El año pasado siete alumnas del Colegio Saint George, de Vitacura, fueron vulneradas en su indemnidad sexual, luego que un grupo de compañeros también utilizaran inteligencia artificial (IA) para hacerlas aparecer desnudas ("deepfake") y dichas imágenes posteriormente fueron viralizadas. Si bien el colegio acordó expulsarlos, los autores recurrieron a los tribunales y en febrero del presente año la Corte Suprema revirtió la expulsión.

Con anterioridad, en marzo de 2019 la Brigada del Cibercrimen de la PDI comenzó a recibir denuncias a nivel nacional asociadas a la publicación de fotografías de alta connotación sexual en el sitio Nido.org., con archivos habrían sido sustraídos de distintas redes sociales, para luego ser compartidos por múltiples usuarios de la página sin el consentimiento de quienes aparecían. El caso provocó la caída de la página y la filtración de datos de presuntos involucrados, como el de un hombre que era indagado como administrador del sitio y que finalmente se suicidó saltando a las vías del Metro de Santiago.

Si bien las redes sociales son una poderosa herramienta comunicacional, su mal uso puede ser también constitutivo de delitos. Las redes se han convertido en una de las alternativas válidas para informarse y hasta para ser parte de la sociedad.

La PDI investiga varias denuncias por mal uso de las redes sociales, que puede derivar en la producción de pornografía infantil. El procedimiento utilizado corresponde a la creación de un perfil ficticio en la red social, por medio del cual se usurpa la identidad de otra persona, haciéndole aparecer con declaraciones o fotos creadas con IA que no corresponden. Es aconsejable que los padres conozcan acerca de las plataformas digitales y redes a través de las cuales sus niños pueden transformarse en víctimas, y a la vez educar en la prevención.

El informe de la Comisión de Paz y Entendimiento, entregado el reciente 6 de mayo, tras más de un año de trabajo, puede marcar un punto de inflexión en el abordaje del conflicto histórico entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Se trata de un esfuerzo político transversal valioso por mirar de frente una problemática aún abierta y cuyas consecuencias han atravesado generaciones y, por tanto, las posibles soluciones no pueden seguir aplazándose. El documento reconoce la existencia de una deuda histórica, estructural y cultural y apunta a medidas reparadoras que van desde la restitución de tierras hasta el fortalecimiento del diálogo político intercultural.

Uno de los mayores méritos de la Comisión es haber recogido voces diversas: comunidades mapuches, autoridades regionales, representantes de gremios productivos y víctimas de violencia rural. Esta pluralidad de testimonios permite observar con más claridad la complejidad de la situación: no es solo un conflicto por tierras, sino una disputa por dignidad, reconocimiento, desarrollo equitativo y participación real. Sin embargo, la implementación concreta de las recomendaciones será la verdadera prueba de voluntad.

La implementación se transforma entonces en un gran desafío. Los diferentes gobiernos han desarrollado distintas iniciativas y programas que no han sido capaces de resolver el problema de fondo, aún cuando han sido aportes importantes para la reflexión. Por eso, cualquier implementación exitosa requerirá de voluntad política sostenida acompañada de un compromiso transversal que trascienda gobiernos. La experiencia comparada nos muestra que, sin seguimiento, los informes corren el riesgo de quedarse solo en buenas intenciones.

En este punto, cabe articular esta discusión con el mensaje del Papa Francisco, quien en múltiples ocasiones convocó a desarrollar una "cultura del encuentro", especialmente con los pueblos originarios. De hecho, durante su visita a La Araucanía en 2018, habló del "reconocimiento mutuo" como el primer paso hacia una paz duradera. Esta visión ética y espiritual resuena con fuerza en una zona donde el tejido social está debilitado.

Es importante señalar que este informe por sí solo no resolverá el conflicto, pero es un punto de partida que sienta las bases para avanzar. La pregunta clave ahora es si la sociedad chilena en su conjunto, está dispuesta a dialogar. La paz, se construye con diálogo honesto, acciones concretas y una voluntad real de cambio.

Frente a estos desafíos, instituciones como la Universidad Católica de Temuco tiene un rol clave. Desde su origen, la Universidad ha buscado incidir en la toma de decisiones desde una perspectiva académica crítica y comprometida con el territorio. Su conocimiento acumulado, su cercanía con la temática intercultural y su articulación con redes académicas y sociales lo convierten en un actor necesario en el debate sobre el futuro de la región.

En la UCT, creemos en el diálogo como herramienta esencial y asumimos un rol activo en la promoción de justicia social y reconciliación tomando este informe como un punto de partida que nos permita avanzar en soluciones que trasciendan lo político y apunten a politicas de Estado.

Marcela Momberg Alarcón,

rectora Universidad Católica de Temuco