Diversos organismos están realizando por estos días campañas en las que llaman a las personas a no comprar, no usar y no vender fuegos artificiales, con el fin de prevenir las quemaduras de la piel e incendios forestales durante las fiestas de fin de año. Estas afectan especialmente a los niños y dejan secuelas que pueden ser irreversibles.

La ley número 19.680, promulgada en mayo de 2000, prohibió la compraventa y uso de fuegos artificiales con fines domésticos y las denuncias de las personas que sean testigos de estos casos deben realizarse en Carabineros. Las querellas van directamente a los Juzgados de Garantía. Asimismo, la ley número 17.798, sobre Control de Armas y Explosivos, sanciona la tenencia de artículos pirotécnicos, sus componentes, y objetos de similar naturaleza.

La sanción por posesión de estos elementos es de presidio menor en su grado mínimo, con penas que van desde los 61 a los 540 días, o multas de entre 5 y 20 unidades tributarias mensuales.

Si bien normalmente es en diciembre cuando se efectúan los mayores decomisos, también es el mes en que se registran más niños quemadas por estos fuegos de artificio.

La Corporación de Ayuda al Niño Quemado (Coaniquem), desarrolla la campaña nacional "No más Fuegos Artificiales" porque en estas fiestas se expone principalmente a los niños. Estas quemaduras son evitables y si bien la ley 19.680 del año 2000 logró una disminución de casos afectados en los años iniciales, éstos siguen presentándose.

La ciudadanía debe tomar conciencia del peligro y el daño que ocasionan los siniestros en el área urbano-rural, sobre todo en estas fechas, porque a pesar de la prohibición, los elementos pirotécnicos siguen provocando quemaduras por mala manipulación e incendios forestales cuando éstos caen en pastizales.

Existe anomia social y la podemos visualizar a diario cada vez con mayor frecuencia. Pasarse un semáforo en rojo, cuando se bota basura en la calle, se degrada la naturaleza, se venden las cosas con fechas caducadas más grave aún cuando las instituciones privadas y estatales evidencian comportamientos diferentes para los cuales fueron creadas. O cuando el banco roba, los centros de estudio pierden los valores y principios por pertenecer a sectores privados o populares, las licitaciones públicas están arregladas, o cuando los negocios y empresas comercializan con la desgracia de las personas ante un desastre o de salud.

Probablemente para muchos es común este comportamiento ya que, en su construcción social desde la niñez, juventud o factores culturales, este tipo de acciones ha sido aprobado por su entorno cercano y se normaliza y esto se va agudizando.

Es a esto a lo que se le llama anomia social y se presenta en cambios sociales bruscos radicales, donde las normas establecidas ya no sirven. Es la respuesta a la desesperanza política, social, económica, a la corrupción y al nepotismo y a las injusticias.

Las causas evidentes que nos encaminan a esta situación radican en el debilitamiento del Estado, en su imposibilidad para garantizar a los ciudadanos la coexistencia en una sociedad organizada, construida en el orden jurídico, la justicia y la paz social. Esto causa incertidumbre en la población, debilitando también la salud mental de las personas.

La visión inmediata de la política y los políticos actualmente es cortoplacista y no ataca los problemas estructurales que enfrenta la población, donde es mucho más fácil entregar beneficios y subsidios que elaborar una estrategia para el cambio social profundo. Así, a corto plazo, quienes reciben subsidios y beneficios se satisfacen y esto es suficiente para reelegir una y otra vez las mismas autoridades.

Este tipo de política cortoplacista solo es capaz de tratar ciertas patologías sociales que se limitan a definir los recursos y procesos de ciertos programas, pues al final solo los medirán por la ejecución presupuestaria, sin una visión que produzca un cambio social, sin soluciones integrales y de largo plazo, lo que incrementa la anomia social.

Esta compleja situación debe llamarnos a la reflexión y a actualizar normas en un mundo que va cambiando. Reestructurar una sociedad no es tarea fácil, pero es necesario comenzar un proceso de cambio desde la educación, lo cultural y lo institucional, lo que contribuiría significativamente a la construcción de una sociedad más justa, actualizada, segura y armónica para todos y todas.

Viviana Díaz Carvallo,

directora fundación Karün