El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien encabeza la investigación por el Caso ProCultura, en el contexto de millonarias transferencias estatales a fundaciones, conocido como Caso Convenios, tras una serie de escuchas telefónicas esbozó ante un tribunal que dineros entregados a ProCultura para iniciativas sociales "derivaron en financiamiento irregular de la campaña" del Presidente Gabriel Boric. La UDI y RN solicitaron ayer al Mandatario transparentar esta situación, mientras el FA acusó al persecutor de "espionaje político". Boric se encuentra en visita oficial a China, por la cumbre Celac.
"Conminamos al Mandatario a romper el silencio", declaró la UDI, "y entregar, en un plazo no superior a 48 horas (que se cumplen durante la mañana del lunes), una explicación clara y detallada respecto de su vínculo con la fundación ProCultura y, específicamente, con su fundador, (el psiquiatra) Alberto Larraín, así como su participación o conocimiento en el eventual financiamiento irregular de su campaña presidencial".
El gremialismo, además, solicitó al Mandatario que "transparente en su totalidad, dentro del mismo plazo, la información y balances relacionados con el financiamiento de su campaña. Asimismo, instamos a que responda públicamente por las distintas conversaciones que vinculan a dicha organización con posibles delitos, como el tráfico de influencias, considerando el excesivo incremento económico que registró la fundación durante esta administración".
Las transferencias a ProCultura pasaron de $317 millones en 2021, a $3.283 millones en 2022, año en que Boric asumió como Presidente. Por el Caso Convenios, en total, se investigan los destinos de casi $25.000 millones entregados a diversas fundaciones, entre ellas la mencionada y Democracia Viva.
La UDI señaló ayer que "consideramos que existen elementos suficientes para sostener, a partir de las sospechas fundadas del persecutor, que el proceso electoral del año 2021 pudo haber estado marcado -y afectado- por graves irregularidades asociadas al eventual financiamiento irregular de campaña, lo que deberá ser acreditado por la Fiscalía y tribunales".
"Emplazamos al Presidente", agregó el partido opositor, "a instruir el retiro inmediato de la solicitud de remoción que un grupo de parlamentarios oficialistas presentó en contra del fiscal Cooper. De lo contrario, se instalará fundadamente en la opinión pública la percepción de que dicho requerimiento no buscaba cuestionar algunas de las diligencias que ha llevado adelante el persecutor, sino más bien obstaculizar una investigación que involucra directamente al Mandatario".
"escucha ilegal"
El FA declaró que "no existe ningún indicio que vincule al partido financieramente con la fundación investigada" y, ante las escuchas reveladas tras el fin del secreto de la investigación, "el fiscal Cooper replica una estrategia judicial que parece haberse vuelto en una práctica recurrente, basada en la instalación de información parcial y discrecional a través de la prensa, con el único fin, en este caso, de desprestigiar al Presidente".
La intervención de más de 40 teléfonos "no responde a una auténtica búsqueda de pruebas, sino que parece más bien una estrategia de espionaje con fines políticos", destacó el partido del Mandatario.
"Nos acercamos al Estado policíaco"
La exministra de Michelle Bachelet y madre del titular de Economía, Nicolás Grau, Paulina Veloso (PS), escribió en X que "si se interceptan teléfonos de autoridades adversarias o de cualquier adversario, por si acaso, nos acercamos a un Estado policíaco. No queremos eso, nunca. ¿Quién le pone el cascabel al gato?". En tanto, abogados de la exesposa del fundador de ProCultura y psiquiatra del Presidente Gabriel Boric, Josefina Huneeus, anunciaron que interpondrán un recurso de amparo por las escuchas.
