En 2024, la Organización Mundial de la Salud alertó sobre el preocupante aumento de infecciones de transmisión sexual (ITS) a nivel global, con más de un millón de nuevos casos diarios, incluyendo clamidia, gonorrea, sífilis y tricomoniasis. Esta realidad también afecta gravemente a la población joven en Chile, donde, lamentablemente, no contamos con datos públicos actualizados que permitan dimensionar con claridad esta problemática.

Si bien el Ministerio de Salud promueve la realización gratuita de exámenes para ITS y VIH en la atención primaria, y existen tratamientos garantizados, Macarena Arriagada, directora de Obstetricia de la Universidad Andrés Bello, la falta de acceso abierto a información limita el debate público, la fiscalización ciudadana y el diseño de estrategias preventivas efectivas. Esta invisibilidad no es casual ni técnica: es una decisión política que tiene consecuencias concretas en la salud y el bienestar de miles de jóvenes.

Sabemos por fuentes oficiales, que las ITS más frecuentes en el país son sífilis, gonorrea, clamidia, VIH y herpes genital. Sin embargo, muchas y muchos jóvenes desconocen que estos exámenes y tratamientos están disponibles gratuitamente, lo que evidencia la necesidad urgente de fortalecer la difusión y la educación sexual integral desde edades tempranas.

En el área de salud sexual y reproductiva, es clave que las autoridades transparenten periódicamente las cifras de ITS e inviertan en políticas públicas que informen, protejan y prevengan. Visibilizar es cuidar. La salud sexual también es un derecho.

La entrega del informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento es una señal concreta de que es posible avanzar. No porque cierre un conflicto ni porque resuelva todas las deudas acumuladas, sino porque, por fin, se ha puesto sobre la mesa una propuesta seria, pensada desde el territorio y con potencial transformador para toda La Araucanía.

Como diputada de esta región, no tengo dudas: el informe debe ser respaldado. Porque recoge preocupaciones profundas y persistentes. Porque ofrece una mirada estructural y no sólo contingente. Y, sobre todo, porque parte de una base que compartimos miles de personas que habitamos esta zona: no se puede seguir repitiendo las mismas recetas esperando resultados distintos.

La Araucanía ha convivido por años con el abandono, la fragmentación institucional, la falta de inversión y una creciente desconfianza entre comunidades, autoridades y ciudadanos. El conflicto no es entre unos y otros. Es con un Estado que, por demasiado tiempo, ha estado ausente donde más se le necesita. Y eso lo viven a diario tanto las comunidades indígenas como los agricultores, los emprendedores, las mujeres que cuidan sin apoyo, o los jóvenes que ven cómo se les cierran las puertas antes de empezar.

Este informe no es una concesión. Es una oportunidad. Porque no se limita a reconocer el conflicto: lo contextualiza, lo enfrenta y propone caminos. Y lo hace con una mirada regional que entiende que el rezago no se resuelve con retórica, sino con política pública, con decisión, con presencia del Estado, y con instituciones que estén a la altura de la complejidad del territorio.

Por eso es preocupante -aunque ya no sorprendente- que el Partido Republicano haya optado por rechazar el informe incluso antes de conocerlo a fondo. Más grave aún fue la presión que ejercieron sobre una de sus propias representantes en la comisión, la senadora Carmen Gloria Aravena, por haber decidido respaldar el documento. Esa presión terminó en su renuncia. Y esa renuncia habla por sí sola: no todos los partidos están dispuestos a convivir con la diferencia, mucho menos cuando la diferencia abre puertas.

La estrategia de quienes rechazan todo sin proponer nada se parece mucho al miedo a perder control. Porque cuando una solución comienza a parecer posible, cuando hay acuerdos amplios y propuestas concretas, hay sectores que se quedan sin relato. No saben qué hacer si el conflicto deja de ser útil como excusa.

Yo sí sé lo que hay que hacer. Apoyar lo que sirve. Debatir lo que falta. Corregir lo que se pueda mejorar. Pero no bloquearlo todo porque sí. Ese no es un camino. Es un círculo vicioso que La Araucanía no puede seguir transitando.

No estoy diciendo que el informe sea la respuesta definitiva. Pero sí es una base legítima para empezar a construir con sentido. Y eso ya es mucho más de lo que hemos tenido en años.

La Araucanía no necesita más discursos vacíos. Necesita responsabilidad política. Y eso parte por algo muy concreto: hacerse cargo. No basta con mirar de lejos, esquivar el debate o rechazar todo porque incomoda. Esta región merece representantes que actúen con compromiso, que conozcan su gente y que trabajen para abrir caminos, no para cerrarlos.

Coca Ericka Ñanco,

diputada por La Araucanía