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En una sesión especial celebrada en el Senado, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, explicó a los legisladores las medidas que ha adoptado el Gobierno para enfrentar los hechos de violencia en el sur del país y aseveró que en el último año se han presentado 120 querellas en el marco del denominado conflicto mapuche.

La instancia parlamentaria se inició a las 11:30 horas de la mañana de ayer con las intervenciones de senadores por Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos, regiones que se han visto afectadas con distinta intensidad por el conflicto étnico.

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En la sesión, Rodrigo Peñailillo exhibió algunas cifras sobre el trabajo policial, entre ellas, un aumento del 16% en la dotación de Carabineros y 120 querellas interpuestas en el último año en la zona (Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos). "Hemos invocado la Ley de Seguridad del Estado y vamos a seguir invocando todo lo que sea necesario en la medida que sea eficaz para que las personas que están detrás de esos hechos sean drásticamente sancionadas", aseguró.

En este sentido, el vicepresidente de la República afirmó que el Gobierno ha adoptado las medidas que corresponden a sus atribuciones "porque el Gobierno no investiga, el Gobierno tiene la obligación de brindar la seguridad a través de las fuerzas policiales, tiene la obligación de hacerse parte de estas acciones, tiene la obligación de establecer la coordinación con el Ministerio Público y hacer presente la preocupación que tenemos como Estado, pero el Gobierno no investiga", aclaró.

Peñailillo fue enfático en señalar que el Gobierno está trabajando en un proceso de consulta para lograr una nueva institucionalidad en materia de pueblos originarios, como es el Ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo de Pueblos. En esta línea, argumentó que el problema no radica en un tema principalmente policial, sino que también en la medida que se otorgue participación política a los pueblos indígenas y el reconocimiento constitucional de un país pluricultural.

Desde la tribuna observaban atentamente algunas víctimas de atentados y asociaciones ciudadanas de la Región, quienes -al igual que los parlamentarios de oposición locales- no quedaron conformes con lo expuesto por el secretario de Estado.

Reacciones

Una de las personas que siguió atentamente la sesión en el Congreso fue Cecilia Jara Llancavil. "No fue nada concreto", manifestó la pequeña empresaria de Padre Las Casas que perdió en la noche de Año Nuevo un cargador frontal y una excavadora con la que se dedicaba a extraer áridos.

"Faltó hablar de la reparación del daño a las víctimas, mantenemos la esperanza pero no hemos recibido nada, seguimos atados de manos", afirmó.

Por su parte, el agricultor de Malleco y miembro de Paz en La Araucanía, Alejandro Tamm, compartió tras la sesión que "llamó la atención que el ministro del Interior no se refiriera a la entrega de tierras a comunidades violentas".

Tamm -con campo en la comuna de Victoria- sostuvo que "yo creo que aquí los que más han sufrido la violencia han sido los pequeños agricultores, parceleros mapuches y no mapuches porque no pueden dejar de estar viviendo en la zona (…) se pueden interponer las querellas que se quiera pero si no hay una acción correcta de la justicia no sirve de nada, es letra muerta".

En tanto, otra de las que estuvo presente en la sesión fue Paula Simian, de la organización Mujeres Por La Araucanía. "El problema de violencia ya es un problema de Estado. Hay una voluntad política por hacer algo pero lamentablemente lo que presentó el ministro Peñailillo en ninguna medida apunta a una solución de fondo. Todo lo que dijo son medidas insuficientes, no se compromete a parar la compra de tierras a comunidades que han ejercido la violencia", aseguró.

Senadores

El senador José García Ruminot (RN) fue el encargado de iniciar la sesión. El parlamentario sostuvo que los grupos que ejercen la violencia, independiente de las políticas que se adopten en favor de los pueblos originarios, van a seguir usando sus métodos sino se acaba con la impunidad.

"Nosotros requerimos que las investigaciones que lleve adelante el Ministerio Público sean eficaces, den con los responsables y necesitamos que los tribunales también finalmente acojan y apliquen la ley y puedan ser sancionados los responsables" dijo García y agregó que "hoy día en La Araucanía en la gran mayoría de los hechos de violencia lo único que tenemos es total, completa y absoluta impunidad. Yo creo que terminar con la impunidad es la forma de evitar que hechos de violencia sigan sucediendo en el tiempo".

Por su parte, el senador Alberto Espina (RN) emplazó al Gobierno a entregar respuestas concretas. "El diagnóstico de la Región de La Araucanía lo tienen claro y sus habitantes están saturados de que sus autoridades se transformen en comentaristas y no sean capaces de enfrentar con medidas concretas la solución a este conflicto", señaló.

Por último, el senador Eugenio Tuma (PPD) declaró tras la sesión que "condenamos la violencia, repudiamos sus consecuencias, pero aquí se requiere más que condenas y declaraciones, ya que necesitamos un acuerdo trasversal que permita avances sustantivos a las demandas de los pueblos originarios de Chile".