Si bien en los últimos años la tecnología ha avanzado significativamente en áreas como la salud, la movilidad, la asistencia domiciliaria y la inclusión digital, persisten brechas importantes que impiden garantizar una calidad de vida óptima para una población envejecida. Muchas de las soluciones tecnológicas disponibles no han sido diseñadas considerando la usabilidad y accesibilidad para personas mayores, lo que dificulta su adopción. Interfaces más intuitivas, capacitación y acompañamiento en el uso de estas herramientas son esenciales para cerrar estas brechas.

La baja natalidad es otro factor que incide directamente en la necesidad de potenciar soluciones tecnológicas para el cuidado de personas mayores. Según Birth Gauge, en Chile la tasa de natalidad cayó un 22,3% entre 2023 y 2024, y la tasa global de fecundidad es de apenas 1,5 hijos por mujer, lejos del nivel de reemplazo de 2,1. Esto, según Alejandro Pantoja, director ejecutivo de OpenBeauchef, implica que cada vez habrá menos personas jóvenes disponibles para cuidar a los mayores, lo que refuerza la urgencia de desarrollar tecnologías que suplan esta creciente demanda.

En términos de avances en salud y biotecnología, las investigaciones sobre las "zonas azules", donde las personas suelen superar los 100 años de vida, han revelado la importancia de factores como la actividad física constante, la alimentación saludable, el control del estrés y el fortalecimiento de redes de apoyo. Muchas de estas variables pueden potenciarse con tecnología.

Para construir un futuro más inclusivo y sostenible es fundamental cambiar esta mentalidad. Promover la inclusión laboral de las personas mayores, fortalecer su capacitación y desarrollo profesional son pasos esenciales. Si queremos que la esperanza de vida sobre los 80 años sea sinónimo de bienestar y no de precariedad, debemos actuar hoy para garantizar un envejecimiento saludable y activo.

La hiperconectividad, que antes era un concepto novedoso, hoy es parte de nuestra rutina diaria. El teléfono móvil, que históricamente ha sido una herramienta de comunicación, se ha convertido en un canal de desconfianza. En respuesta a este fenómeno, el Gobierno de Chile ha implementado una medida que busca devolver parte del control al usuario sobre su experiencia telefónica: asignar prefijos específicos para distinguir entre llamadas comerciales y no solicitadas. Sin embargo, ¿es esta iniciativa suficiente para mitigar el riesgo de abusos digitales y protegernos de nuevas formas de fraude?

La propuesta es clara: con los prefijos 600 y 809, los usuarios podrán distinguir entre llamadas comerciales solicitadas y no solicitadas, lo que les permitirá decidir si responden o no. Esta medida responde al creciente número de estafas telefónicas y la proliferación de llamadas automáticas no deseadas. En 2023, el Sernac reportó más de 43 mil reclamos por estafas telefónicas. Aunque esta propuesta promete dar más control, enfrenta un desafío complejo. La tecnología no solo facilita la vida cotidiana, sino que también permite el abuso, como ocurre con el spoofing, que falsifica el número de teléfono que aparece en el identificador, haciendo pasar fraudes por comunicaciones legítimas. Frente a este problema, los nuevos prefijos son un paso positivo, pero no solucionan el problema del spoofing. Aunque brindan mayor transparencia, no abordan el fraude generado por esta técnica. Países como Estados Unidos y Canadá han implementado protocolos como STIR/SHAKEN, que autentican el origen de las llamadas y limitan el spoofing. Esta tecnología, aún ausente en Chile, sería una solución más robusta frente a este tipo de fraudes.

El establecimiento de los prefijos 600 y 809 no es más que un primer paso. Aunque se logran identificar las llamadas comerciales, no se resuelve el problema subyacente. Países como España, Francia y Alemania han implementado medidas similares con éxito, mejorando la trazabilidad y protección al consumidor, aunque estas políticas han enfrentado resistencia de sectores empresariales dependientes del contacto telefónico.

En Chile, la nueva normativa afectará especialmente a las Pymes, que carecen de infraestructura para adaptarse rápidamente. Las empresas deberán ajustar sus sistemas de telefonía y segmentar sus bases de datos, lo que podría aumentar los costos operativos. Además, si las llamadas comerciales son sistemáticamente rechazadas por el prefijo identificado, podría plantearse un dilema: si las empresas comienzan a ver bloqueadas sus llamadas, ¿estamos avanzando hacia una relación más ética con los consumidores o simplemente cambiamos el canal del problema?

Esta nueva normativa no solo busca mejorar la experiencia del usuario, sino también modernizar las relaciones entre consumidores y empresas, impulsando una comunicación más transparente y respetuosa. Sin embargo, en un mundo digital cada vez más interconectado y vulnerable, esta medida es solo el primer paso.

La protección del consumidor no se logrará solo con cambios en la numeración telefónica; será necesario seguir desarrollando tecnologías y protocolos que autentiquen las llamadas de manera efectiva y combatan el abuso de forma más integral. Mientras tanto, la pregunta sigue siendo: ¿podrá la tecnología, en última instancia, protegernos de sí misma?

Gabriel Venegas Mancilla,

director Carrera Ingeniería Civil

Informática,