Diego Ahumada
Una demanda civil presentó un temporero de Teodoro Schmidt reclamando una millonaria indemnización al Fisco de Chile por un procedimiento irregular de la Policía de Investigaciones (PDI) que lo dejó detenido por un delito que nunca cometió.
Se trata de Héctor Abel Azócar Peña, quien reclama al Estado 20 millones de pesos por los perjuicios que le fueron causados.
El texto fue ingresado en la Corte de Apelaciones de Temuco con fecha 13 de abril de 2015 por los abogados patrocinantes David Morales y Marcelo Baeza. La causa se tramita en el Tercer Juzgado Civil.
"Se trata de una persona de escasos recursos, con problemas familiares. Un día de 2014 llegaron dos funcionarios de la PDI y la toman detenida (…) la causa pasó las etapas y ahora se va a hacer un peritaje sicológico para acreditar daño moral", explicó Morales.
Los hechos
El demandante alude a la responsabilidad extracontractual del Estado de Chile por actos cometidos por los funcionarios de la Policía de Investigaciones y la nula reparación del daño causado. Se acusa un actuar "negligente y descuidado" de parte de los policías, lo que causó en el demandante "angustia, rabia, impotencia, aflicción".
Según la relación de hechos consignados en el libelo, con fecha 23 de junio en 2014, el juez del Juzgado de Villarrica, Eduardo Pérez, emanó una orden de detención contra una mujer domiciliada en la localidad de Labranza en Temuco por el delito de hurto simple, remitiendo su cumplimiento a la PDI.
Es así que al momento de ingresar dicha orden al Sistema Computacional de Gestión Policial (Gepol), la comisario a cargo erróneamente ingresó la orden de detención con el RUT de Héctor Azócar.
Lo anterior generó que funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal de Temuco (Bicrim de la PDI) concurrieran a su domicilio en la comuna de Teodoro Schmidt el 14 de julio en 2014 a las 13:30 horas, llevándoselo detenido.
Ese mismo día a las 15:30 horas llegó al Cuartel Bilbao de Investigaciones. Los funcionarios no tomaron en cuenta sus reclamos respecto a la detención. En el lugar permaneció hasta las 8:15 horas del día siguiente cuando al momento de trasladarlo al Juzgado de Garantía para el control de la detención, se percatan del grave error.
"Estuvo detenido junto a otras personas, sin alimentarse un día completo. Ningún funcionario se dignó en verificar su reclamo (...) al darse cuenta de su error lo liberan y lo dejan afuera del Cuartel de Investigaciones en Temuco sin una disculpa, sin por lo menos llevarlo de vuelta a Teodoro Schmidt y lo que es peor andaba sin dinero para poder volver a su ciudad, daño moral cuya reparación espera justicia", argumenta el demandante.
Carta
El 30 de enero en 2015, el prefecto jefe de la Prefectura Cautín de la PDI, Juan Carlos de la Fuente, envió una carta al abogado Marcelo Baeza en donde le informa que a raíz de los hechos se inició un procedimiento administrativo, el que acreditó el error de digitación de la orden detención al ser ingresada al sistema Gepol.
En la misiva, agrega que a la funcionaria responsable del error se le aplicó una medida disciplinaria de cuatro días de permanencia en el cuartel "por no cumplir con el debido interés las obligaciones de su cargo y ser negligente en la tramitación de documentación de organismos extra institucionales".
"Nuestra institución lamenta profundamente lo acontecido a vuestro representado, y le solicita encarecidamente disculpar el errado procedimiento del cual fue víctima, entendiendo sinceramente su malestar", deja de manifiesto el jefe policial junto con advertir que se trata de "errores humanos aislados".
El Austral intentó conseguir una versión de la PDI en Temuco pero contactada su unidad de comunicaciones, no se obtuvo respuesta.
"Proyecto Inocentes"
Desde agosto en 2013, la Defensoría Penal Pública (DPP) de La Araucanía y a nivel nacional, lanzó el "Proyecto Inocentes". Una iniciativa poco conocida que busca reivindicar socialmente la honra de aquellas personas que en su momento fueron imputadas de algún delito por causales de error. Son casos que los mismo defensores informan, los que van a un comité de expertos que define si califican para el proyecto. "Se busca causas en donde se haya demostrado que la persona era inocente", explicó el abogado de la DPP encargado del proyecto en la Región, Mario Quezada.
