El pasado 17 de mayo se conmemoró el Día Mundial del Reciclaje, que busca recordar la estrategia de reducir, reutilizar y reciclar, con el fin de reorientar el comportamiento de los ciudadanos y ayudar a mejorar el medio ambiente. También en Chile se cumplen nueve años de la entrada en vigencia de la Ley REP, que establece que los fabricantes y distribuidores son responsables de organizar y financiar la gestión de los desechos asociados a la comercialización de productos definidos como prioritarios.

Se estima que Chile produce 17 millones de toneladas de desechos al año, y de éstas, 7,4 millones de toneladas se generan en los hogares. Según el Banco Mundial, éste es el segundo país de América Latina que genera más basura per cápita, ya que, en promedio, cada persona produce 1,1 kilo de residuos domiciliarios al día. Pero solamente el 10% de los desechos va a reciclaje, cifra ínfima respecto de un promedio de 60% que va a reutilización en las naciones desarrolladas. Con esta ley se espera llegar al 30% en cinco años. Para lograr el objetivo, no sólo los productores se verán involucrados, sino que también empresarios, consumidores y quienes gestionan los residuos.

La Ley de Fomento al Reciclaje debería introducir un paulatino cambio cultural en las personas, para aprovechar muchos de los desechos y reintegrarlos al proceso de producción.

Mención aparte merece el tema de las bolsas plásticas. En Chile se usaban más de 7 millones de bolsas de poliestireno cada día, y sólo un 23% de ellas se reciclaba. Por ello, se realizaron campañas para limitar paulatinamente su entrega en los supermercados y multitiendas, hasta prohibirlas definitivamente desde febrero de 2019.

No ha sido fácil, porque el reciclaje ha requerido un cambio cultural, pero lo importante es que se vayan dando pasos para aminorar la contaminación de la tierra, el mar y los ríos.

Los datos son tan alarmantes como dolorosos. Más de 295 millones de personas padecieron hambre aguda en 2024, según el más reciente Informe Mundial sobre Crisis Alimentarias de la FAO. El mundo enfrenta una catástrofe humanitaria silenciosa, pero masiva, alimentada por conflictos armados, crisis económicas, desastres climáticos y desplazamientos forzados. El hambre, esa que creíamos superada por los avances tecnológicos y el desarrollo económico, hoy golpea con más fuerza que nunca, cobrando vidas y dejando secuelas físicas y sociales irreparables.

Las cifras duelen aún más cuando revelan las paradojas de nuestra época: mientras el hambre crece, el planeta desperdicia un tercio de los alimentos que produce. Esta contradicción nos obliga a cuestionar seriamente nuestros sistemas de producción, distribución y consumo, que parecen beneficiar a unos pocos y condenar a millones.

El informe también plantea que países como Nigeria, Sudán, República Democrática del Congo, Bangladesh, Etiopía, Afganistán y Pakistán encabezan la lista de territorios donde la inseguridad alimentaria se ha convertido en una tragedia cotidiana. En 26 países o territorios, además de la falta de alimentos, la crisis nutricional golpea con igual o mayor crudeza. Sudán, Yemen, Malí y Palestina (especialmente en la Franja de Gaza) viven hoy las crisis más graves, al borde mismo de la hambruna, con millones de niños y niñas en riesgo vital. Se calcula que 37.3 millones de niños padecen desnutrición aguda, de los cuales 10.2 millones sufren una desnutrición severa que amenaza directamente sus vidas.

La situación de las mujeres embarazadas y lactantes es igual de dramática. Sólo en la República Democrática del Congo, un tercio de ellas enfrenta desnutrición aguda, mientras que en Etiopía, Sudán, Afganistán y Sudán del Sur la cifra supera el millón en cada uno de estos países.

El hambre en pleno siglo XXI no es solo un fracaso ético y político, es una ofensa a la humanidad entera. No hay justificación posible para que este drama siga siendo parte de nuestro presente. Urge que los gobiernos del mundo, las empresas, las organizaciones internacionales y cada ciudadano que tenga en sus manos capacidad de decisión, actúen con la responsabilidad y la urgencia que la situación exige.

Necesitamos voluntad política, cooperación internacional, inversión en sistemas alimentarios sostenibles y estrategias efectivas de distribución de alimentos. Es tiempo de que la solidaridad deje de ser solo un discurso y se transforme en políticas concretas que garanticen a cada persona el derecho básico a alimentarse dignamente.

El hambre tiene rostro, tiene nombre y tiene cifras. Actuar es un deber ético y una responsabilidad ineludible de nuestro tiempo.

Margaret Caro Villegas,

directora carrera Nutrición y Dietética

Universidad Autónoma de Chile, Sede Temuco