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El presidente de los parceleros de Malleco, Joel Ovalle, viajó hasta Santiago para agendar una reunión con el ministro del Interior, Jorge Burgos, cuyo objetivo es dar a conocer los problemas de seguridad que, afirma, enfrentan día a día unas mil 200 familias de los sectores rurales de las comunas de Angol, Ercilla y Collipulli.
Esto ocurre a menos de una semana en que parceleros reclamaran que se les dejó sin efecto 23 medidas de protección. El día de ayer, la Fiscalía Regional aclaró que se trata de la readecuación de 11 medidas de seguridad policial por otras menos estrictas y el retiro de tres medidas, las que correspondían a faenas forestales que ya terminaron, para un mejor manejo de los recursos que se disponen en la Región.
Los parceleros aseguran que desde el viernes en la mañana, cuando se enteraron de la decisión de la Fiscalía, han tocado distintas puertas sin obtener explicación alguna.
Es por ello que decidieron llevar su reclamo hasta La Moneda. Ovalle aseguró que ingresó la solicitud y de no ser recibido a la brevedad, iniciarán un proceso de movilización donde tienen planificado trasladarse en una flota de buses con más de 100 parceleros a las afueras del palacio de Gobierno en Santiago a protestar.
Algunos de los reclamos que se suman a la readecuación de las medidas de protección, son el frecuente robo de animales en el sector, los asaltos y amenazas y algunos ataques incendiarios que incluso han obligado a parceleros a abandonar su tierra. Por todo esto, los pequeños propietarios quieren que el Gobierno indemnice en $10 millones a cada uno de los 280 agricultores que registran. Es decir, demandan unos $2 mil 800 millones.
"Nosotros requerimos la reunión con el ministro del Interior por los abigeatos del sector. A todos los parceleros les han robado los animales. Yo tengo más de 200 casos. A mi hermano le robaron 9 caballos y a una viuda le sustrajeron 14 animales. Yo necesito que a cada parcelero le paguen $10 millones, que el Estado les dé una mano, ya está bueno ya; ese sector se ha empobrecido", indicó el dirigente campesino.
Respecto de la suerte que tuvo en su viaje a La Moneda, Ovalle sostuvo que "según ellos me están gestionando lo antes posible una entrevista con el ministro del Interior, Jorge Burgos. Yo le traje papeles y les dije 'oiga, tengo casos graves'. Y es la última instancia que hago, estoy pidiendo de manera razonable una entrevista, si no yo tengo listo el convoy y voy a venir a protestar a La Moneda con 100 parceleros", amenazó.
El dirigente afirmó que se sienten en la indefensión y en tierra de nadie por lo que tienen su fe puesta en que el ministro Burgos les solucione su situación. "Aquí nosotros estamos a la deriva, no sabemos qué pasa, qué tenemos que hacer. Mire, la gobernadora de Malleco es un cero a la izquierda y el intendente es lo mismo. Alguien tiene que responder, el Estado tiene que decirnos algo no podemos seguir así. Ya tengo los buses para venir, si no me reciben yo voy a venir con 100 parceleros", enfatizó Ovalle.
Fiscalía
El día de ayer, la Fiscalía entregó su versión respecto de la denuncia de los parceleros. El ente persecutor aseguró que la información entregada por ellos es errada, ya que no se han retirado 23 medidas de protección sino más bien y en base a un informe de Carabineros respecto de 48 medidas de protección que hay en la zona, readecuaron 11 de ellas por otras menos estrictas.
"En las últimas semanas y fruto del proceso descrito, esto es, previa propuesta e informe fundado de Carabineros en relación a 48 medidas vigentes, se modificaron 11 medidas de protección. Lo que no significa dejar en la indefensión a víctima alguna. Todo lo contrario, obedece, como ya se indicó, a hacer más operativas las medidas y adecuarlas a las necesidades actuales", informó a la opinión pública la Fiscalía Regional a través de un comunicado de prensa.
En el mismo texto, el Ministerio Público explica respecto de las tres medidas de protección que fueron dejadas sin efecto que la decisión se adoptó por "corresponder a medidas de protección de faenas forestales, dispuestas en causas que por lo demás están terminadas, y en los que las faenas actualmente no se encuentran en curso. Como se advierte, en estos últimos tres casos, no se justifica la mantención de las medidas por el cambio objetivo de circunstancias, y resultaba justificado reorientar los recursos policiales a la seguridad de las personas de la Región".
Por último, ante las críticas la Fiscalía destacó que su trabajo "es estrictamente profesional y serio, y tal como informamos hace unas semanas, permanentemente se está monitoreando el estado de las medidas de protección implementadas y si se justifica su permanencia en el tiempo. Para adoptar una decisión en un caso concreto, se pide un informe técnico de seguridad a la institución policial correspondiente, en este caso, a Carabineros de Chile", explicaron.
