en la Ufro, llamó a las autoridades de Educación a "sincerar a nivel de Estado la profundidad y las causas de la crisis", de modo de abordar el endeudamiento "con realismo" y en el contexto de la situación estructural de las universidades estatales.

En este sentido argumentó que más que un problema de gestión puntual, lo que habría que preguntarse es si "lo que vemos aquí es un problema del modelo, de falta de recursos, que son insuficientes y empujan a las universidades al endeudamiento y al déficit crónico".

Asimismo, añadió que "las universidades públicas funcionan, en una parte, con dinero que es de todos los chilenos; por lo que encontrar problemas de gestión, sobresueldos u otras fallas es doblemente lamentable", indicó el legislador.