Una crisis financiera que afecta las arcas de la Universidad de La Frontera, detectada en abril, confirmada en julio y agudizada en septiembre, alcanza su punto más delicado el 28 de noviembre, día negro en el que la Secretaría General de la casa de estudios superiores lleva a cabo el despido de 298 funcionarios a contrata, situación que genera protestas entre estudiantes y trabajadores.

El escenario de la universidad pública de la Región se ve expuesto en septiembre a raíz de la remoción del vicerrector de finanzas, Jorge Petit-Breuilh, hecho que genera múltiples cuestionamientos, dado que comienza a hablarse de un bache económico, el cual - semanas más tarde - se cuantifica en 18 mil millones de pesos por concepto de deudas a la banca y otros ítemes. Sin embargo, a poco andar el monto se eleva a $38 mil millones.

Gremios de funcionarios, académicos, estudiantes y parlamentarios solicitan transparentar la situación que tensiona los ánimos dado el razonable temor por eventuales despidos.

El 10 de noviembre, en una entrevista a El Austral, el rector Eduardo Hebel reconoce un "impasse financiero" y expresa que "las desvinculaciones son inevitables" dado el ingreso a la estructura Ufro de mucha gente durante 2023 que no se controla adecuadamente y que, finalmente, se desborda.

El 29 de noviembre se cumple el anuncio de los despidos. Ese día, el entonces vicerrector académico, Renato Hunter, informa que la medida es "una decisión difícil y dolorosa, pero necesaria dentro de la reducción de costos que responsablemente - recalca - debemos emprender para retomar nuestra solidez financiera".

Investigan al alcalde de Temuco por un presunto delito sexual

Al cierre de un año marcado por acusaciones contra autoridades de distinta índole a nivel país y región, queda al descubierto una investigación del Ministerio Público contra el alcalde de Temuco, Roberto Neira, a raíz de una denuncia desformalizada por un presunto delito de índole sexual cometido contra una funcionaria del municipio.

El hecho, corroborado por El Austral con fuentes de la PDI y publicado el 17 de diciembre, habría ocurrido a fines de 2021 en un lugar distinto a la municipalidad, y de acuerdo a lo expresado por la fiscal vocera de la Fiscalía Regional de La Araucanía, Nelly Marabolí, hoy es motivo de una indagatoria liderada por la fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales, Angélica Mera, quien trabaja junto a un equipo de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI.

Respecto de la denuncia que origina la investigación, explica la fiscal vocera, esta es recibida el 23 de noviembre "por parte de una persona cercana a la víctima por hechos que posiblemente configuraban el delito de abuso sexual", pero que luego de tomar declaraciones a la mujer en cuestión "se cambia la calificación jurídica por posible delito de violación".

Diez días antes de que se conociera esta indagatoria, la funcionaria solicita apoyo jurídico al Departamento de Equidad de Género del Municipio, que por protocolo la deriva al SernamEG.

Roberto Neira, quien se encuentra con licencia médica, responde con sorpresa a la acusación y afirma que a través de su abogado se pondrá a disposición de lo que sea necesario porque no tiene nada que esconder. "Sé - dice - que la verdad prevalecerá y, con el tiempo, la situación se aclarará".