Si bien en los últimos años la tecnología ha avanzado significativamente en áreas como la salud, la movilidad, la asistencia domiciliaria y la inclusión digital, persisten brechas importantes que impiden garantizar una calidad de vida óptima para una población envejecida. Muchas de las soluciones tecnológicas disponibles no han sido diseñadas considerando la usabilidad y accesibilidad para personas mayores, lo que dificulta su adopción. Interfaces más intuitivas, capacitación y acompañamiento en el uso de estas herramientas son esenciales para cerrar estas brechas.

La baja natalidad es otro factor que incide directamente en la necesidad de potenciar soluciones tecnológicas para el cuidado de personas mayores. Según Birth Gauge, en Chile la tasa de natalidad cayó un 22,3% entre 2023 y 2024, y la tasa global de fecundidad es de apenas 1,5 hijos por mujer, lejos del nivel de reemplazo de 2,1. Esto implica que cada vez habrá menos personas jóvenes disponibles para cuidar a los mayores, lo que refuerza la urgencia de desarrollar tecnologías que suplan esta creciente demanda de asistencia. La robótica asistencial, la inteligencia artificial aplicada a la salud, la telemedicina y la automatización del hogar son soluciones que ya se están implementando para responder a este desafío.

Como plantea el experto Alejandro Pantoja, director Ejecutivo de OpenBeauchef, para construir un futuro más inclusivo y sostenible, es fundamental cambiar esta mentalidad. Promover la inclusión laboral de las personas mayores, fortalecer su capacitación y desarrollo profesional, fomentar el emprendimiento y garantizar su acceso a la tecnología y a productos financieros son pasos esenciales. Si queremos que la esperanza de vida sobre los 80 años sea sinónimo de bienestar y no de precariedad, debemos actuar hoy para garantizar un envejecimiento saludable y activo.

Se cumplen tres años del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur decretado por el Presidente de la República, Gabriel Boric. Desde mi rol como parlamentario de la República, surgen varias reflexiones respecto al complejo balance de estos más de 1.000 días en nuestra región.

En primer lugar, destacar que desde la implementación se ha visto una evidente disminución en la cantidad de hechos de violencia en la Macrozona sur, pese a que hemos registrado uno de los ataques más violentos de las últimas décadas durante este 2025: en la comuna de Santa Bárbara.

A su vez, el Estado de Excepción ha permitido que la Fiscalía realice de mejor forma su labor y las policías puedan trabajar con la cobertura del Ejército. No obstante, es de público conocimiento que el despliegue militar no alcanza para asegurar una presencia robusta de resguardo armado en todas las zonas afectadas, pese a que contamos con más de 1.500 funcionarios de las Fuerzas Armadas en terreno.

Ahora bien, observo con preocupación y alarma el hecho de que como habitantes de la Macrozona sur ya nos "acostumbramos" al Estado de Excepción, lo que genera una falsa sensación de seguridad y provoca que el actual Gobierno no aborde la situación de fondo. Esta administración ha asumido una postura de resignación frente a la posibilidad de buscar soluciones que realmente busquen fortalecer la seguridad y el desarrollo económico de nuestra región.

Los tres años de estado de Excepción significan un gasto público en despliegue militar de $23 mil millones, cifras que nos preocupan y nos ocupan, sobre todo viendo los problemas de presupuesto que nos han ido denunciando diferentes organismos estatales de las comunas de la región de La Araucanía que recorremos semana a semana.

Esta medida se ha prorrogado 56 veces en tres años, y tengo la firme convicción que esta situación no puede eternizarse. No nos hace bien como sociedad y tampoco nos permite avanzar en la solución definitiva.

La ejecución de algunas medidas han sido lentas y mal hechas. Un ejemplo de lo anterior, es el dron Camcopter S-100, que costó US$7 millones y tardó más de cuatro meses en comenzar a sobrevolar la zona. También la creación de un Ministerio de Seguridad con seremis subrogantes que no son idóneos para un cargo tan relevante y la demora en la elección del Seremi definitivo; ya ha pasado un mes y medio de su designación.

Invitamos al ministro de Seguridad, Luis Cordero, a recorrer La Araucanía y conocer en terreno la realidad que enfrentamos, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta. No queremos visitas fugaces ni opiniones superfluas; exigimos acciones concretas y gestos claros que demuestren que este Gobierno realmente se preocupa por nuestra región. Es fundamental implementar una estrategia integral para enfrentar el terrorismo, con el objetivo de desbaratar a las bandas organizadas que operan en la zona.

La prolongación indefinida del estado de excepción, el gasto millonario sin resultados estructurales y la lentitud del Gobierno en adoptar decisiones estratégicas, evidencian que ya no bastan los paliativos ni las soluciones parche. La situación exige una respuesta de fondo, seria, decidida y estructural, que enfrente con claridad el terrorismo, refuerce el Estado de derecho y restituya de forma permanente la seguridad y la paz en la región.

Stephan Schubert,

diputado por el Distrito 23