La Corte de Apelaciones de Temuco acogió ayer lunes un recurso de protección presentado por Gendarmería en favor del interno Celestino Cerafín Córdova Tránsito, quien se encuentra en huelga de hambre líquida en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de la ciudad.

En fallo unánime (causa rol 3496-2018), la Primera Sala del tribunal de alzada -integrada por el ministro Julio César Grandón Castro, el fiscal judicial Óscar Viñuela Aller y el abogado (i) Alexis Gómez Valdivia- dio lugar al recurso y ordenó a Gendarmería tomar las medidas necesarias para proteger la salud, vida e integridad física de Córdova Tránsito.

"Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se acoge, el recurso de protección deducido por don Óscar René González Osorio, abogado, en representación de don Leonardo Barrientos Rebolledo, coronel, Director Regional de Gendarmería de Chile Región de La Araucanía, a favor del interno Celestino Cerafín Córdova Tránsito, sólo en cuanto se declara que la decisión adoptada por éste constituye un atentado a su vida e integridad física", sostiene el fallo.

La resolución agrega: "(…) que se autoriza a Gendarmería de Chile para que adopte las medidas conducentes para internar en caso de urgencia al huelguista en un centro hospitalario, a objeto de que se le brinde una total y completa atención médica en el resguardo de su salud hasta su completo restablecimiento, sin perjuicio de que haga uso de las demás facultades que le confiere a ese Servicio su Ley Orgánica y Reglamento respectivo, respecto a la alimentación del mismo, de manera de asegurarle su vida e integridad física".

Celestino Córdova cumple condena de 18 años de presidio, como autor del delito consumado de incendio con resultado de muerte del matrimonio de Werner Luchsinger Lemp y Vivian Mackay González. Ilícito perpetrado en el fundo Granja Lumahue, de la comuna de Vilcún, el 4 de enero de 2013.

El Austral

El fiscal preferente para investigar denuncias de abusos sexuales por parte de religiosos en La Araucanía, Ítalo Ortega, solicitó información al Estado Vaticano sobre los casos que son indagados en la Región.

Así se desprende del informe que dio a conocer el Ministerio Público ayer, donde entregó los resultados de su catastro de abusos sexuales en la Iglesia Católica en el país.

En La Araucanía son siete los casos contabilizados en el estudio dado a conocer, al respecto el fiscal Ortega, precisó que "dentro de las investigaciones que mantenemos hasta ahora en la Región se solicitó a través de la Fiscalía nacional se pidiera a través de un requerimiento de cooperación internacional al Vaticano, para que nos remitiera los antecedentes relativo a los sacerdotes, o las investigaciones en contra de religiosos que ellos tuvieran en su poder".

Investigados

El abogado precisó que los antecedentes se refieren a las personas que estaban siendo investigadas desde hace meses, sin descartar que estos requerimientos sean ampliados.

"Esto se pidió respecto de aquellos nombres que nosotros manejábamos antes de la entrada y registro realizada a la Diócesis de Temuco y Villarrica. La información incautada en esa diligencia está siendo analizada y si con posterioridad es necesario ampliar este requerimiento se hará de esa manera".

Al ser consultado el fiscal Ortega sobre si la información que se está pidiendo al Vaticano se refiere a imputados o víctimas, el persecutor precisó que "la solicitud es sobre los antecedentes que ellos tengan tanto de los sacerdotes investigados o de otras personas del clero indagadas, como también de las víctimas que figuren en esos antecedentes".

El pasado 13 de julio la Policía de Investigaciones allanó las oficinas del obispado en Temuco y Villarrica por una investigación de oficio que lleva adelante contra cinco sacerdotes acusados de presuntos abusos sexuales.

La diligencia se decretó después que el pasado 19 de junio comenzara una indagatoria, tras conocerse información desde la Diócesis de Temuco que daba cuenta de tres curas investigados canónicamente entre 2011 y 2015. A estos se agregan dos religiosos más: uno de Angol y otro de Villarrica.

Sacerdotes

Los sacerdotes indagados de oficio por el Ministerio Público son Pablo Isler Venegas, Juan Carlos Mercado Elgueta y José Bastías, todos de Temuco.

A estos antecedentes se suman los dados a conocer por la diócesis de Villarrica el 20 de junio, en orden a una investigación previa por abusos sexuales, antecedentes que fueron enviados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, respecto del presbítero Belisario Valdebenito Erices.

La Fiscalía precisó que el allanamiento realizado a la Diócesis fue tras la negativa de los obispados de Temuco y Villarrica a entregar los antecedentes con los que contaba y que fueron solicitados por la Fiscalía.

En esa oportunidad la fiscalía precisó que la diligencia buscaba incautar denuncias, e investigaciones previas o vigentes, además de aquellas que hayan sido emitidas a la Congregación desde el año 2000 contra dichos sacerdotes u otros.

En tanto, en el catastro nacional de abusos sexuales en la Iglesia Católica, la Fiscalía precisa que, hasta ahora 158 personas han sido investigadas a lo largo del país, en 144 casos ocurridos desde 1960 a la fecha, contabilizándose 266 víctimas, de ellas 178 son menores de edad, 31 adultos y 58 personas que no ha sido posible precisar su edad al momento de la ocurrencia de los delitos.

"La solicitud es sobre los sacerdotes investigados o de otras personas del clero indagadas, como también de las víctimas".

Ítalo Ortega, fiscal preferente"

El Ministerio Público investiga el incendio de una capilla católica ubicada en un sector rural de Puerto Saavedra, en lo que podría ser un acto vandálico o un nuevo ataque incendiario. Según explicó el fiscal de Alta Complejidad, Luis Torres, el siniestro afectó a la capilla Santa María ubicada en el sector Ranco. A las 05.30 Carabineros fue alertado que el templo ubicado en la Ruta S-40 se encontraba en llamas. Luis Torres dijo que "la capilla se encontraba sin uso aproximadamente hace un año y no tenía conexión al alumbrado eléctrico, por lo tanto no se descarta la intencionalidad en el origen del fuego". En el lugar trabaja personal del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones para establecer la causa del incendio.