Tras ser destituida de su cargo como senadora por amplia mayoría (8-2) del Tribunal Constitucional, Isabel Allende fue ayer al Senado para pronunciar un discurso de despedida en el que con gran emotividad hizo un repaso por su carrera de 30 años como parlamentaria, afirmó que el fallo en su contra fue "injusto" y explicó que nadie, del Gobierno ni de ninguna instancia jurídica, le advirtió que existía una inhabilidad en la fallida compraventa de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, al Estado.

La semana pasada el TC determinó que el intento de transacción que finalmente no se ejecutó era causal para que la legisladora fuera alejada de su cargo. Esto llevó a que Allende concurriera a expresar sus descargos y su adiós.

En una intervención que le costó empezar a causa de su emoción, expuso que "después de décadas compartiendo este espacio democrático, me veo en la necesidad y deber en uno de los momentos más duros de mi vida. Probablemente sea mi última intervención en esta sala y trataré de transmitir en breves palabras mi carrera como parlamentaria y más difícil es hacerlo al ver que esta terminó de manera abrupta".

"Como siempre en nuestro país los fallos judiciales se acatan, pero acatar no significa guardar silencio y callar el profundo dolor y la injusticia que este fallo causan", enfatizó.

"Mi historia no termina"

En una suerte de autocrítica reconoció que "como parlamentaria de larga trayectoria debí conocer el artículo 60 de la Constitución. No rehuyo mi responsabilidad, pero no soy abogada. Jamás he tenido contrato alguno con el Estado, y no tengo y nunca he tenido una empresa, y ante todo actúe confiando en la institucionalidad".

A la vez, detalló que "actuamos como corresponde, siguiendo paso a paso las indicaciones que nos entregó el Gobierno. Quizá mi error fue el no haber consultado más, pero en ningún momento, y quiero repetirlo, en ningún momento, ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada nos admitió o recordó que existía una posible inactividad constitucional".

Y en su despedida afirmó que "me voy serena. Porque sé lo que he dado. Porque sé quién soy. Porque sé que, a pesar de esta salida forzada e injusta, mi historia no termina aquí. Me voy con la emoción profunda de haber servido a Chile con convicción, con pasión y con amor".

Asesora cuestionada

Una de las principales cuestionadas por este caso es Francisca Moya, asesora jurídica de la Segpres, quien en su comparecencia ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por este caso, reconoció haber advertido la inhabilidad para que se efectuara esta transacción, pero que no lo informó porque no era parte de sus funciones.

Pese a que su actuación ha sido calificada desde negligente hasta insólita, el Gobierno decidió respaldar a la funcionaria.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, exjefe de Moya cuando fue titular de Segpres, afirmó que "ella es una extraordinaria profesional. Ha desarrollado un gran trabajo y a mí me tocó trabajar con ella codo a codo".

Lo mismo hizo la actual titular de Segpres, Macarena Lobos, quien detalló que "la inhabilidad correspondía al momento de suscribir la compraventa" y "ese proceso estaba radicado en el Ministerio de Bienes Nacionales".

Enfatizó que "ella (Moya) no ha renunciado, cuenta con el respaldo del Ejecutivo, conocemos de su valía profesional y del equipo que ella dirige, por tanto va a mantenerse en el cargo".

Ayer la senadora Allende, ya enterada de su pronta destitución, se despidió del Senado con un breve discurso. Lo hizo rodeada por algunos ministros socialistas y, paradójicamente, de otros funcionarios del mismo gobierno que colaboró al ilícito en que ella incurrió.

En vez de asumir su responsabilidad frente a acto que se le reprocha, defendió su trayectoria como si fuera ella -y no su conducta específica- la que motivaba su destitución. Y presentó al Tribunal Constitucional como autor delibera de una injusticia que acabará dañando la democracia.

Contribuyó a eso, sin duda, que se la haya exculpado de toda responsabilidad por parte de su sector político arguyendo su trayectoria y especialmente el hecho de que lleva el apellido Allende. Se han escuchado entonces frases como que a "Allende no se le maltrata" o ensucia, el presidente Boric ha dicho que es imposible mancillar la memoria de Allende y se ha insistido en que, en cualquier caso, ella, su padre y su memoria saldrán incólumes de este incidente. Este tipo de planteamiento es incomprensible en el progresismo porque, además de esgrimir un factor que -como la cuna o el apellido- no debiera tener relevancia alguna a la hora de juzgar la conducta de una persona, muestra que no se ha entendido del todo el problema de que se trata.

Porque el problema en el que se vio envuelta la senadora no es relativo a la memoria de su padre o de su familia, ni, tampoco, atinge a su propia trayectoria. Los ilícitos jurídicos (como este en el que ella incurrió) no importan un juicio acerca de una trayectoria vital, ni menos respecto de un linaje o de un apellido o de una familia. Una de las reglas básicas de una sociedad democrática es que las personas son, para bien y para mal, responsables de sus actos voluntarios y nada más que de sus actos voluntarios. La regla tiene una dimensión negativa conforme a la cual nadie puede ser reprochado por circunstancias que están fuera de su control como la ascendencia, el género o la etnia (y contravenir esa dimensión equivale a un acto discriminatorio); pero también tiene una dimensión positiva consistente en que los actos voluntarios y solo los actos voluntarios deben ser tenidos en cuenta a la hora de premiar o encomiar a alguien ( y contravenir esta dimensión tomando en cuenta el origen equivale a establecer un privilegio de cuna inaceptable en una sociedad democrática).

En suma, para el ideal democrático, las personas son iguales ante la ley y ninguna cualidad adscrita -como el parentesco, la etnia o el género- debiera pesar a la hora de establecer su valía o su importancia o ser tenida en cuenta en el momento de juzgar, moral o jurídicamente, su conducta. En consecuencia, lo que pueda atribuírsele a Salvador Allende no pasa a sus herederos o a sus hijas o a sus nietas, y lo que hagan sus descendientes, como el acto en que incurrió Isabel Allende, por supuesto que no afecta en modo alguno a su padre.

Lo que el caso de la senadora enseña (además de la sorprendente gimnasia conceptual imaginada para exculparla) es que nunca se insistirá demasiado en que la afirmación de un nobleza de cuna, o un sucedáneo de ella, como la que muchos esgrimen al referirse a la senadora, es incompatible y opuesta a los ideales ya no siquiera del progresismo, sino de la democracia. Igualmente confundir las cosas creyendo, o haciendo creer, que es la propia trayectoria vital y no la conducta específica lo que fue motivo de reproche.

De pronto alguien infringe una regla constitucional flagrante, y el partido de que forma parte sale en la defensa de su integridad sobre la base del apellido que posee y la ascendencia de la que proviene, como si ella careciera de toda responsabilidad y como si su trayectoria y pertenencia familiar excusaran cualquier examen mínimamente crítico de su conducta. Y ella misma, a la hora de la despedida, arguye excusas que en boca de cualquier hijo de vecino serían irrisorias ("no rehuyo mi responsabilidad; pero no soy abogada") pero que dichas por una senadora no son razonables.

Es comprensible sin duda su congoja; pero es fácil advertir adónde se llegaría si por empatía o adhesión ideológica, se excusa a quienes teniendo en sus manos el poder del Estado infringen las reglas constitucionales.