Hasta la próxima semana podría extenderse la audiencia de formalización contra 19 personas por el Caso Factop, desprendido del Caso Audios, es decir, las operaciones del abogado Luis Hermosilla -quien ayer fue reformalizado -y su equipo con el objetivo de beneficiar a la empresa de factoring mediante presuntos delitos de soborno, lavado de activos, estafa, infracción al Código Tributario, administración desleal y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, denominado este último como "facturas ideológicamente falsas".

Además de Hermosilla, fueron reformalizados la abogada Leonarda Villalobos -quien grabó el audio que da origen a la otra causa por corrupción -y el exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos, Patricio Mejías, quien presuntamente habría recibido pagos ilícitos.

Entre las 300 personas presentes en la sala del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago también estaban los excontroladores de Factop Daniel y Ariel Sauer, junto a Rodrigo Topelberg; además de Álvaro y Antonio Jalaff, junto a Cristian Menichetti, los tres de Grupo Patio, arista por la que han declarado los exministros Andrés Chadwick y Felipe Ward, a causa de presunto tráfico de influencias, entre otros cargos.

A ellos se sumaron ocho ejecutivos de la empresa financiera LarrainVial: su director ejecutivo, Manuel Bulnes; director de finanzas, Felipe Porzio; los directores del área de activos, José Correa y Jaime Oliveira; además del gerente de finanzas corporativas, Sebastián Cereceda; su par de distribución institucional, Andrés Bulnes; la gerenta corporativa de gestión y planificación, Andrea Larraín; y el gerente general de activos, Claudio Yáñez.

Círculo de amistades

La fiscal Lorena Parra señaló que los hermanos Sauer "crearon un grupo de empresas o holding al cual le dieron el nombre de fantasía de Sum Capital", que incluía a Factop SpA, STF Capital Corredores de Bolsa SpA y Factop Corredores de Bolsa de Productos S.A, destinada a actividades "mayormente lícitas".

A esta firma se añadió Guayasamin Spa: "Dentro de ellas, principalmente se encuentran Comercial y Textil Ziko Limitada e Inversiones DAS Limitada, afectando de paso el normal funcionamiento del mercado.

Parra relató 26 casos de clientes de las tres sociedades de los hermanos Sauer que sufrieron un perjuicio económico al solicitar préstamos, mientras que la captación de fondos la realizaban directamente los imputados y su papá, Alberto Sauer, "quien convenció a un gran número de personas de su círculo de amistades y cercanos para entregar grandes sumas de dinero a Factop SpA".

Según Fiscalía, los controladores decían que Factop "es una empresa solvente, con un elevado volumen de negocios y operaciones de factoring, a las cuales irían destinados los fondos captados del público, ofreciendo incrementar la rentabilidad de las respectivas inversiones", con intereses alrededor del 2%.

Esta idea captó fondos por cientos de millones de pesos a través de depósitos a plazo, con el objetivo de luego retirar la inversión o el interés, con la opción de invertir por un nuevo plazo.

A una presunta víctima que puso $200 millones, los imputados le habrían entregado cheques de garantía que "al momento de cobrarlos fueron protestados por orden de no pago por incumplimiento de contrato".

El Ministerio Público sostuvo que con los fondos captados, "en lugar de realizar verdaderas operaciones de factoring con su empresa Factop, las simularon mediante la emisión de facturas falsas desde sociedades de las cuales eran socios".

En medio de préstamos impagos, los hermanos Jalaff obtuvieron "una solución de tipo financiero respecto de dicha insolvencia mediante la estructuración de un fondo de inversión público" de LarrainVial, por medio de Bulnes.

Parra señaló que ante la posibilidad de que los delitos fuesen investigados, Daniel Sauer y Álvaro Jalaff recurrieron a Hermosilla y Villalobos, quienes habrían sobornado a Mejías a cambio de información sobre la situación tributaria de sus representados.

Álvaro Jalaff fue el único que habló antes de la audiencia: "Estamos tranquilos y estamos en manos de la Justicia, los abogados que van a demostrar y, por supuesto, vamos a poder esclarecer en este minuto todo lo que se ha dicho a través de la prensa de forma soberbia e irresponsable, que es totalmente falso".

A dos días de su desaparición, la Fiscalía confirmó en la tarde de ayer el hallazgo con vida de un joven de 23 años que fue secuestrado el sábado en Los Andes y por el cual sus captores, quienes estarían ligados a las "barras bravas" de la U. de Chile, exigían una cuantiosa suma por su liberación. La víctima fue encontrada herida en una acequia en Lampa.

El secuestro ocurrió a las 21:00 horas del sábado, cuando al menos cinco sujetos abordaron a la víctima, quien es hijo de un comerciante dueño de carnicerías en la zona. Lo hicieron en una plaza de la Villa Porvenir, donde lo golpearon y obligaron a subir a un vehículo, en el que huyeron en dirección desconocida.

Marcelo Castillo, tío del joven, señaló que "esto parte por un llamado telefónico donde uno de los individuos se hace pasar por un amigo de él, para reunirse en un lugar donde habitualmente se reunían a conversar. Mi sobrino agarra su auto, pasa a buscar a unos amigos y cuando llegan son emboscados por los delincuentes".

El familiar dijo al matinal de Mega que tras el secuestro los captores "nos estaban pidiendo $30 millones y ahora lo subieron a $40 millones". "Como familia estamos totalmente devastados", reconoció antes de su liberación.

El caso quedó en manos de la PDI, que reportó la detención de seis sospechosos (tres el domingo y tres ayer), todos chilenos que serán formalizados hoy en el Juzgado de Garantía de Los Andes.

Fue hallado con vida

Pasado el mediodía de ayer, el fiscal nacional, Ángel Valencia, y la Fiscalía Regional de Valparaíso, confirmaron la liberación del joven secuestrado.

El fiscal Benjamín Santibáñez dijo que al joven "lo encontraron al costado de la carretera 5 Norte, a la altura de Lampa (...). Lo arrojaron a una acequia y lo encontró un funcionario de mantenimiento de la ruta".

Además, señaló que el joven presentaba algunas lesiones, por lo que fue trasladado a un centro asistencial. "Ya está bajo custodia policial", indicó el prefecto de la PDI, Gabriel Rojas.

El fiscal Santibáñez añadió que los seis detenidos pertenecían a la barra de la Universidad de Chile y agregó que "el joven secuestrado también pertenece a la barra" de ese equipo.

En cuanto a un posible pago por su liberación, tanto el fiscal como el detective señalaron que no podían dar detalles de ello, debido a que la causa está bajo reserva.

La Cámara de Diputados aprobó ayer en la tarde, con votos en contra del oficialismo, la creación de una comisión investigadora para que indague la actuación del Gobierno en la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende en Providencia por más de $900 millones, por parte del Estado, para convertirla en museo.

Legisladores de Chile Vamos impulsaron la instancia investigadora, que fue aprobada por 74 votos a favor, 30 en contra y 10 abstenciones.

La comisión tendrá como objetivo investigar el accionar de los ministerios Secretaría General de la Presidencia, de las Culturas y el de Bienes Nacionales, y tendrá 60 días para hacerlo.

Ayer en la mañana, por su parte, la bancada del Partido Republicano presentó un requerimiento en el Tribunal Constitucional contra la senadora Isabel Allende (PS) para que sea cesada en su cargo, por la participación que tuvo como propietaria del inmueble en la fallida compraventa. En el caso de la ministra de Defensa, Maya Fernández, mienta de Allende, se evalúa una acusación constitucional.