Correo
Respuesta a Justo Gutiérrez
En carta del pasado día 25 de mayo el empresario Justo Gutiérrez, vicepresidente de APRA, lo fustigó con dureza por publicar una columna de mi autoría, cuestionando que diera tribuna a alguien "vinculado a grupos violentos". Gutiérrez, en lo que parece ser una característica de APRA, miente descaradamente, algo que la senadora Carmen Gloria Aravena ya nos había advertido. ¿Qué molestó al susodicho? Que el discurso racista de la agrupación que lidera haya quedado en evidencia, de la misma forma que su nombre y el de su familiar Anne Gutiérrez, ambos responsables de los discursos de odio que APRA destila por sus redes sociales. Gutiérrez, en su carta, cae en el típico recurso "ad hominem" consistente en atacar a la persona que hace una afirmación en lugar de refutar su argumento. Buscando desacreditarme recurrió a la arqueología política, desempolvando una militancia en la CAM que data de mis tiempos universitarios, hace ya más de veinte años. En vano su intento, señor Gutiérrez. Mi condena a la violencia es clara: la puede leer en quince libros publicados a la fecha o googleando mis centenares de charlas dictadas en Chile o el extranjero. Más simple aún: le bastaría con leer mis columnas dominicales en este diario, del cual soy columnista hace casi una década. En todos mis escritos he abogado por el fin de la violencia y la resolución política del conflicto que nos afecta como región. Esta apuesta por el diálogo y la paz es una convicción, no simple retórica. Medios como La Tercera, The Clinic, revista Caras, CNN Chile son testigos de este compromiso, lo mismo que destacadas instituciones nacionales y extranjeras que han premiado mi trayectoria en tanto periodista y escritor.
Invito al señor Gutiérrez a darse el tiempo de averiguar con quién en verdad está tratando. Un mínimo conocimiento de su interlocutor le llamaría quizás a guardar prudente y respetuoso silencio.
Pedro Cayuqueo Millaqueo, periodista y escritor
¿Estamos preparados para salvar vidas en los colegios?
La muerte de un niño de segundo medio en el patio de un colegio en la comuna de Quilpué hace un par de años, a causa de un paro cardiorrespiratorio, conmocionó a toda una comunidad. ¿Qué ocurriría si su hijo sufre un paro cardíaco en el recreo? ¿Quién sabría actuar en esos minutos críticos? ¿Cuántos colegios en Chile cuentan efectivamente con personal capacitado en reanimación cardiopulmonar (RCP) y con desfibriladores externos automáticos (DEA) operativos, tal como exige la Ley 21.156? Según la American Heart Association, aplicar RCP de inmediato puede duplicar o incluso triplicar las posibilidades de sobrevivencia. Pero si nadie sabe cómo reaccionar, esa oportunidad se desvanece.
El Ministerio de Educación aún no exige capacitación obligatoria en RCP y primeros auxilios para la comunidad escolar, ni fiscaliza con rigurosidad el cumplimiento de la normativa vigente. Enseñar matemáticas o historia es fundamental, pero enseñar a salvar vidas debería ser igual de prioritario. La preparación ante una emergencia de salud no es un lujo: es una necesidad impostergable. No podemos permitir que la vida de un niño dependa del azar o de la improvisación.
Francisca Irarrázaval, U. Andes
Vejez en lista de espera
El reciente reportaje de CIPER visibiliza una realidad que no podemos seguir ignorando: la crisis estructural de los establecimientos de larga estadía en Chile. Con más de 800 personas mayores en lista de espera, 510 de ellas derivadas por tribunales tras sufrir maltrato, evidencian el abandono de un Estado que aún no garantiza el derecho a una vejez digna, segura y protegida.
Hoy existen solo 22 ELEAM públicos en todo el país frente a 947 residencias autorizadas, la mayoría de carácter privado o subvencionado. ¿Qué pasa con quienes no pueden pagar? ¿Qué sucede con las personas mayores que enfrentan violencia o abandono familiar? Se les condena a la espera, a la precariedad o, en el peor de los casos, a la muerte invisible. Urge una ley nacional de establecimientos de larga estadía, que regule estándares de calidad, financiamiento, fiscalización y criterios de acceso centrados en derechos humanos, no en la capacidad de pago. No podemos permitir que estas residencias sigan funcionando como negocios sin control ni garantías.
Agnieszka Bozanic L., docente Escuela de Psicología UNAB