Las licencias médicas en el sector público casi triplican a las del privado. En 2022 se autorizaron 3,3 licencias en promedio por trabajador dependiente del sector público, 1,2 licencias promedio por trabajador dependiente del sector privado y 1,1 promedio por trabajador independiente.

Sin embargo, no se trata de que los funcionarios públicos tengan una salud más deteriorada que los que se desempeñan en la actividad privada, sino que -de acuerdo con los estudios que se han realizado- hay mal uso y abuso de las licencias. Un reciente análisis realizado por la Contraloría General de la República, entre 2023 y 2024, ha revelado que 25.078 funcionarios públicos incumplieron el periodo de reposo indicado en su licencia médica y viajaron fuera del país durante ese mismo lapso o parte de él.

El reporte del órgano contralor señaló también que para esos funcionarios se emitieron 35.585 licencias médicas, de las cuales un 69% corresponde a permisos entregados por Fonasa y un 31% por las distintas Isapres. El informe indicó que según los datos reportados por la PDI, los titulares de esas 35.585 licencias habrían entrado o salido del país en 59.575 oportunidades durante el respectivo permiso de reposo. Los servicios que más permisos médicos emitieron fueron la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Fundación Integra y algunos municipios, incluyendo Temuco.

El Ejecutivo y el Congreso apuntan de lleno al fraude y endurecieron las sanciones. Algunos especialistas apuntan a que el sistema está mal diseñado: paga el 100 % de la renta imponible, penaliza las ausencias breves y, por ende, incentiva las licencias más largas. En este contexto, pareciera que castigar resulta más rentable políticamente que reformar. Estos casos de mal uso deben ser investigados, pero si no se abordan las causas estructurales del abuso, su impacto será limitado. El verdadero cambio vendrá al reformar los incentivos que hoy empujan a la sobreutilización del permiso médico.

Hace algunos años que los gobiernos vienen sorteando los temas complejos mediante la creación de una comisión, como para sacarse de encima los problemas que no pueden resolver. Recientemente, la última de esas famosas comisiones, de nombre rimbombante (para la Paz y el Entendimiento) y remate desabrido, entregó al gobierno veintiún recomendaciones, tras dos años de trabajo.

El análisis de las propuestas es simple, si hasta un buen aprendiz de escritor las hubiese redactado en un par de horas, o una IA, ahora que está de moda dejar de pensar. La cuestión se trataba, simplemente, de repartir plata y poder, sembrando un precedente jurídico preocupante. Nada nuevo para los últimos gobiernos, acostumbrados a derrochar en cuestiones simbólicas, mientras la vida les escupe en la cara su impericia frente a lo urgente e importante.

Tan mediocre como el resultado de esa comisión, son los comentarios que la validan, con frases hechas y lugares comunes extraídos del manual del moralista funcional. El mundo político y las organizaciones sociales continúan trabajando sobre presupuestos vacíos, carentes de contenido en la realidad contingente, como si hubiese una base fija e inamovible que sólo anida en la subjetividad de sus creencias, mientras algunos todavía aguardamos por la evaluación de las políticas públicas implementadas a partir de la ley 19.253 (conocida como Ley Indígena), punto de partida ineludible en una temática que exhibe un panorama muy distinto del que se tuvo a la vista al momento de su promulgación, más de treinta años atrás.

Una pizca de lógica, solo un poco, es el remedio que permite entrar en conflicto con los mitos, asentar las curiosidades intelectuales, y dejar detrás nuestra enfermiza melancolía, que impide construir un futuro próspero para todo el cuerpo social. Si acaso desconfía de este argumento, recurramos a la física, ya verá que la fragmentación excesiva de un cuerpo pequeño se convierte inexorablemente en polvo. No se divide, se disuelve.

En política ocurre lo mismo con los países chicos que intentan representarlo todo, a todos, todo el tiempo. Chile entró en ese terreno fangoso, el espejismo de una pluralidad perfecta está empujándonos hacia una matemática imposible: la de construir unidad desde la atomización. Hablar de diferencias ideológicas no constituye la base del problema, lo son los fragmentos que reclaman autonomía política o que desean una institucionalidad a la medida, que los refleje exclusivamente en temas económicos, culturales, étnicos y simbólicos; aquellos que demandan una justicia diferenciada y una voz identitaria que no se diluya en el coro.

Aunque puede sonar justa, y hasta ética, la idea de representarlo todo, cada matiz, herida o diferencia, ello no siempre es viable. Los grandes países pueden soportar la fragmentación territorial y étnica, se amortigua por la escala y distribución de poder. Chile, por las características de su organización política- somos un estado unitario- y su territorio limitado, no puede darse esos lujos. Desde la conciencia de lo que somos debe abrirse un matiz en el estado de la mentalidad pública, toda vez que la propaganda moral viene condicionando las orientaciones emocionales de la población, hasta el punto de confundir pluralidad con segmentación funcional absoluta. Una cosa es la diversidad, que se expresa, dialoga y participa, y otra es la disgregación, donde cada identidad busca una legalidad propia. No hay recursos fiscales, gobernabilidad ni ingeniería institucional capaz de sostener las aspiraciones fragmentarias, menos a un Estado dentro de otro. Chile necesita mínimos comunes en sus políticas públicas para ser sostenible. Sin ellos, no hay pluralidad que se salve del caos. La historia no premia a los países que se fraccionan en exceso, la matemática tampoco.

Gonzalo Garay Burnas,

notario y escritor