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Nuevo esfuerzo para extinguir al huillín
El Artículo 41 de la Ley de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) prohíbe realizar alteraciones físicas en los humedales que constituyen sitios prioritarios, protegiendo así bosques de ribera, restos leñosos sumergidos y otros elementos clave para la biodiversidad acuática. Sin embargo, en sesión del 15 de abril, se aprobó en el Senado una modificación a esta ley que deja sin prohibición toda actividad u obra pública destinada a la mantención y conservación -desde el punto de vista de la ingeniería- de los cauces.
La política nacional de manejo y conservación de cauces y humedales en Chile ha sido la principal fuerza destructora del hábitat del camarón de río y del huillín, afectando ríos, esteros, y bosques inundados, siendo la causa más importante de extirpación del huillín entre las regiones de O´Higgins y la Araucanía, provocando la reducción del 90% de su distribución natural continental.
Hoy, el huillín está catalogado como una especie en peligro de extinción, y probablemente debido a este tipo de acciones legislativas, en los próximos años lo veremos caer a una situación de peligro crítico, es decir, a un paso antes de su total extinción.
¿Y por qué importa? Porque el huillín juega un importante rol en la salud de los ecosistemas acuáticos. Hoy es el mejor indicador de la calidad del agua, de la biodiversidad acuática y del estado de los bosques de riberas del sur de Chile. Al proteger al huillín, estamos protegiendo también los recursos hídricos y los servicios ecosistémicos que sustentan la vida silvestre y las comunidades humanas.
La extinción no es un fenómeno inevitable. Al contrario, hay mucho que podemos hacer, partiendo por contar con una legislación que considere la salud ambiental, y el bienestar humano y animal en su conjunto.
Gonzalo Medina Vogel, Instituto One Health/ Universidad Andrés Bello
Mentir como método político
La mentira se ha instalado como un recurso, un instrumento y un arma política en el actual gobierno, de una manera que no veíamos desde el retorno a la democracia. No se trata de errores aislados ni de tropiezos accidentales: estamos ante un patrón sistemático de ocultamientos, omisiones y distorsiones de la verdad.
El reciente caso que involucra a Miguel Crispi e Isabel Allende, a propósito de la frustrada venta de la casa de Salvador Allende, es apenas un síntoma más de esta práctica extendida. Las explicaciones ambiguas, los cambios de versiones y las medias verdades no son errores de comunicación: son parte de una estrategia de poder que erosiona gravemente la confianza pública.
Hoy asistimos a un gobierno que, lejos de fortalecer los valores republicanos, trivializa la verdad cuando no le conviene y la instrumentaliza cuando le resulta útil. Nunca, desde 1990, habíamos visto un uso tan abusivo de la mentira como herramienta de gestión política. Y eso es, quizás, el daño más profundo que se está causando: la degradación del valor de la palabra en la vida pública.
Rodrigo Durán Guzmán
Desafío al Estado
Lo declarado por el dirigente de la "Comunidad Autónoma de Temucuicui", Víctor Queipul, en el sentido de que no permitirán el acceso al sector de funcionarios estatales, más que un desafío al Estado es una manifestación del hecho que grupos radicalizados con gran poder destructivo que operan en la macrozona sur y que buscan la autonomía territorial y política están en guerra contra el Estado de Chile.
Al respecto, cabe recordar lo declarado por Héctor Llaitul -en entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile el 24 de junio de 2020- "ya estamos preparados para un enfrentamiento armado; hoy contamos con capacidad militar para la defensa de lo recuperado y para seguir avanzando".
Asimismo es una manifestación de que Chile es un Estado fallido, que son aquellos que se caracterizan por su incapacidad para tener el control sobre regiones de su territorio y para asegurar en ellas el monopolio de la violencia física legítima.
Adolfo Paúl Latorre